Represión sí, diálogo, no
El gobierno –junto con la orden de la Justicia Federal- reprimió ayer a asambleístas de Concordia, Colón, Chajarí, Concepción del Uruguay y otras localidades que estaban protestando frente a una formación de camiones que transportaban maquinaria para la exploración del fracking en la frontera entre Concordia y Salto (ROU).
Lamentablemente, ya no llama la atención en materia ambiental que la opción sea la represión en vez del diálogo, porque está claro que los gobiernos de la región –que se dicen progresistas- en esta materia aplican las peores políticas del neoliberalismo.
La minería a cielo abierto, la extensión de la frontera agrícola industrial con los agrotóxicos, la presencia hostil de la pastera Botnia, los glaciares, la ley de bosques, la minería a cielo abierto, y la impunidad con la que se contamina en términos generales, muestran uno de los peores rostros del sistema junto con la corrupción.
La Justicia Federal tampoco ha podido exhibir una mirada en defensa del ambiente y ha sido una herramienta utilizada a su antojo por el gobierno para criminalizar las protestas sociales y ambientales.
Mientras las causas contra los ambientalistas avanzan a una velocidad inusitada para los tiempos de la Justicia, los expedientes que investigan la contaminación quedan cajoneados y al pueblo se le niega el elemental y básico servicio de Justicia.
Los fiscales federales que también deberían actuar en materia ambiental brillan por su ausencia, dando “luz verde” para que se contamine sin ninguna actuación por parte de la Justicia y sin defender el elemental interés general de la población.
La represión articulada entre el gobierno y la Justicia parcial es una clara muestra de la impotencia que sienten cuando el pueblo se manifiesta en defensa de sus derechos.
Ya la Asamblea Ciudadana Ambiental en la marcha al puente de abril pasado, había denunciado en su proclama que los gobiernos están inscribiendo sus nombres como ecocidas, al desconocer ya no sólo los derechos humanos básicos (como el derecho a la vida, a la salud y vivir en un ambiente sano) y los hechos vividos ayer en Concordia corroboran ese concepto.
Por eso tampoco llama la atención que con la pastera Botnia todo esté como entonces, a pesar de las promesas institucionales de que se iba a acudir por segunda vez a la Corte Internacional de Justicia de La Haya. En materia ambiental todo es una ruin burla, como si apenas les diera capacidad para eso.
No hay relato progresista que se pueda sostener con las actuales políticas ambientales y ahora con la cobarde represión a ciudadanos que estaban defendiendo derechos ambientales. En ese aspecto en nada se diferencian a otras políticas ya vividas en años anteriores con el neoliberalismo, cuando a fuerza de palos se intentaba disciplinar al pueblo.
La minería a cielo abierto, la extensión de la frontera agrícola industrial con los agrotóxicos, la presencia hostil de la pastera Botnia, los glaciares, la ley de bosques, la minería a cielo abierto, y la impunidad con la que se contamina en términos generales, muestran uno de los peores rostros del sistema junto con la corrupción.
La Justicia Federal tampoco ha podido exhibir una mirada en defensa del ambiente y ha sido una herramienta utilizada a su antojo por el gobierno para criminalizar las protestas sociales y ambientales.
Mientras las causas contra los ambientalistas avanzan a una velocidad inusitada para los tiempos de la Justicia, los expedientes que investigan la contaminación quedan cajoneados y al pueblo se le niega el elemental y básico servicio de Justicia.
Los fiscales federales que también deberían actuar en materia ambiental brillan por su ausencia, dando “luz verde” para que se contamine sin ninguna actuación por parte de la Justicia y sin defender el elemental interés general de la población.
La represión articulada entre el gobierno y la Justicia parcial es una clara muestra de la impotencia que sienten cuando el pueblo se manifiesta en defensa de sus derechos.
Ya la Asamblea Ciudadana Ambiental en la marcha al puente de abril pasado, había denunciado en su proclama que los gobiernos están inscribiendo sus nombres como ecocidas, al desconocer ya no sólo los derechos humanos básicos (como el derecho a la vida, a la salud y vivir en un ambiente sano) y los hechos vividos ayer en Concordia corroboran ese concepto.
Por eso tampoco llama la atención que con la pastera Botnia todo esté como entonces, a pesar de las promesas institucionales de que se iba a acudir por segunda vez a la Corte Internacional de Justicia de La Haya. En materia ambiental todo es una ruin burla, como si apenas les diera capacidad para eso.
No hay relato progresista que se pueda sostener con las actuales políticas ambientales y ahora con la cobarde represión a ciudadanos que estaban defendiendo derechos ambientales. En ese aspecto en nada se diferencian a otras políticas ya vividas en años anteriores con el neoliberalismo, cuando a fuerza de palos se intentaba disciplinar al pueblo.
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