¿Y si se vuelve al federalismo?

¿Qué dice la teoría institucional? Que el gobierno nacional adopta la forma de un gobierno federal, cuya característica principal es la de propiciar un equilibrio de poder entre la Nación y las demás Provincias a través de una serie de instituciones (Senado Nacional, autonomía provincial, redes de coordinación de políticas fiscales) y de los principales sistemas de la administración pública (salud, educación, seguridad, etcétera).
La idea de este esquema es que cada distrito utilice todas las ventajas de escala que ofrece un espacio nacional ampliado y simultáneamente permitir que las regiones desarrollen el máximo de su potencial económico, cultural y social. Siguiendo siempre con la teoría, se supone que la interacción de las provincias –entre sí y con la Nación- debe facilitar la generación de consensos alrededor de políticas de Estado, además de instalar temas estratégicos en la agenda política nacional.
Está claro que Argentina es un país con regiones que tienen un marcado acento en su heterogeneidad. No es lo mismo la Provincia de Buenos Aires que Entre Ríos ni Córdoba que Formosa, para citar un ejemplo.
Justamente, lo que se conoce como Organización Nacional, es ese proceso que simbólicamente está fechado en 1880, y tuvo como objetivo primario ponerle fin a una larga beligerancia entre las provincias –especialmente expresada por la de Buenos Aires– y bregar por un pacto interregional implícito, que permitiera determinar la articulación entre política y economía..
¿Pero en dónde falló el sistema? La respuesta es larga, pero se puede sintetizar que se cambió el espíritu constitucional que indica que son las provincias las que asisten presupuestariamente a la Nación. En la práctica, ocurre al revés.
Así, las transferencias de la Nación a las jurisdicciones provinciales en vez de tener un destino para solventar el desarrollo estratégico e integral, permite que los caudillos provinciales alimenten sus aparatos políticos a cambio de lealtad electoral.
Por eso las transferencias financieras ocupan desde siempre un lugar central en el funcionamiento de las instituciones federales. Se trata de dádivas del gobierno central a cambio del apoyo político provincial, que a su vez permite sostener el esquema funcional de la construcción de poder territorial gracias a las prácticas prebendarias y clientelares que generan pocas exigencias y menos cuestionamientos acerca de qué y cuánto se distribuye.
Este mecanismo se emplea desde siempre y con múltiples propósitos: la construcción de alianzas electorales, el desarrollo de estrategias específicas en los distintos Consejos Federales (Educación, Salud, Inversiones, etcétera), y especialmente en la resolución de las diferencias internas partidarias, gobierne quien gobierne, dado que no es un invento de la actual gestión.
Así es como se quebró la dimensión socioeconómica del pacto interregional y simultáneamente neutralizó el potencial virtuoso que tiene cada provincia. El federalismo no es una mera distribución de recursos, sino una planificación territorial para la integración. La falta de políticas de Estado son las que generan las grandes diferencias entre las provincias, que no sólo son por sus potencialidades sino por su lealtad al poder de turno.