Advierten que avanza una nueva represa en el Paraná Medio
Organizaciones socioambientales advirtieron que se trata de una nueva propuesta rebautizada como “Río Llanura”, y que se emplazará justamente en la zona ubicada entre Goya y Resistencia. El fuerte rechazo popular impidió un proyecto similar en Entre Ríos en los años ´90.
La Alianza Sistema Humedales Paraguay Paraná denunció que el gobierno busca avanzar con un proyecto hidroeléctrico que generó un fuerte rechazo popular en los años ´90, y que fue denominado Paraná Medio, ahora rebautizado como “Río Llanura” y tendría una nueva ubicación: sería emplazado entre Goya y Reconquista, justamente en el Paraná Medio.
Las organizaciones nucleadas en la Alianza reclamaron mayor información sobre el proyecto y una imprescindible apertura a un debate público que incluya a todos los sectores de la sociedad.
“El mega proyecto pondrá en crisis el funcionamiento natural de los Esteros del Iberá”, advirtieron y señalaron que “interviene en una escala enorme en el tercer espacio territorial de mayor diversidad biológica de la Argentina, casi desconocido por la ciencia nacional (no se ha estudiado aproximadamente más del diez por ciento de la misma)”.
Asimismo, indicaron en un comunicado de prensa que la iniciativa “atenta contra todas las últimas resoluciones de la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza sobre la preservación y sustentabilidad de este enorme corredor de agua dulce y biológico”, publicó la agencia periodística Recintonet.
Concretamente, la Alianza Sistema de Humedales Paraguay-Paraná -espacio que nuclea unas 19 organizaciones ambientales de Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia- denunció que “de manera poco transparente para las provincia potencialmente afectadas (Entre Ríos, Santa Fe, Chaco, Corrientes y Formosa), ya se están desarrollando los estudios de pre-factibilidad de la represa”.
En esa dirección, la Fundación M´Biguá y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (ambos integrantes de la Alianza), iniciaron en febrero primero y, posteriormente, en septiembre de este año, un conjunto de solicitudes de acceso a la información socioambiental a través de la cual se logró una respuesta parcial de la Secretaría de Energía de la Nación. La misma confirma que las Universidades Nacionales del Litoral y la Universidad Nacional de La Plata están llevando adelante estos estudios. “Creemos relevante que las dos universidades den a conocer públicamente los contratos de adjudicación firmados con la Secretaría de Energía de la Nación y financiados por la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el detalle de los profesionales que integran los equipos de trabajo”, reclamaron desde la secretaría Ejecutiva de la Alianza a cargo de Mbiguá.
Por otra parte, las organizaciones socioambientales exigieron a los gobiernos provinciales que “den a conocer públicamente los actos administrativos que han facilitado estos estudios y su consentimiento para desarrollarlos en territorio provincial, conforme el artículo 124 de la Constitución Nacional”.
Ambas solicitudes no obtuvieron las respuestas requeridas, con el argumento de que se trata de información “reservada” de la Secretaría de Energía de la Nación.
“Así la realidad, hacemos público lo aquí expuesto y convocamos a las organizaciones intermedias, colegios profesionales, gremios, docentes, y demás organizaciones de la sociedad civil, que nos acompañen en el seguimiento de todo este proceso institucional, exigiendo los debates abiertos y públicos, tan necesarios para fortalecer la democracia representativa y participativa, más aún, con la enorme experiencia que todos hemos adquiridos en la lucha frente a este mismo proyecto durante los años 1996 y 97”, concluyeron.
Las organizaciones nucleadas en la Alianza reclamaron mayor información sobre el proyecto y una imprescindible apertura a un debate público que incluya a todos los sectores de la sociedad.
“El mega proyecto pondrá en crisis el funcionamiento natural de los Esteros del Iberá”, advirtieron y señalaron que “interviene en una escala enorme en el tercer espacio territorial de mayor diversidad biológica de la Argentina, casi desconocido por la ciencia nacional (no se ha estudiado aproximadamente más del diez por ciento de la misma)”.
Asimismo, indicaron en un comunicado de prensa que la iniciativa “atenta contra todas las últimas resoluciones de la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza sobre la preservación y sustentabilidad de este enorme corredor de agua dulce y biológico”, publicó la agencia periodística Recintonet.
Concretamente, la Alianza Sistema de Humedales Paraguay-Paraná -espacio que nuclea unas 19 organizaciones ambientales de Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia- denunció que “de manera poco transparente para las provincia potencialmente afectadas (Entre Ríos, Santa Fe, Chaco, Corrientes y Formosa), ya se están desarrollando los estudios de pre-factibilidad de la represa”.
En esa dirección, la Fundación M´Biguá y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (ambos integrantes de la Alianza), iniciaron en febrero primero y, posteriormente, en septiembre de este año, un conjunto de solicitudes de acceso a la información socioambiental a través de la cual se logró una respuesta parcial de la Secretaría de Energía de la Nación. La misma confirma que las Universidades Nacionales del Litoral y la Universidad Nacional de La Plata están llevando adelante estos estudios. “Creemos relevante que las dos universidades den a conocer públicamente los contratos de adjudicación firmados con la Secretaría de Energía de la Nación y financiados por la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el detalle de los profesionales que integran los equipos de trabajo”, reclamaron desde la secretaría Ejecutiva de la Alianza a cargo de Mbiguá.
Por otra parte, las organizaciones socioambientales exigieron a los gobiernos provinciales que “den a conocer públicamente los actos administrativos que han facilitado estos estudios y su consentimiento para desarrollarlos en territorio provincial, conforme el artículo 124 de la Constitución Nacional”.
Ambas solicitudes no obtuvieron las respuestas requeridas, con el argumento de que se trata de información “reservada” de la Secretaría de Energía de la Nación.
“Así la realidad, hacemos público lo aquí expuesto y convocamos a las organizaciones intermedias, colegios profesionales, gremios, docentes, y demás organizaciones de la sociedad civil, que nos acompañen en el seguimiento de todo este proceso institucional, exigiendo los debates abiertos y públicos, tan necesarios para fortalecer la democracia representativa y participativa, más aún, con la enorme experiencia que todos hemos adquiridos en la lucha frente a este mismo proyecto durante los años 1996 y 97”, concluyeron.
DE LA REDACCIÓN
EL ARGENTINO/AgenciasEste contenido no está abierto a comentarios