El conflicto por UPM vuelve a sacudir a las administraciones de ambos países
El conflicto por la presencia de la contaminante UPM Botnia, lejos de encontrar una solución, volvió a caer en el abismo de la escalada sinfin.
Desde el Uruguay los funcionarios de ese país se esfuerzan demasiado para tener doble discursos: por un lado, el secretario de la presidencia, Diego Cánepa, pidió “aplacarse” y
“quitarle dramatismo” a la situación.
“No es deseable que un diferendo puntual que quedó encapsulado se exacerbe en una especie de pasión, como si estuviéramos en un partido de fútbol”, afirmó, según consignó el diario El País y pidió que “el resto de los temas de la agenda bilateral se desarrolle con normalidad”, en clara alusión al dragado. Agregó que el Gobierno de Uruguay tomó todos los recaudos para resguardar el orden y la tranquilidad. “Si hay una manifestación, se hará como se hizo muchas veces”, añadió. También descartó el cierre de fronteras y sostuvo que si una delegación se traslada hacia Fray Bentos, como se maneja extraoficialmente, será recibida”. Contradictoriamente, ayer también se conocieron declaraciones del intendente Omar Lafluf, quien adelantó que estaba dispuesto a recibir al intendente Juan José Bahillo y a un “grupo pequeño” de la Asamblea pero en el parador del paso fronterizo.
Lo concreto es que el gobierno uruguayo militarizó el puente internacional y la Prefectura Naval de ese país ha hecho en estas horas un gran despliegue.
Del lado argentino el tema no es muy distinto, porque también se conocieron varias declaraciones de diferentes referentes políticos a nivel nacional. Por ejemplo, el jefe del gobierno porteño, Mauricio Macri, defendió a Uruguay tras la decisión unilateral con respecto a la pastera UPM y expresó que “según Uruguay se están cumpliendo todos los estándares ambientales”. A la vez Macri expresó su deseo de que la Argentina no recurra “a La Haya” a repetir lo que consideró “un papelón”, en alusión a recurrir al tribunal internacional para dirimir el diferendo.
Por su parte, el senador nacional Pedro Guillermo Guastavino y su par Daniel Filmus (quien es presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores en la Cámara Alta), presentaron ayer un proyecto para que se declare el apoyo a la decisión de la Cancillería de recurrir a La Haya por el conflicto en torno a la pastera UPM (ex Botnia).
Filmus adelantó que el proyecto será discutido el martes en la reunión de la Comisión y que intentarán votarlo en el recinto el 9 de octubre, antes del debate del Presupuesto 2014.
“Con esta medida, el Gobierno argentino defiende el interés nacional y el cumplimiento del Estatuto del Río Uruguay, que exige una consulta previa del Uruguay a la Argentina sobre, en este caso, el aumento de la producción de UPM”, concluyó Filmus.
Para el canciller uruguayo, Luis Almagro, la sentencia de la Corte Internacional impide que el mecanismo de consulta se transforme en un “veto implícito” que detenga la realización de obras productivas sobre el río Uruguay o, como en el caso de UPM, impida que Uruguay autorice elevar la producción.
Almagro añadió que todo el esfuerzo ambiental no puede estar concentrado solamente en una empresa (por UPM), por lo cual Uruguay exigirá controles a lo largo de todo el río Uruguay.
El titular de Relaciones Exteriores explicó que la decisión uruguaya no viola la soberanía ambiental de Argentina, porque la autorización del incremento de la producción se tomó de acuerdo a las competencias de una autoridad nacional, compatibles con lo establecido tanto en el Estatuto del Río Uruguay como en el fallo de La Haya. A la vez, volvió a señalar que Uruguay sigue abierto al diálogo con Argentina.
En tanto, el gerente general de UPM, Ronald Beare, informó que la planta instalada en Fray Bentos se volvió a poner en funcionamiento y ratificó que el objetivo es ampliar su producción hasta 1,3 millones de toneladas, cien mil más de las autorizadas.
“El objetivo sigue siendo 1,3 millones de toneladas”, enfatizó Beare, quien destacó que “es la solicitud de la empresa y lo que fue autorizado por Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama)” uruguaya.
“quitarle dramatismo” a la situación.
“No es deseable que un diferendo puntual que quedó encapsulado se exacerbe en una especie de pasión, como si estuviéramos en un partido de fútbol”, afirmó, según consignó el diario El País y pidió que “el resto de los temas de la agenda bilateral se desarrolle con normalidad”, en clara alusión al dragado. Agregó que el Gobierno de Uruguay tomó todos los recaudos para resguardar el orden y la tranquilidad. “Si hay una manifestación, se hará como se hizo muchas veces”, añadió. También descartó el cierre de fronteras y sostuvo que si una delegación se traslada hacia Fray Bentos, como se maneja extraoficialmente, será recibida”. Contradictoriamente, ayer también se conocieron declaraciones del intendente Omar Lafluf, quien adelantó que estaba dispuesto a recibir al intendente Juan José Bahillo y a un “grupo pequeño” de la Asamblea pero en el parador del paso fronterizo.
Lo concreto es que el gobierno uruguayo militarizó el puente internacional y la Prefectura Naval de ese país ha hecho en estas horas un gran despliegue.
Del lado argentino el tema no es muy distinto, porque también se conocieron varias declaraciones de diferentes referentes políticos a nivel nacional. Por ejemplo, el jefe del gobierno porteño, Mauricio Macri, defendió a Uruguay tras la decisión unilateral con respecto a la pastera UPM y expresó que “según Uruguay se están cumpliendo todos los estándares ambientales”. A la vez Macri expresó su deseo de que la Argentina no recurra “a La Haya” a repetir lo que consideró “un papelón”, en alusión a recurrir al tribunal internacional para dirimir el diferendo.
Por su parte, el senador nacional Pedro Guillermo Guastavino y su par Daniel Filmus (quien es presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores en la Cámara Alta), presentaron ayer un proyecto para que se declare el apoyo a la decisión de la Cancillería de recurrir a La Haya por el conflicto en torno a la pastera UPM (ex Botnia).
Filmus adelantó que el proyecto será discutido el martes en la reunión de la Comisión y que intentarán votarlo en el recinto el 9 de octubre, antes del debate del Presupuesto 2014.
“Con esta medida, el Gobierno argentino defiende el interés nacional y el cumplimiento del Estatuto del Río Uruguay, que exige una consulta previa del Uruguay a la Argentina sobre, en este caso, el aumento de la producción de UPM”, concluyó Filmus.
Para el canciller uruguayo, Luis Almagro, la sentencia de la Corte Internacional impide que el mecanismo de consulta se transforme en un “veto implícito” que detenga la realización de obras productivas sobre el río Uruguay o, como en el caso de UPM, impida que Uruguay autorice elevar la producción.
Almagro añadió que todo el esfuerzo ambiental no puede estar concentrado solamente en una empresa (por UPM), por lo cual Uruguay exigirá controles a lo largo de todo el río Uruguay.
El titular de Relaciones Exteriores explicó que la decisión uruguaya no viola la soberanía ambiental de Argentina, porque la autorización del incremento de la producción se tomó de acuerdo a las competencias de una autoridad nacional, compatibles con lo establecido tanto en el Estatuto del Río Uruguay como en el fallo de La Haya. A la vez, volvió a señalar que Uruguay sigue abierto al diálogo con Argentina.
En tanto, el gerente general de UPM, Ronald Beare, informó que la planta instalada en Fray Bentos se volvió a poner en funcionamiento y ratificó que el objetivo es ampliar su producción hasta 1,3 millones de toneladas, cien mil más de las autorizadas.
“El objetivo sigue siendo 1,3 millones de toneladas”, enfatizó Beare, quien destacó que “es la solicitud de la empresa y lo que fue autorizado por Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama)” uruguaya.
DE LA REDACCIÓN
EL ARGENTINO/Agencias
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