El fiscal Marijuan imputó a Gils Carbó en una investigación
El fiscal federal Guillermo Marijuan imputó ayer a la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, a raíz del posible incumplimiento en un pedido de remoción de un fiscal.
Se trata de un supuesto incumplimiento de deberes de funcionario público por no aplicar el procedimiento habitual ante un pedido de remoción que hizo el juez federal Claudio Bonadío contra la cabeza de la Procelac (Procuraduría contra la Criminalidad Económica), Carlos Gonella.
Bonadío investiga a Gonella a raíz de la supuesta violación de secreto de una causa judicial, y luego de que éste no se presentara ante reiteradas indagatorias, el juez lo denunció y pidió su desafuero.
Gils Carbó desestimó esa acusación contra Gonella y acto seguido el magistrado la denunció a ella por la no aplicación del procedimiento habitual que debía realizar previo a rechazarla.
En plena feria judicial, el fiscal Marijuan, reemplazando a su par Carlos Rívolo, imputó a la Procuradora y pidió una serie de medidas ante el juez Sergio Torres.
Torres, ni bien recibió el escrito de Marijuan, pidió el expediente en la Procuración General respecto al pedido de desafuero del fiscal Gonella.
La acusación que hizo Marijuan contra Gils Carbó es por la supuesta comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.
El intríngulis judicial comenzó cuando Bonadío, a raíz de los reiterados plantones de Gonella a los llamados a indagatoria -amparándose en una recusación hacia el magistrado-, instó un pedido de desafuero hacia el jefe de la Procelac.
La Procuradora desestimó el pedido de remoción y además acusó a Bonadío ante el Consejo de la Magistratura para que se lo acuse por mal desempeño por ese caso.
Así fue como Bonadío denunció a Gils Carbó porque para resolver sobre el pedido de remoción de Gonella, ella –según consideró- debía convocar al Consejo Evaluador creado por una resolución del anterior Procurador Esteban Righi.
Se trata de una resolución dictada por Righi en 2004, en la cual se fijó que ante un pedido de remoción, se debía dar intervención al Consejo Evaluador, integrado por fiscales generales de diferentes jurisdicciones.
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