Hay emergencia ambiental, pero se carece de ordenamiento territorial

El Poder Ejecutivo Provincial prorrogó la emergencia ambiental en Entre Ríos. Para ello utilizó –como es de costumbre administrativa- un decreto (el número 14/23) y estableció la prórroga por el plazo de un año.

La decisión se adoptó en vísperas de la finalización del plazo establecido en el decreto de emergencia ambiental del año pasado, que vencía el 18 de enero de 2023. Entre los fundamentos que dieron sustento a la continuidad se encuentra la emergencia ígnea declarada por el gobierno nacional, las altas temperaturas, la escasez de lluvias y la bajante histórica del río.

En paralelo, está prohibido realizar cualquier tipo de quemas en todo el territorio provincial. Esto es así porque en noviembre pasado, la Secretaría de Ambiente emitió la resolución que tiene vigencia hasta el 28 de febrero de 2023, pero que podrá extenderse en función de las condiciones meteorológicas que se presenten en este futuro inmediato.

¿Está bien declarar la emergencia ambiental? Por supuesto que sí. Bienvenida la decisión administrativa.

¿Es suficiente con esa declaración? En absoluto.

La emergencia ambiental por el momento sólo se traduce en una inmovilización de otras decisiones que serían urgentes, oportunas, necesarias adoptar para tener una política de Estado activa en materia ambiental y además vinculada con el cambio climático.

Por ejemplo, los legisladores del oficialismo como de la oposición pareciera que no se han informado la existencia de las amenazas concretas que rodean e intervienen diariamente en el Delta entrerriano.

Ni desde el Ejecutivo ni desde el Legislativo hay alguna iniciativa concreta para impulsar y convocar a la participación social e institucional que permita analizar y orientar el urgente y necesario su ordenamiento ambiental territorial que se requiere para el Delta.

Además, es público y notorio –lamentablemente- que tampoco haya un dirigente que esté proponiendo este debate y mucho menos existen propuestas que se conozcan de manera pública y fehaciente.

En este marco, la emergencia ambiental es oscura, paralizante de la administración pública, es congruente con la falta de compromiso exhibido por el oficialismo y la oposición en la Legislatura y solo opera con el propósito de ganar tiempo, pero sin definir para qué.

Se insiste: la emergencia decretada el 18 de enero pasado en la provincia no sólo fue una decisión necesaria sino también oportuna, al menos para amortiguar los procesos productivos agrarios y ganaderos a escala industrial, con prácticas agropecuarias que nadie supervisaba y que dañan el humedal más grande que hay en el país.

Y así como nadie con influencia política –sean oficialistas u opositores- esbozan algo vinculado con el ordenamiento territorial del Delta, tampoco expresan una sola idea de cómo y quiénes deberán remediar la ostensible destrucción del sistema en esos humedales que tiene ya rango de ecocidio. El daño provocado a los arroyos circundantes, los endicamientos ilegales que se han construido, la anarquía alentada por el gobierno para un uso de la tierra tan indiscriminado como irregular son parte de un extenso rosario que por el momento nadie se hace cargo ni siquiera hay voluntad política para investigar. Aquí la Justicia –especialmente la Federal- es la otra gran ausente.

Por eso hay que señalar –y lamentar- que esta emergencia no inspire siquiera la necesidad de desarrollar un ordenamiento territorial y definir –de una vez por todas- qué usos productivos se le darán al Delta y qué bienes ambientales se deberán preservar en perspectiva de biodiversidad (esto es diversidad biológica y cultural, diálogo entre naturaleza y cultura) de modo que se puedan preservar para las generaciones presentes y futuras las elementales funciones naturales de dicho territorio. 

Cuesta entender esta inoperancia o esta inmovilización, máxime teniendo en cuenta que en el siglo XXI se tiene acceso a una amplia gama de tecnología que ayudan de manera precisa y oportuna incluso para predecir los fenómenos climáticos extremos, dañosos y radicales que se padecerán en el territorio como sequías e inundaciones, para citar dos de sus variables extremas, pero recurrentes.

Esta suerte de declarar la emergencia ambiental y solo “ganar” un tiempo sin destino también se observa en las consecuencias sanitarias que se reproducen cuando no hay una buena gestión ambiental de los bienes y recursos naturales. Sus consecuencias, incluso se pueden medir en enfermedades crónicas que afectan desde la infancia hasta la muerte que se pueden evitar.

Está claro que convocar a la comunidad para comenzar a debatir un ordenamiento territorial es de por sí una tarea compleja y atravesada por intereses que –en algunos casos hasta podría poner en jaque las actuales matrices productivas y la propia dirigencia política-. Pero, no hay otro camino democrático para abordar con una relativa esperanza y con todos los conocimientos que posee la sociedad para establecer una respuesta integral frente a una crisis de civilización como la que se vive y que está vinculada con el cambio climático.

Es desolador que tampoco se pueda percibir en medio de esta emergencia ambiental siquiera un espíritu que permita apreciar que se está aplicando un principio precautorio donde sociedad y Estado puedan reflexionar juntos.

Hay que decirlo nuevamente: el Delta cumple funciones tan estratégicas como centrales en materia ambiental y también en la económica y social. Por eso, además de declarar la emergencia ambiental, el gobierno provincial debe liderar el proceso que tenga como horizonte o destino establecer el reordenamiento territorial, además de fijar las áreas naturales que se deberán proteger y transferir presupuestos necesarios para afrontar su preservación y desarrollo. La discusión no es desarrollo versus ambiente, sino desarrollo y ambiente.

Poner en valor el ordenamiento territorial el Delta, implicaría también revisar las leyes y las políticas de cuenca que se impulsan desde el gobierno. Curiosamente, no hay autoridades de cuenta en los propios territorios y esas áreas son presas de la anarquía más despiadada.

Las cuencas del río Paraná y del Uruguay, pero también las del Gualeguay y el Gualeguaychú –para citar algunas- no admiten más demoras, porque tienen una jerarquía territorial que es clave para el desarrollo de la provincia y de la región.

Se insiste: oportuna y necesaria la emergencia ambiental. Pero se necesita también de una planificación estratégica, cuyo mecanismo permita reconocer los objetivos de corto, mediano y largo plazo como así también explicitar la manera que se obtendrán esos objetivos y simultáneamente, un mecanismo transparente que permita evaluar su desarrollo para hacer las correcciones oportunas.

Nunca más actual y necesario aplicar el Principio 10 de la Declaración de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo que tuvo en 1992 en Río de Janeiro. Ese Principio sostiene: “El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes”.

En este principio queda claro la inseparable relación entre participación ciudadana y buena gestión ambiental, pero también la del acceso a la información pública y el acceso a la justicia, además de establecer que una de las obligaciones del Estado es la de garantizar esos derechos.