La Asamblea aporta nuevos elementos contra Botnia en el Juzgado Federal

La presentación la realizó Oscar Ignacio Bargas y Marta Gorrosterrazú en su carácter de Presidente y Secretaria, respectivamente, de la asociación civil Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú, en el marco de la causa 56.204 caratulada “Busti Jorge Pedro y otros S/ denuncia Artículo 55 de la Ley 24051 en grado de tentativa”, que tramita ante la Secretaría Nº 1 en lo Criminal y Correccional del Juzgado Federal de Concepción del Uruguay.
Los asambleístas se presentron como “querellante particular” y solicitaron una serie de medidas atendiendo que “los delitos de acción permanente que se investigan se han visto agravados por hechos recientes en los que el Poder Ejecutivo Nacional y también la la Comisión Administradora del Río Uruguay (Caru), han reconocido la mayor afectación de las aguas del río Uruguay”.
“A eso se suma que en el funcionamiento del Comité Científico formado a nivel de la Caru, en consonancia con el proceso de monitoreo ordenado por la Corte Internacional de Justicia de La Haya al resolver el litigio entre la República Argentina y la República Oriental del Uruguay, se produjo la renuncia de Juan Colombo. Este integrante tiene conocimiento tanto de la situación del curso con anterioridad a la instalación de Botnia, como luego de su entrada en funcionamiento, al haber intervenido en la preparación de la demanda ante la CIJ., como también en mediciones posteriores que tienen sustento oficial”, dice el escrito de los asambleístas.
En consecuencia pidieron que se cite a prestar declaración testimonial a las siguientes personas: Hernán Orduna en su carácter de Presidente de la delegación argentina ante la Caru, al médico y asambleísta Martín Alazard, al bioquímico y asambleísta Carlos Augusto Goldaracena y al ingeniero Juan Carlos Colombo, ex integrante del Comité Científico.
Además, pidieron que se libren oficios a la Municipalidad de Gualeguaychú y a la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación a efectos que remitan un informe y envíen el respaldo documental correspondiente a todos los controles, monitoreos y exámenes realizados en el río Uruguay y sus adyacencias, a través del equipo de Vigilancia Ambiental instrumentado en el marco del conflicto suscitado por la instalación de la empresa Botnia.
También pidieron que se libre oficio al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Caru, a efectos que remita todas las constancias documentales, placas fotográficas, todo tipo de relevamientos y los informes efectuados por los representantes Juan Carlos Colombo y Esteban Lyons, en el marco de las visitas efectuadas a Botnia como derivación del monitoreo ordenado por la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
Por último, también propusieron -y el juez dio lugar- que se reproduzca el contenido de lo ordenado por medio del exhorto Nº 39/08, por el cual deben notificarse directivos de Botnia.
El 1º de septiembre, el juez Federal Gustavo Pimentel dio lugar a lo solicitado y le pidió a su vez a la Asamblea que remitan el pliego de preguntas para formular a Orduna, “en virtud de que por el cargo que reviste el nombrado, puede optar por prestar declaración por escrito”.
También el juez ordenó el oficio por el cual “la Municipalidad de Gualeguaychú y la Secretaría de Ambiente de la Nación remitan los informes y documentación que posean correspondiente a controles, monitoreos y exámenes que posean de la vigilancia ambiental del río Uruguay”.
Del mismo modo, el juez pidió al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Caru, que remitan informes y documentación respaldatoria de los pasos dados por el monitoreo conjunto y se informe además de la visita efectuada a la empresa Botnia-UPM.
Por último, el juez Pimentel accedió a remitir de nuevo el exhorto dirigido a las autoridades de la República Oriental del Uruguay, en los mismos términos que el Nº 39/08, para que sean citados los directivos de Botnia.