La campaña electoral: una oportunidad para intentar cambiar el universo injusto del IVA
Las campañas electorales sirven, además de su objetivo primario que es la de elegir democráticamente a las futuras autoridades de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, para actualizar una agenda de demandas colectivas.
Una demanda que ya lleva varias elecciones en ser reconocida, pero nunca abordada al momento de gestionar por ningún gobierno, es la inequidad que caracteriza al actual sistema impositivo que es regresivo y discriminador respecto de los que menos tienen y más necesitan.
Y dentro de esa galaxia impositiva, hay un tema que tiene un generalizado consenso; pero –como en muchos otros temas- tampoco logra ser abordado al momento de ejercer una gestión de gobierno o una labor legislativa. Se trata de adecuar los alcances por niveles sociales o económicos del Impuesto al Valor Agregado (IVA), que es uno de los más injustos, porque afecta por igual a los que más tienen con los que menos tienen.
La característica de manual que describe al Impuesto al Valor Agregado (IVA) es que se trata de “un impuesto que se aplica de manera directa al consumo porque grava los productos, los servicios, las transacciones comerciales y las importaciones, independientemente de quién sea ese consumidor”, define cualquier persona con conocimientos básicos de economía.
Para algunos, el IVA es perjudicial cuando se aplica como de aplica ahora de manera generalizada, es decir, que alcanza a todos; y agregan que claramente es perjudicial para las clases sociales que están estancadas por sus niveles económicos, es decir, los más desposeídos o más vulnerables.
Hay algunas teorías económicas y tributarias que alegan que la generalización es un bien método, porque en el caso del IVA es la manera más fácil que tienen los ciudadanos para pagar sus impuestos; forma parte de una sencilla como económica metodología de recaudación para que el Estado los pueda cobrar; y es un método casi anti evasión porque nadie puede escapar, al menos al momento de comprar, estén o no registrados como contribuyentes.
Algunas teorías incluso lo elogian al considerarlo un impuesto justo y progresivo, y argumentan que el que puede comprar más paga más.
Y, claro está, hay otras teorías que refutan a las anteriores, al sostener que el IVA es perjudicial para los más desposeídos; y explican que, al aplicarse de manera generalizada, obliga a pagar por eso mismo que consumen el mismo porcentaje que abona alguien de un nivel acomodado o muy alejado de las necesidades básicas o sociales.
Especialmente en Argentina, hay consenso para señalar que la política impositiva es regresiva y ejerce demasiadas presiones que impiden el consumo e incluso el desarrollo. Y como parte de la cara de una misma moneda, se argumenta que, en vez de ser generadoras de incentivos para una mayor apertura de la propia economía, es un obstáculo al momento de plantear oportunidades para el crecimiento con desarrollo;
Una breve descripción ayudará a comprender mejor algunas inequidades. Por ejemplo, se paga el 21 por ciento del IVA al momento de comprar el pan, la leche y la manteca; tres productos esenciales para cualquier familia. Sin embargo, a la hora de comprar un paquete de cigarrillo esa misma persona apenas pagará por el IVA el 4,5 por ciento.
Sí, leyó bien: 21 por ciento para alimentos básicos para la niñez y 4,5 por ciento para tabaco.
De acuerdo con datos de la Cámara de la Industria del Tabaco, el cigarrillo común tiene cinco impuestos que encarecen su precio final: 58,5 por ciento de impuestos internos, 9,8 por ciento del Impuesto Adicional de Emergencia, 7 por ciento del Fondo Especial del Tabaco (FET), 4,5 por ciento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y, en algunas jurisdicciones, se suma 0,6 por ciento de Ingresos Brutos.
Como se apuntó antes, no se plantea una eliminación total y absoluta del Impuesto al Valor Agregado, pero de ahí a convalidar que no se tengan en cuenta las condiciones personales de quien tributa hay un abismo que solo agiganta la injusticia social.
El Impuesto al Valor Agregado es un impuesto al consumo, es decir, se aplica a la venta de cosas, a la prestación de servicios y a las importaciones de ciertos bienes. Se gravan tanto los alimentos, como las bebidas, la indumentaria, los artículos de tocador y perfumería, combustibles, servicios públicos y seguros, entre otros rubros.
Tienen que existir los impuestos, porque es el mecanismo que tiene el Estado para financiar el gasto público, procurando redistribuir los ingresos desde los sectores más ricos hacia los más vulnerables (sean personas, sectores económicos o regiones). Por eso se sostiene que el país –y la provincia- tienen una política tributaria que no es equitativa y, en consecuencia, promueve la desigualdad. De ahí que se insista que el sistema debería ser progresivo. Y en el caso específico del IVA, por lo menos que nos e aplique a los productos que componen una canasta básica de alimentos.