Los asambleístas apuestan al compromiso de la política

Es que fue la ausencia de los Estados la que originó el conflicto por el funcionamiento de una planta colonialista que nunca debió ser autorizada en el río Uruguay.
Para recordar ese compromiso, los depositarios de la batalla ambiental mantuvieron varías reuniones tras el encuentro en el Palacio San Martín con el canciller Héctor Timerman. Tal vez, el más trascendente fue el que sostuvieron con diputados nacionales de la Comisión de Recursos Naturales y Medioambiente en Capital Federal, oportunidad en la que ratificaron que su máxima aspiración sigue siendo el desmantelamiento de Botnia.
No obstante, también habría existido un encuentro de asambleístas con funcionarios encumbrados de la Cancillería, donde estos últimos habrían revelado que la postura inamovible de la administración nacional es lograr el control interno del proceso y las emisiones de la planta, además de un monitoreo a toda franja de la cuenca, compartida entre los dos países.
Simultáneamente, otro grupo de ciudadanos mantuvo contactos con el intendente Juan José Bahillo, quien revalido su compromiso de avanzar en la colocación de una cámara de vigilancia para detectar cualquier movimiento en el río. No obstante, ese proceso está demorado dado que el lugar autorizado para emplazar la torre con la señal de internet está lejano al área donde se ubicará el dispositivo. Por ello, será necesario elevar al doble la altura de la torre.

Otra vez el corte

Comerciantes de Fray Bentos confían en las gestiones que está realizando la administración de José Mujica para que no regrese el corte de la ruta 136 que el pueblo de Gualeguaychú sostuvo durante más de tres años y medio.
"Los gobiernos van a ponerse de acuerdo. Ellos son los que tienen la llave en este tema", afirmó Leopoldo Cairús, presidente de la Asociación de Comerciantes fraybentinos.
Al parecer, ahora es la Cancillería argentina la que debe responder a la contrapropuesta uruguaya para monitorear la planta de Botnia y el río Uruguay. Esa respuesta fue llevada por el propio ministro de Relaciones Exteriores del Uruguay, Nicolás Almagro, hasta el Palacio San Martín en Capital Federal.
Ahora, hay muchas expectativas por la decisión argentina, teniendo en cuenta que la Asamblea Ciudadana de Gualeguaychú dio una tregua de 60 días para dar oportunidad a que los Estados solucionen el tema. Para establecer los criterios que lleven adelante ese control, los presidentes José Mujica y Cristina Fernández también se trazaron un plazo de dos meses, que comenzó a correr el 2 de junio en Anchorena. Los dos gobiernos confían en que se llegue a una solución definitiva, pese a que mantienen el plan de vigilancia en la más absoluta reserva.