A Montevideo
Piden que el Tribunal del Mercosur se mude
El Gobierno quiere que el segundo proceso por las papeleras, que se lleva a cabo en Montevideo, sede del Mercosur, cambie de escenario. Argumenta que como esta ciudad es la capital de uno de los Estados en conflicto, la independencia del tribunal puede verse ?menoscabada? y, de ese modo, generarse ?una decisión injusta?.
El planteo figura en uno de los puntos de la contestación argentina a la demanda uruguaya, presentada el miércoles último precisamente en Montevideo. Por mayoría, los árbitros ya rechazaron el cambio de sede. Pero Argentina insistirá al respecto en las próximas semanas, cuando se fije la primera audiencia oral de este caso, y eventualmente en la apelación ante el Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur, que sesiona en Asunción.
Es justamente a la capital de Paraguay, que Cancillería propuso la mudanza de este proceso. Dice su presentación: ?No se trata de un conflicto comercial cuya trascendencia pública sería mínima. Todo lo contrario, (...) el tribunal se reuniría en una ciudad donde la cuestión se encuentra en el debate público cotidiano, lo que puede influir negativamente en los árbitros, pudiendo hacerles perder la ecuanimidad e independencia necesarias?.
Lo que tiene que decidir este tribunal ad hoc es si -como sostiene Uruguay- Argentina incurrió en responsabilidad internacional al omitir sus deberes de diligencia para evitar que los ambientalistas entrerrianos cortaran los pasos fronterizos. De esa manera se manifestaron entre diciembre y abril, en protesta por la instalación de las fábricas de celulosa de ENCE y Botnia en Fray Bentos, sobre el río limítrofe.
En la demanda, presentada el 3 de julio, el gobierno de Tabaré Vázquez alegó que Argentina sí supo -cuando quiso- impedir piquetes en Santa Cruz, Chascomús o los subtes porteños, este mismo año. El canciller Reinaldo Gargano calculó informalmente que los perjuicios económicos sufridos por su país son de unos 400 millones de dólares, informó Clarín.
Pero el proceso no tiene como objeto una indemnización, sino que se reduce a la responsabilidad argentina -o no- por los bloqueos de las rutas. El Gobierno respondió justificando esos cortes como una ?muestra de la libre expresión? de los habitantes de Gualeguaychú ?en defensa de un derecho considerado legítimo?. Contestó que la demanda uruguaya era ?abstracta? y que los daños económicos no son tales, siempre a tono con los reclamos de los entrerrianos.
Además de la sede, Argentina viene impugnando la designación de uno de los árbitros, un poco por cuestiones formales y otro poco por tener la misma nacionalidad que el capital de una de las dos fábricas de celulosa. Tampoco le dieron la razón en este punto.
Los árbitros recibieron el viernes el escrito argentino. La próxima semana fijarían la fecha para la primera audiencia, que podría celebrarse en la segunda o tercera semana de agosto, según estimaciones de fuentes diplomáticas consultadas por Clarín. Será a puertas cerradas y con dos fines: La ratificación de los respectivos escritos y la presentación de los testigos de cada uno.
Argentina estará representada por los abogados Juan Vicente Sola y Nora Capello, del Ministerio de Relaciones Exteriores; Uruguay, por Carlos Amorín, Hugo Cayrús, Miriam Franceschini y José María Robaina. Se calcula que los árbitros estarían emitiendo su laudo antes del 7 de septiembre. La decisión es apelable ante el Tribunal Permanente.
Fuente: Clarín y APF Digital
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