Repercusiones por la investigación de EL ARGENTINO

Las producciones de las radios más importantes de Capital Federal como de las diferentes provincias se han comunicado a la redacción para profundizar los aspectos sobresalientes del trabajo de información periodística que se publicó ayer en la primera plana y página 3 de EL ARGENTINO. No sólo la cercanía del 13 de julio, cuando se conocerá la resolución de La Haya sobre la cautelar presentada por el país para realizar un estudio de impacto ambiental; sino la cambiante y hasta contradictoria postura del gobierno uruguayo en la materia es lo que ha suscitado la atención de la comunidad en su conjunto. La documentación reservada a la que accedió EL ARGENTINO demuestra palmariamente cómo el embajador uruguayo Edison González Lapeyre en 1996 defendió la pertinencia del Estatuto para abordar una definición sobre la instalación o no de una planta de celulosa en Fray Bentos, más precisamente en el predio del ex Frigorífico Anglo. Sin embargo, hoy ese diplomático integró el equipo que ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya defiende la postura del gobierno de Tabaré Vázquez y niega ?en consecuencia- la conveniencia de analizar la controversia a la luz del Estatuto firmado en 1975 por ambos países. El documento al que accedió EL ARGENTINO ?vía Uruguay- además es concordante con la memoria colectiva de Fray Bentos, que recuerda claramente cómo en 1996 esa comunidad le dijo ?no? a la pretensión de la empresa Transpapel para instalarse en esa ciudad. Fue justamente en el Teatro Young de Río Negro ?según recuerda Julia Cóccaro del grupo fraybentino Movitdes- que el 27 de abril de 1996, se realizó una especie de consulta pública donde se consolidó la resistencia de esa comunidad a la presencia de Transpapel. Es más, en aquellos años hasta el propio intendente de Río Negro, Rubén Rodríguez, luego de viajar al Brasil donde conoció una planta de celulosa, retornó a su pueblo para sostener que debían impedir la radicación de esas industrias por ser altamente contaminantes. Testimonios que se encuentran en las actas de la Junta Departamental de aquellos años de Río Negro. Incluso, el entonces ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente del Uruguay, Juan Chiruchi, llegó a sostener que ?prefiero un pueblo pobre, pero sano?. Las actas a las que accedió EL ARGENTINO, después de tres largos meses de ardua investigación periodística, son las que reflejan una reunión de la que participaron el propio González Lapeyre y el embajador argentino, Carasales; además del capitán de Navío, Herrera. Se trata de la reunión producida el 23 de agosto de 1996 y de la versión taquigráfica que abarcan los folios 1065 a 1081, inclusive. En esa versión taquigráfica, González Lapeyre pide expresamente referirse ?al Punto 3) del Informe Instalación de una papelera en la ciudad de Fray Bentos?. Y seguidamente puntualiza, entre otras consideraciones, ?que aprecia que se trata de un tema que tiene capacidad potencial para transformarse en una cuestión de preocupación y difícil dilucidación para la Comisión Administradora del Río Uruguay? (CARU). ?Es indudable ?agrega González Lapeyre- que la Comisión tiene como principal o al menos como uno de los principales cometidos el preservar la calidad de las aguas del río Uruguay y, obviamente cuando se habla de un emprendimiento industrial que pueda afectar esa calidad de aguas se tiene que se muy prudente en el manejo de todo el asunto y cumplir con las disposiciones que establecen los artículo 7 a 13 del Estatuto del Río Uruguay?. El embajador uruguayo va más allá de esa apreciación y enfatiza que no hay que perder de vista ?que el procedimiento es un procedimiento que reviste determinadas características de solemnidad. Es decir, con requisitos necesarios para que la consulta (entre ambos países) se lleve a cabo con las consecuencias que el Estatuto del Río Uruguay establece?. En la actualidad, esa postura es la que sostiene el gobierno de Argentina para sustentar sus derechos ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, y curiosamente es el propio embajador González Lapeyre, quien integra la delegación uruguaya que niega la pertinencia del Tratado Binacional para dilucidar la controversia por las plantas de celulosas.