Sanguinetti criticó a Mujica

Cuando nació el conflicto, la política para encontrarle una solución naufragó y se debió recurrir a la diplomacia. El diálogo de la diplomacia bilateral se derrumbó en sus propios gestos pacatos y luego fue infructuoso el esfuerzo del enviado del rey de España que también fracasó en su mediación y el paso obligado fue la Justicia Internacional que también dio otro paso fallido y con su “decisión salomónica” no pudo resolver la situación extraordinaria que desde hace siete años atraviesan los ciudadanos de Gualeguaychú por la irrupción de la pastera. Es más, ubicó el conflicto en el eje Buenos Aires-Montevideo, cuando la relación siempre creció por los lazos Gualeguaychú-Fray Bentos, Colón-Paysandú y Concordia-Salto. Incluso es necesario recordar que si hay un argentino más parecido al uruguayo, ese es el entrerriano. Una vez conocido el veredicto del Tribunal de La Haya, el conflicto volvió a la arena política, que ahora tiene en sus manos la posibilidad histórica de resolver el diferendo por la ilegal instalación de la planta. Pero hasta la fecha, la política todavía no pudo enmendar muchos de sus errores. Para ilustrar lo que ocurre hoy, el 8 de octubre de 2007, la entonces ministra del interior del Uruguay, Daisy Tourné, activó la Ley Nº 9.064 (aún vigente) en la cual se establece que son causales de expulsión la intromisión en asuntos internos del Estado. Allí es donde el gobierno uruguayo se sustenta para prohibir la reunión entre ciudadanos de Gualeguaychú y de Fray Bentos en esta última ciudad. Con esa norma se impide la libre circulación de ideas y se erosiona un concepto básico de la diplomacia. Esa norma alimenta, además, al tratado de promoción y protección recíproca de inversiones entre Uruguay y Finlandia, acuerdo por el cual se le asegura y se le garantiza a la ilegal Botnia la posibilidad de reclamarle al Estado uruguayo indemnización por los perjuicios que pudieran provocarle a su imagen corporativa manifestaciones de la ciudadanía en su contra. Eso no es todo, el parlamento uruguayo aprobó con entusiasmo que en casa de duda debe prevalecer el texto en inglés. La otra prohibición unilateral que activó la gestión de Tabaré Vázquez y que sigue vigente es la zona de exclusión a la navegación que resguarda a Botnia. Esto es, literalmente, cortar el tránsito a las embarcaciones y lesionar un concepto que viene de la época de la independencia y que aborda la libre navegación de los ríos y que se planteó en la disputa entre los caudillos Justo José de Urquiza y Juan Manuel de Rosas. Ayer, la política volvió a equivocarse. Uno de los máximos referentes en el fortalecimiento del Mercosur, Julio María Sanguinetti, quien además es ex presidente del Uruguay, abogado, periodista y docente, expresó que el corte de ruta que llevan adelante los asambleístas en Arroyo Verde “envenena” las relaciones y calificó a sus responsables de “patéticas señoras con una sillita”. ¡Un ex presidente democrático ninguneando a ciudadanos! En este camino, el ex mandatario consideró que esa medida lesiona la soberanía uruguaya y que “los debates jurídicos terminaron” y que se debe pasar “a los hechos”. Así, para uno de los grandes estadistas latinoamericanos, todo el conflicto pasa por el corte de ruta que fue engendrado por la ilegal Botnia. Semanas atrás, tras el encuentro en Olivos entre Cristina Kirchner y José Mujica, este último consideró que el conflicto con la Argentina "ha sido muy costoso, muy doloroso”, pero se olvidó del verdadero sufrimiento de dos pueblos, el de Gualeguaychú y el de Fray Bentos. Desde hace varios años que sus ciudadanos pasan por una situación excepcional y no deseada por la irrupción de una planta ilegal y colonialista. Tras la constatación de que Botnia se instaló violando un estatuto de hermandad, solo restaría un paso para que se solucione definitivamente el diferendo y es la planta fuera de la cuenca. Pero por las declaraciones de ambos mandatarios parece que esa dejó de ser la cuestión de fondo. Apuestan a una política de conciliación y está bien que así sea pero antes autoridades y representantes deberán aprender “a callarse la boca” como sugirió Mujica y comenzar a quitar los obstáculos como son las zonas de exclusión a la navegación y al diálogo entre los ciudadanos de pueblos hermanos.