Bonadio ordenó la detención y desafuero de Cristina Kirchner
El juez federal Claudio Bonadio procesó ayer con prisión preventiva y pidió el desafuero de la senadora electa Cristina Kirchner por presunto encubrimiento de Irán en el atentado a la AMIA, caso por el que fueron detenidos Carlos Zannini, Luis D´Elía y Fernando Esteche.
El magistrado firmó un fallo de 365 hojas, en el que también libró un embargo de 50 millones de pesos sobre la expresidenta, a quien acusa de los delitos de traición a la patria y encubrimiento agravado, en base a la denuncia que inició en enero de 2015 el fallecido fiscal Alberto Nisman.
Bonadio, además, dispuso el arresto domiciliario del excanciller Héctor Timerman, a raíz de su estado de salud, y la detención del dirigente islámico Jorge Alejandro "Yussuf" Khalil, relacionado a D´Elía.
Tras el fallo, el Senado deberá analizar el pedido de desafuero de la senadora electa por Unidad Ciudadana, quien impulsó durante su mandato la firma del Memorándum de entendimiento con Irán en el marco de la causa AMIA.
El exsecretario de Legal y Técnica fue detenido este jueves en horas de la madrugada en Río Gallegos, Santa Cruz, en tanto que D ´Elía fue arrestado en su domicilio de la localidad bonaerense de Laferrere, pese a que se le había otorgado la eximición de prisión.
Pasado el mediodía, Esteche se entregó en la comisaría 46 del barrio porteño de Retiro.
"No tengo nada que ver con esta situación. No tuve nada que ver con el gobierno kirchnerista ni tengo nada que ver con el Memorándum", sostuvo el ex líder de Quebracho en declaraciones a la prensa.
Bonadio también procesó sin prisión preventiva y con prohibición de salir del país al ex jefe de la Agencia Federal de Inteligencia Oscar Parrilli; a quien era su segundo en ese organismo, Juan Marín Mena; a la ex procuradora del Tesoro Angelina Abbona; al diputado kirchnerista Andrés Larroque, y al ex espía Allan Bogado.
En tanto, el magistrado dictó la falta de mérito del ex secretario privado de Timerman Luciano Tanto Clement y su asistente Alberto Mercado, al igual que del embajador Alberto D ´Alotto y de la exfuncionaria de Cancillería Susana Ruiz Cerutti.
El pasado 23 de octubre, Zannini prestó declaración indagatoria ante Bonadio y el fiscal Eduardo Taiano. Zannini rechazó haber participado de un supuesto plan para encubrir a los ciudadanos iraníes acusados de estar detrás del atentado realizado el 18 de julio de 1994, como había denunciado Nisman.
El ex funcionario declaró que no conoce "a los iraníes", que nunca participó de la elaboración del Memorándum con Irán y que el gobierno de Cristina Kirchner no varió la postura de la Argentina sobre el caso AMIA.
La denuncia por presunto encubrimiento del atentado a la AMIA había sido desestimada por la Justicia federal durante la gestión de la exmandataria, pero luego reactivada durante la gestión de Mauricio Macri.
En su resolución, Bonadio impuso también embargos de 50 millones de pesos a Timerman, Zannini, y Eduardo Zuain; y de 35 millones a Parrilli, Larroque, Khalil, D´Elia, Esteche, Bogado y Abona.
Nisman presentó la denuncia el 14 de enero de 2015, cuatro días antes de aparecer muerto en su casa con un disparo en la cabeza, episodio que la Justicia determinó este año que se trató de un homicidio. En dos ocasiones fue rechazada por el juez federal Daniel Rafecas, quien consideró que no existía ningún delito que investigar.
Luego, ese magistrado fue apartado del caso por la Cámara de Casación y el expediente pasó a manos del juez federal Ariel Lijo.
Finalmente, por conexidad con otra causa que tenía Bonadio por "traición a la patria", la investigación quedó a su cargo.
"Se puede concluir que todos los interrogantes planteados en relación al Memorando suscripto con la República Islámica de Irán, sumado a que sus términos favorecen a dicha nación, me permite sostener que su redacción formó parte de un acuerdo entre los gobiernos para normalizar las relaciones entre los Estados y garantizar la impunidad de los ciudadanos iraníes sindicados por la justicia argentina como los responsables del atentado, como así también cambiar el eje de la investigación de la causa AMIA", subrayó Bonadio.
El juez consideró que los imputados "utilizaron diferentes órganos del Estado", incluido el Congreso Nacional, para "aparentar la legalidad del Memorando".
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