Comisión Bicameral avaló los últimos vetos

En una reunión que se llevó a cabo en el Salón Arturo Illia del Senado, el oficialismo impuso su amplio número en esa comisión, y emitió un dictamen de mayoría con la firma de 10 de los 16 integrantes del cuerpo. Por su parte, el radicalismo y el diputado del PRO Julián Obligio sacaron sendos dictámenes de minoría. Ahora, el dictamen deberá ser tratado por ambas Cámaras, para convalidar la promulgación parcial de esas leyes que dispuso el Poder Ejecutivo. El primero en hablar fue el diputado kirchnerista Luis Cigogna, quien defendió los vetos y sostuvo que “con toda tranquilidad podemos aprobar los vetos parciales por estar en conformidad con las normas constitucionales”. En lo que respecta a la eximición del pago de las retenciones, el senador oficialista Nicolás Fernández dijo que el Congreso “legisló equivocadamente”, ya que -a su juicio- el manejo de los aranceles a las exportaciones es una atribución exclusiva del Poder Ejecutivo. En nombre del radicalismo habló el senador Luis Naidenoff, quien afirmó que si bien los decretos presidenciales “cumplen los recaudos formales, se altera el espíritu de los proyectos”. Naidenoff dijo que “tenemos un Gobierno que no es proclive a los consensos”, tras recordar que las leyes parcialmente vetadas habían sido votadas por unanimidad en ambas Cámaras. Agregó que el Gobierno incurrió con estos vetos en “una falta de respeto al Parlamento”, y dijo que la presidenta se cree “la madre protectora no sólo de la Patria, sino de este Congreso”. El legislador formoseño dijo que los beneficios vetados son fundamentales para “un sector productivo que está pasando por una situación terminal”, y señaló que desde 2002 “se cerraron 60 mil explotaciones agropecuarias”. La principal objeción del Gobierno fue a la ley 26.511, que estableció una serie de beneficios a los productores agropecuarios de 22 distritos bonaerenses en que se declaró el estado de desastre y otros 15 declarados en estado de emergencia, incluyendo la exención al pago de retenciones a las exportaciones. La comisión revisó también los decretos 1142 y 1144, que veta parcialmente nueve leyes de emergencia que conceden otros beneficios para las provincias de Río Negro, Santa Fe, Mendoza, Catamarca, Salta, Neuquén y Santiago del Estero. El argumento es que simultáneamente se aprobó la ley 26.509 de creación del Sistema Nacional para la Prevención y Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios (Foneda). Según el Gobierno, este organismo -que tendrá un presupuesto anual mínimo de 500 millones de pesos-, atenderá todos los casos de emergencias agropecuarias, por lo cual “resulta conveniente aplicar las previsiones del mismo, en lugar de establecer beneficios individuales y distintos para cada provincia”.