El Ejecutivo reglamentó parcialmente la Ley de Acceso a la Información Pública
El gobierno nacional publicó este martes en el Boletín Oficial el decreto de reglamentación de la Ley 25.275 de Acceso a la Información Pública, norma que había sido sancionada por el Congreso y promulgada por el presidente Mauricio Macri en septiembre de 2016.
La Ley de Acceso a la Información Pública busca "garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública, promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública", expresa el Decreto 206/2017 publicado en el Boletín Oficial.
Lleva las firmas de la vicepresidente Gabriela Michetti, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio y entrará en vigencia el 29 de septiembre de 2017.
Precisa que "la reglamentación que aprueba el presente Decreto es producto de múltiples y enriquecedores debates, así como de una consulta pública en la que se puso a consideración de la sociedad civil la necesidad de reglamentar algunos aspectos de la ley", en referencia a los artículos que aún quedan por reglamentar.
De esta forma el Estado deberá entregar la información "de forma totalmente gratuita" a quien la requiera siempre y cuando exista versión electrónica de los datos pedidos. Caso contrario, el solicitante deberá abonar el monto correspondiente a los costos de reproducción.
Lleva las firmas de la vicepresidente Gabriela Michetti, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio y entrará en vigencia el 29 de septiembre de 2017.
Precisa que "la reglamentación que aprueba el presente Decreto es producto de múltiples y enriquecedores debates, así como de una consulta pública en la que se puso a consideración de la sociedad civil la necesidad de reglamentar algunos aspectos de la ley", en referencia a los artículos que aún quedan por reglamentar.
De esta forma el Estado deberá entregar la información "de forma totalmente gratuita" a quien la requiera siempre y cuando exista versión electrónica de los datos pedidos. Caso contrario, el solicitante deberá abonar el monto correspondiente a los costos de reproducción.
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