El Estado y Clarín presentaron ante la Corte su pugna por la Ley de Medios
La Corte Suprema de Justicia escuchó ayer los discursos en pugna entre el Estado Nacional y el Grupo Clarín en torno a la Ley de Medios y ambas partes mostraron dudas que ameritaron la intervención activa de los jueces en el último día de audiencia pública antes de la sentencia definitiva.
En una extensa audiencia, la Corte escuchó los argumentos de las partes en torno a la aplicación de la ley aprobada por el Congreso en 2009, las que contestaron gran cantidad de preguntas que hizo el Tribunal sobre aspectos como la libertad de prensa, la sustentabilidad económica a partir de la puesta en práctica de la norma, la expansión de Clarín en el mercado audiovisual y los motivos por los que se otorgan y quitan licencias.
Sin la presencia del juez Raúl Zaffaroni, quien viajó al exterior, y con una activa participación del presidente del tribunal, Ricardo Lorenzetti, quien repreguntó y acotó en las respuestas de ambas partes, los magistrados escucharon los argumentos a partir de los cuales resolverán sobre la constitucionalidad de la Ley de Medios.
Comenzó respondiendo las preguntas los representantes de Clarín, integrada por los abogados Damián Cassino, Alejandro Carrió, María Angélica Gelli y un economista, que por poco más de una hora negó que exista una situación monopólica del grupo, aseguró que sufriría pérdida de sustentabilidad y que está en juego la libertad de expresión.
Un tramo que pareció impregnarles dudas a los jueces y hubo repreguntas fue cuando el secretario de la Corte Cristian Abrita preguntó: “¿La libertad de expresión requiere de un volumen económico como el del Grupo Clarín?”. Y “¿cuál es la comparación con otros medios más chicos?”, ante lo cual el abogado Cassino aseguró que es “imposible seccionar el cable” y de hacerlo “el grupo Clarín dejaría de ser la voz que es”.
Incluso Lorenzetti intervino para pedir que fuera “concreta” la respuesta y, si bien Clarín omitió darla tal cual, el economista representante de esa parte rechazó que se tratase de un “monopolio” y advirtió que había un “mal uso del lenguaje” en ese sentido.
El Estado, quien expuso por medio de Graciana Peñafort y Daniel Larrache del AFSCA y el economista Horacio Seillant, tuvo su momento endeble cuando en una escala de repreguntas Lorenzetti le pidió saber el motivo de por qué “si la licencia es un privilegio” se la otorgan a un medio y luego eventualmente se la podrían sacan en el futuro.
“No es una facultad discrecional”, aseguró Peñafort, quien justificó que el Estado “puede restringir el ejercicio de la licencia”, aunque Lorenzetti nuevamente intervino y le pidió que detallara cuál era el motivo por el cual el Estado podría quitar una licencia y cuáles serían las consecuencias.
“No entiendo la pregunta”, dijo Peñafort, ante lo cual Lorenzetti tomó la palabra para volver a preguntar por qué “el Estado podría quitarle la licencia ya otorgada a cualquiera sin derecho alguno”.
La observación del juez ameritó la intervención de Horacio Diez, de la Procuración del Tesoro de la Nación, quien dijo que la pregunta era “generalizada, y tenía un grado de abstracción”, aunque Lorenzetti rápidamente los cortó: “La pregunta me parece que está bastante clara y se refiere a este caso concreto”.
Al comenzar la audiencia, Cassino aseguró que de aplicarse la ley “se reduce la sustentabilidad y la empresa no va a poder sobrevivir; no va a pagar la deuda que tiene, no va a invertir y no va a poder operar, sobre todo en cable y en el servicio de Internet”, en tanto que Gelli concluyó que la norma “afecta derechos propietarios pero también del público”.
Además, los abogados del grupo Clarín justificaron la fusión Cablevisión-Multicanal, aprobada inicialmente por el kirchnerismo y ahora cuestionada, ya que -sostuvo- fue “para subsistir en el mercado y tener competencia”.
Luego de un receso de minutos, con café de por medio en el cuarto piso del Palacio de Tribunales, el Estado contestó las preguntas que hizo la Corte y negó que puedan perderse puestos de trabajo al aplicarse la ley.
“No hablamos de desinversión sino de adecuación, y eso permite que otros jugadores posibles tomen ese bien y con las economías regionales en mejor posición van a generar más fuentes de trabajo”, argumentó un funcionario del AFSCA.
La Corte preguntó por medio de su secretario si no hubo contradicción en el Estado en haber dictado el decreto 527 en 2005 y refrendado por el Senado que otorgó prórroga de licencia a los medios por diez años y luego impulsar la ley de servicios de comunicación audiovisual.
“La prórroga de la licencia no significa la vigencia de la titularidad de la misma. Era necesaria la ratificación del decreto para la aplicación de la Ley, porque nadie estaría interesado en una licencia que dure poco tiempo”, dijo Peñafort, en tanto que otro funcionario del AFSCA aseguró que lo que se hizo fue prorrogarse “el marco regulatorio” y que pese a ello Clarín “concentró más licencias de las permitidas”.
Ahora, la Corte Suprema, sin plazos concretos, tendrá que expedirse sobre la constitucionalidad o no de la ley, luego que tuviese un fallo a favor del Estado en primera instancia, firmado por el juez Horacio Alfonso, aunque en la Cámara Civil y Comercial Federal lo dejó sin efecto ya que dictó la inconstitucionalidad de artículos claves de la norma.
Luego de 17 preguntas para el Grupo Clarín y 33 para el Estado, los discursos más políticos se escucharon sobre el cierre, cuando ambas partes hicieron las réplicas sobre la posición del otro, a través de Martín Sabbatella, titular del AFSCA, y los abogados del multimedio.
Allí, Sabbatella criticó el fallo de la Cámara Civil y Comercial Federal que declaró parcialmente inconstitucional la ley, aseguró que ese tribunal “salvó cinco y medio de los seis incumplimientos” en que incurre Clarín a la norma, y explicó que si bien el grupo “tiene que achicarse, no significa que no sea viable, ya que es un monopolio”.
“Si uno quiere tener una empresa para definir el rumbo del país, para manipular la opinión pública y para poner y sacar presidentes, obviamente no alcanza. Debe presentarse a elecciones y ganarlas”, disparó, al tiempo que subrayó que “todas las empresas menos Clarín presentaron su plan de adecuación”.
Sin la presencia del juez Raúl Zaffaroni, quien viajó al exterior, y con una activa participación del presidente del tribunal, Ricardo Lorenzetti, quien repreguntó y acotó en las respuestas de ambas partes, los magistrados escucharon los argumentos a partir de los cuales resolverán sobre la constitucionalidad de la Ley de Medios.
Comenzó respondiendo las preguntas los representantes de Clarín, integrada por los abogados Damián Cassino, Alejandro Carrió, María Angélica Gelli y un economista, que por poco más de una hora negó que exista una situación monopólica del grupo, aseguró que sufriría pérdida de sustentabilidad y que está en juego la libertad de expresión.
Un tramo que pareció impregnarles dudas a los jueces y hubo repreguntas fue cuando el secretario de la Corte Cristian Abrita preguntó: “¿La libertad de expresión requiere de un volumen económico como el del Grupo Clarín?”. Y “¿cuál es la comparación con otros medios más chicos?”, ante lo cual el abogado Cassino aseguró que es “imposible seccionar el cable” y de hacerlo “el grupo Clarín dejaría de ser la voz que es”.
Incluso Lorenzetti intervino para pedir que fuera “concreta” la respuesta y, si bien Clarín omitió darla tal cual, el economista representante de esa parte rechazó que se tratase de un “monopolio” y advirtió que había un “mal uso del lenguaje” en ese sentido.
El Estado, quien expuso por medio de Graciana Peñafort y Daniel Larrache del AFSCA y el economista Horacio Seillant, tuvo su momento endeble cuando en una escala de repreguntas Lorenzetti le pidió saber el motivo de por qué “si la licencia es un privilegio” se la otorgan a un medio y luego eventualmente se la podrían sacan en el futuro.
“No es una facultad discrecional”, aseguró Peñafort, quien justificó que el Estado “puede restringir el ejercicio de la licencia”, aunque Lorenzetti nuevamente intervino y le pidió que detallara cuál era el motivo por el cual el Estado podría quitar una licencia y cuáles serían las consecuencias.
“No entiendo la pregunta”, dijo Peñafort, ante lo cual Lorenzetti tomó la palabra para volver a preguntar por qué “el Estado podría quitarle la licencia ya otorgada a cualquiera sin derecho alguno”.
La observación del juez ameritó la intervención de Horacio Diez, de la Procuración del Tesoro de la Nación, quien dijo que la pregunta era “generalizada, y tenía un grado de abstracción”, aunque Lorenzetti rápidamente los cortó: “La pregunta me parece que está bastante clara y se refiere a este caso concreto”.
Al comenzar la audiencia, Cassino aseguró que de aplicarse la ley “se reduce la sustentabilidad y la empresa no va a poder sobrevivir; no va a pagar la deuda que tiene, no va a invertir y no va a poder operar, sobre todo en cable y en el servicio de Internet”, en tanto que Gelli concluyó que la norma “afecta derechos propietarios pero también del público”.
Además, los abogados del grupo Clarín justificaron la fusión Cablevisión-Multicanal, aprobada inicialmente por el kirchnerismo y ahora cuestionada, ya que -sostuvo- fue “para subsistir en el mercado y tener competencia”.
Luego de un receso de minutos, con café de por medio en el cuarto piso del Palacio de Tribunales, el Estado contestó las preguntas que hizo la Corte y negó que puedan perderse puestos de trabajo al aplicarse la ley.
“No hablamos de desinversión sino de adecuación, y eso permite que otros jugadores posibles tomen ese bien y con las economías regionales en mejor posición van a generar más fuentes de trabajo”, argumentó un funcionario del AFSCA.
La Corte preguntó por medio de su secretario si no hubo contradicción en el Estado en haber dictado el decreto 527 en 2005 y refrendado por el Senado que otorgó prórroga de licencia a los medios por diez años y luego impulsar la ley de servicios de comunicación audiovisual.
“La prórroga de la licencia no significa la vigencia de la titularidad de la misma. Era necesaria la ratificación del decreto para la aplicación de la Ley, porque nadie estaría interesado en una licencia que dure poco tiempo”, dijo Peñafort, en tanto que otro funcionario del AFSCA aseguró que lo que se hizo fue prorrogarse “el marco regulatorio” y que pese a ello Clarín “concentró más licencias de las permitidas”.
Ahora, la Corte Suprema, sin plazos concretos, tendrá que expedirse sobre la constitucionalidad o no de la ley, luego que tuviese un fallo a favor del Estado en primera instancia, firmado por el juez Horacio Alfonso, aunque en la Cámara Civil y Comercial Federal lo dejó sin efecto ya que dictó la inconstitucionalidad de artículos claves de la norma.
Luego de 17 preguntas para el Grupo Clarín y 33 para el Estado, los discursos más políticos se escucharon sobre el cierre, cuando ambas partes hicieron las réplicas sobre la posición del otro, a través de Martín Sabbatella, titular del AFSCA, y los abogados del multimedio.
Allí, Sabbatella criticó el fallo de la Cámara Civil y Comercial Federal que declaró parcialmente inconstitucional la ley, aseguró que ese tribunal “salvó cinco y medio de los seis incumplimientos” en que incurre Clarín a la norma, y explicó que si bien el grupo “tiene que achicarse, no significa que no sea viable, ya que es un monopolio”.
“Si uno quiere tener una empresa para definir el rumbo del país, para manipular la opinión pública y para poner y sacar presidentes, obviamente no alcanza. Debe presentarse a elecciones y ganarlas”, disparó, al tiempo que subrayó que “todas las empresas menos Clarín presentaron su plan de adecuación”.
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