El gobierno porteño avanza con los operativos de "desplazamientos forzados"

En abril, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri publicó en redes sociales imágenes del «antes y después» de operativos de «orden y limpieza». Lo único que mostraban era el corrimiento de personas en situación de calle. Hacía un mes que su gestión había presentado un protocolo de salud mental centrado en esta población. Con críticas a la Ley Nacional de Salud Mental –aunque sin una diferencia clara con esa normativa- anunció que “las personas en situación de calle con algún problema de salud mental o consumo problemático de sustancias” podrán ser internadas si alguna “presenta un riesgo para sí o para terceros”, aunque «no preste consentimiento».

Desde entonces, la Red de Atención relevó “60 casos críticos de salud mental. En la actualidad quedan 31 casos activos, de los cuales 24 cuentan con seguimiento del Programa de Abordaje a Personas con Trastorno Mental Severo en Situación de Calle (ASIC)”. Desde el Ministerio de Salud indicaron que “’casos críticos’ quiere decir que cumplían con el criterio para ser trasladados a un hospital general de agudos, donde se les realiza la evaluación interdisciplinaria” y que de ese grupo “hubo internaciones”, sin precisión de cuántas ni dónde, y tampoco si tuvieron alguna defensa que determine si se necesitaba internación.

“No hay información sobre cómo están implementando el protocolo. Hay bastante cerco sobre eso. Evalúan con criterios poco claros si la persona necesita alguna atención específica sobre salud mental. Tampoco queda claro cómo pueden ir las personas al nuevo centro de integración para padecimientos en salud mental; quién las deriva”, denunció Jorgelina Di Iorio, psicóloga, investigadora del Conicet, parte de Abrigar Derechos e impulsora –con la Asamblea de Personas en Situación de Calle– del Registro Unificado de Violencias (RUV) hacia personas sin techo en Argentina, que presentó un amparo por el tema en 2022.

Del borde al Borda

Maximiliano Cesoni, secretario de la Asociación de Psiquiatras de Argentina y psiquiatra en el Borda, planteó desde un primer momento sus dudas con respecto al protocolo de salud mental para esta población. A más de cuatro meses de su implementación, señala que se ven más personas en situación de calle en el hospital psiquiátrico –en su servicio de internación– pero no por intervenciones a través de esa normativa.

“En el último tiempo cuando uno ve la clínica cotidiana de los pacientes, muchos están en situación de calle. Porque no hay red, no hay familia. Hace 15 días ingresó uno derivado del Alvear que sí cumplía la línea del protocolo”, aclara, como excepción.

Además plantea las dificultades que implica tal protocolo en un sistema de salud “colapsado” y en el marco de una crisis social creciente: “Internar a alguien en situación de calle implica que después va a haber gran dificultad para la externación porque no hay red social. ¿Qué hacemos después con ese paciente? La oferta de alternativas no ha crecido. En algún momento el paciente podía tramitar un subsidio habitacional y más o menos le alcanzaba para una pieza. Hoy vale lo mismo que un alquiler y no pueden acceder”.

Gabriela Sánchez, delegada de ATE en el Borda, coincide en que la población en situación de calle “oficialmente» no llega al centro de salud a través del protocolo: «Pero sí estamos viendo una gran demanda desde la Dirección de Salud Mental del Gobierno de la Ciudad de internar no importa cómo. Notamos una cuestión compulsiva, te dicen ‘vemos dos camas libres en el sistema te mandamos a dos para internar’”.

El tema fue debatido entre profesionales del lugar: “Decidimos hacer un protocolo propio del Borda. Especificar qué es lo que atendemos. Si no, nos vamos a transformar en un parador”.

La trabajadora lo grafica: “Si vas hoy a la guardia del hospital, parece una comisaría. Está llena de móviles policiales. No todos vienen por estar en situación carcelaria. Tenemos gente que la sacan de la calle o de un parador y la mandan acá. La guardia está estallada. Y los médicos están muy vulnerables. Si le decís a un policía que no, porque no da el perfil de patología mental, llama a un juez o forense y si hay orden judicial para internar no importa lo que uno opine. Trabajamos en forma carenciada y se deterioran la atención y el trabajo”.

Desplazamientos forzados

“Las acciones que se están implementando no alcanzan. Muchas terminan siendo políticas de parche. Este fin de semana hubo más equipos territoriales en las calles para dar algo caliente, ropa o vacantes que mágicamente aparecieron en algunos dispositivos. Debería ser todo el año, son medidas coyunturales; falta una discusión de políticas públicas integrales”, plantea Di Iorio.

Según registra el RUV, lo que está en aumento en CABA en particular son los operativos de ‘desplazamiento forzado’ de las personas del espacio público: «lo venimos visibilizando desde la Asamblea –remarca–. Hay registros de este tipo filmados desde los primeros días de enero. Y vemos que están en aumento”. ¿Adónde van esas personas desplazadas a la fuerza? No se sabe. Unas se mueven a otro punto de la ciudad, otras retornan al poco tiempo o aceptan momentáneamente el ofrecimiento –cuando lo hay– de ir a un lugar a resguardo.

“Algunas relatan que van las fuerzas de seguridad varias veces a sacarlas. Cinco, diez veces. Hay mucha circulación producto de estos desplazamientos”, denuncia Di Iorio desde Abrigar Derechos, organización que trabaja a diario con la población sin techo.

El último lunes, un Frazadazo impulsado por las entidades sociales en el Obelisco gritó que la calle no es un lugar para vivir. Horas antes, el titular de Proyecto 7 –una de las ONG impulsoras– fue amenazado de muerte. El papel que encontró la hija de Horacio Ávila en la puerta de su casa decía: “Hay una bala con tu nombre dejate de joder”, publicó Tiempo Argentino.