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El Juicio político contra la Corte entró en la recta final y el oficialismo se prepara para citar a los jueces
El oficialismo avanzará el martes de la semana que viene con la acusación por mal desempeño contra los jueces de la Corte Suprema en la Comisión de Juicio Político de la Corte Suprema y, tras casi diez meses, el proceso se acerca a su fin.
Tal como informó la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, durante los próximos días se elaborará el informe con las acusaciones y la valoración de las pruebas recolectadas en las causas “Coparticipación”, “2x1″ y “Consejo de la Magistratura”. Tras aprobar el informe en la próxima reunión -el oficialismo tiene mayoría- se dará traslado a los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti para que tengan la posibilidad de hacer su descargo si así lo decidieran.
Juan Manuel López, jefe del bloque de la Coalición Cívica, adelantó que la oposición votará en contra y reprochó que “hay alrededor de 190 testigos que fueron aprobados y nunca fueron citados”.
“Que los testigos hayan sido aprobados no quiere decir que la comisión tenga que citarlos. Si consideraban necesario algún testigo, hubiese sido bueno que oportunamente nos llamen la atención y digan por qué no convocan a tal o cual testigo. Nosotros entendemos que se agotó la investigación en las causas que mencionamos”, dijo.
El mismo procedimiento ya se llevó adelante en julio con la acusación contra el juez Juan Carlos Maqueda en el expediente que investigaba irregularidades en la administración de la Obra Social del Poder Judicial. En esa oportunidad, Maqueda no se presentó en persona ni elaboró por escrito respuesta alguna contra los cargos formulados.
La Coalición Cívica, que había presentado denuncias contra Ricardo Lorenzetti por abuso de poder, pidió una prórroga de tiempo para ampliar las causales y la lista de testigos.
En caso de resolverse en las próximas reuniones, la Comisión habría analizado todos los expedientes y quedaría en condiciones de pasar a la firma del dictamen de acusación, que luego deberá ser aprobado en el recinto con dos tercios de los presentes.
En la reunión hoy, el oficialismo buscó probar que el juez Carlos Rosenkrantz cometió abuso de poder al no haberse excusado de intervenir en causas en las que estaban involucrados ex clientes de su estudio de abogados, antes de ser miembro del máximo tribunal.
Particularmente se analizó su rol en 69 sentencias de ex clientes. También cuestionaron que el juez haya reclamado la regulación de honorarios a la Corte, cuando ya integraba el máximo tribunal, por $18.000 millones en un juicio en el que representó a la provincia de Santa Fe, por un reclamo de coparticipación contra el Estado nacional.
Desde la oposición, el diputado Luis Tonelli aseguró que “es natural y razonable” que el impedimento de fallar en causas que involucren a ex clientes “cese en algún momento”. “La ley de ética habla de 3 años y hay normativas similares para integrar el directorio del Banco Nación, por ejemplo”, señaló Tonelli.
“Que un miembro de la Corte esté pidiendo honorarios que tiene que pagar la provincia de Santa Fe, y a su vez, en otras causas esté fallando en causas en que esa provincia es parte es gravísimo; no hay plazo de tiempo que lo habilite”, argumentó el diputado pampeano Hernán Pérez Araujo.