El martes es el veredicto contra Menem por la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuado

El martes 13 es el día que convocó el Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 3 (TOPE 3) a todos los acusados para dar a conocer el veredicto que tiene a 18 personas imputadas, entre ellos Menem y ex funcionarios de su Gobierno.
En caso de que Menem sea condenado por “contrabando agravado”, por tratarse de material bélico, es de prever que la pena sea de ejecución efectiva, ya que el mínimo estipulado por ese delito supera los tres años, el límite con el cual el Tribunal puede determinar el cumplimiento condicional.
Por ello, el artículo 26 del Código Penal establece que “en los casos de primera condena a pena de prisión que no exceda de tres años, será facultad de los tribunales disponer en el mismo pronunciamiento que se deje en suspenso el cumplimiento de la pena”.
En caso de haber condena se plantean varios interrogantes: el más importante es si el Tribunal ordenará el desafuero que cuenta Menem por ser senador nacional en el Congreso de la Nación, y si se cumplirá con ello.
Pero también puede ocurrir que -también en caso de haber condena- como Menem llegó en libertad al juicio, el Tribunal disponga que la condena no se haga efectiva hasta tanto la misma no sea confirmada por la Cámara Nacional de Casación Penal.
Para el martes, previo al dictado del veredicto, el Tribunal dispuso que se les dé el derecho a las últimas palabras a los imputados Emir Yoma, ex secretario presidencial; y María Teresa Cueto, ex verificadora de Aduanas.
Luego de ese paso, se prevé la realización de un cuarto intermedio y por la tarde dar a conocer el veredicto, sobre el cual no trascendió rumor alguno sobre los posibles resultados.
La extensa lista de imputados, además de Yoma, y Menem, comprende al ex ministro de Defensa Oscar Camilión; al supuesto traficante de armas Diego Palleros; y a Luís Agustín Sarlenga, ex interventor de la Dirección General de Fabricaciones Militares (DGFM).
Además, están siendo juzgados Daniel Paulik, ex jefe de la Fuerza Aérea; María Teresa Cueto, ex verificadora de Aduana; Luis Agustín Sarlenga, ex interventor de la Dirección General de Fabricaciones Militares (DGFM) y Enrique de la Torre, ex director de Seguridad Internacional, Asuntos Nucleares y Espaciales del Ministerio de Relaciones Exteriores.
También el ex director de Coordinación Empresaria y del Ministerio de Defensa, Mauricio Muzi; los ex directores de la DGFM, Manuel Cornejo Torino y Julio Jesús Sabra; el ex director de la Fábrica Militar de Río Tercero, Jorge Cornejo Torino; el ex gerente de Comercialización de la DGFM, Haroldo Luján Fasari; el ex gerente de comercialización de Productos Militares, Carlos Alberto Nuñez y el ex director de Coordinación de la DGFM, Edberto González de la Vega.
El resto de los acusados son la ex jefa de Abastecimiento y Comercio Exterior de la DGFM, Teresa Irañeta de Canteiro y los ex directores de producción de la DGFM Carlos Jorge Franke y Ángel Daniel Vicario.
Sobre Menem pesa un pedido de pena de los fiscales Mariano Borinsky y Marcelo Aguero Vera de ocho años de cárcel. La venta ilegal de armas se conoció tras una denuncia del abogado Monner Sans, y luego se supo de la existencia de decretos presidenciales que autorizaban el envío de material bélico a Panamá y Venezuela, pero que en realidad las mismas fueron destinadas a Ecuador y Croacia, estos últimos en situación de guerra.
La venta de material bélico a Croacia y Ecuador, operación que habría tenido lugar entre 1991 y 1994, habría sido realizada pese a que esos países tenían vedada la compra de armamentos por estar en conflicto bélico y la Argentina era garante de paz de las Naciones Unidas. Incluso, Croacia había sido embargada por la ONU a raíz del conflicto en los Balcanes.