La Justicia dejó ayer en suspenso la liberación de Alfredo Astiz y Acosta

El retroceso se dio luego de un pedido del fiscal Raúl Plee, quien presentó un recurso extraordinario para apelar la medida de la Casación, informaron fuentes judiciales a Noticias Argentinas. "Esta Fiscalía considera que esa Sala ha realizado una incorrecta interpretación de las normas que regulan el instituto de la prisión preventiva y por ende la excarcelación", consideró Plee en su escrito y calificó como "arbitraria" la resolución de Casación. Al oponerse a la excarcelación de los represores, el fiscal recordó la gravedad de las penas por las cuales están imputados, consideradas de lesa humanidad y que "el riesgo de fuga subsiste". La medida adoptada este viernes por los camaristas Wagner Mitchell, Guillermo Yacobucci y Luis García tendió a descomprimir la polémica que se había desatado desde el mismo momento en que se conoció el fallo de la liberación, y que hoy llevó al Gobierno a impulsar el juicio político contra dos de esos camaristas. El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, advirtió en este sentido que el Gobierno "no permitirá que razones supuestamente procesales afecten el orden jurídico internacional e interno", en alusión al argumento de que se había cumplido el plazo de la prisión preventiva sin sentencia. Se trató de una respuesta directa al ministro de la Corte Suprema, Carlos Fayt, quien apuntó contra el Congreso y les reclamó a los legisladores que dicten "las normas procesales necesarias" para agilizar los juicios a represores. Una postura similar adoptó la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, quien señaló que el fallo de la Cámara de Casación Penal fue "legal" porque "aplicó los tratados internacionales", aunque en términos morales sea "injusto". En este marco fuertemente potilizado, los tres camaristas dejaron en suspenso la medida con la cual beneficiaron, además de Astiz y Acosta, a los represores Raúl Scheller, Néstor Savio, Juan Carlos Rolón, Jorge Rádice, Raúl González, Ernesto Weber, Antonio Pernías, Juan Antonio Azic, Víctor Cardo y Alberto González, entre otros. Antes de que la Casación diera marcha atrás con la medida, el secretario de Derechos Humanos, había advertido que recurriría a la Corte Suprema para que se revocara la decisión. En conferencia de prensa, el funcionario nacional confirmó que el pedido de juicio político afectará a los magistrados Yacobucci y García, quienes en el marco de la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal votaron a favor de la liberación de represores de la ESMA. La solicitud también involucra a magistrados del tribunal oral federal 5 de la Capital Federal. El funcionario sostuvo que "varios de esos individuos han sido condenados en ausencia por tribunales" extranjeros y que "todos ellos tienen pedidos de extradición en la justicia española". Duhalde sostuvo que el Poder Ejecutivo es "totalmente respetuoso de la independencia del Poder Judicial", pero cuestionó con dureza a los magistrados que, según dijo, "creen que pueden vivir en una burbuja". "Estos son 17 individuos imputados de ser autores fundamentales de los homicidios agravados, detenciones y desapariciones del grupo de tareas de la ESMA, una verdadera máquina de masacrar hombres y mujeres y de apropiarse niños", enfatizó Duhalde. Asimismo, cuestionó la decisión de habilitar la excarcelación de represores, al señalar que en el marco de la investigación por los delitos de la ESMA "hay prófugos". Fuente: NA