Las facturas de gas superiores a 250 pesos tendrán aumentos máximos entre 300 y 500 por ciento, dijo Aranguren

Así lo señaló el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, quien también ratificó la propuesta oficial de aumentar desde el primero de abril un 10 por ciento en promedio el precio de gas en boca de pozo, el ítem más importante en las facturas.
Aranguren anticipó esos datos al abrir la audiencia pública en la que se terminará a definir el nuevo cuadro de precios del gas natural en el denominado Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) o boca de pozo.
Las palabras del funcionario llegaron luego de que el gobierno hizo trascender versiones de que se atenuarían y postergarían los ajustes del gasto público, el recorte de los subsidios y el aumento en las tarifas del gas, el transporte público y el agua.
Según el diario La Nación, ante la falta de índices favorables de la economía para exhibir durante la campaña, Macri demorará, también, la reducción del gasto público.
En este escenario, Aranguren ratificó que el Gobierno avanzará con la reducción de subsidios energéticos y aclaró que el objetivo es que en el mediano plazo los usuarios paguen el total del costo de producción del gas.
Aranguren afirmó que el objetivo de su gestión es continuar en el “sendero gradual y previsible de reducción de subsidios” y en paralelo obtener un suministro que sea sostenible en el tiempo y promover la producción local, con subsidios a la demanda y no a la oferta.
La audiencia pública para definir el aumento del precio del gas en boca de pozo arrancó ayer a las 9 en el Teatro de la Ribera, del barrio porteño de La Boca, donde estaba previsto que se expresen unos 75 oradores, incluyendo los del interior del país a través de videoconferencia.
Aranguren indicó que al llegar a la gestión en diciembre de 2015 recibió un sistema de suministro de gas natural que “era y continúa siendo distorsionado, desigual, injusto y obsoleto”, para el que se importa en invierno un tercio del fluido consumido.
Advirtió además que la capacidad de importación está hoy “limitada” porque no hay mayor capacidad de regasificación mientras que “hay un faltante de suministro por parte de Bolivia”, y cuando esto ocurre -principalmente en el invierno- se debe cortar el gas a las industrias.
El funcionario indicó que los “injusto” del actual sistema de distribución es que mientras abastece sólo al 60 por ciento de los argentinos, todos los habitantes contribuyen con sus impuestos a subsidiar ese sistema en un 50 por ciento a nivel nacional y en un 81 por ciento en la Patagonia.
El 26 por ciento de la demanda pertenece a la industria; el 38 por ciento a las usinas; el 6 por ciento va al Gas Natural Comprimido para los vehículos; los comercios se quedan con el 3 por ciento; los horas (residencial) absorben el 24 por ciento; y la tarifa social, un 2 por ciento.
Según las tarifas de octubre de 2016, la demanda pagó en promedio 3,97 dólares por millón de BTU (unidad de medida británica) pero a través de los subsidios el Estado pagó la diferencia hasta alcanzar un promedio de 5,22 dólares.
Esa diferencia entre el precio promedio real y el precio promedio efectivamente pagado por los diversos usuarios le significó al Estado un gasto de 2.690 millones de dólares para sostener el sistema de subsidios.
Ese dinero fue girado a las empresas, que cobraron un precio de 4,72 dólares por millón de BTU en la producción local; 3,56 dólares el inyectado desde Bolivia; el GNL regasificado, 6,65 dólares; el “gas de Chile” a 7,09 dólares; y, en el invierno, el gas oil a 11,20 dólares.
De cara a 2017, dijo Aranguren que se estima en función de los valores en el mercado internacional, habrá un incremento en el precio del gas hasta los 5,64 dólares por millón de BTU, aunque esa oferta responde a una demanda estacional con un pico en invierno.