Ley Antiterrorista: Gobierno dice que "ningún empresario debería preocuparse"
Ningún empresario debería preocuparse por la aplicación de la ley Antiterrorista siempre y cuando haga "las cosas bien", advirtió ayer el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich.
Así, justificó la decisión de pedir la aplicación de esa norma a la imprenta norteamericana Donnelley, por "maniobras y sospecha de fraude", tras pedir su quiebra por cesación de pagos y dejar en la calle a 400 empleados.
Capitanich advirtió a los empresarios que "ninguno debe preocuparse si hace las cosas bien", mientras el tema empezó a ser analizado por las principales cámaras empresariales, que vienen cuestionando cambios propuestos a la ley de Abastecimiento.
Sobre el cierre de la firma de capitales norteamericanos, el funcionario dijo que "se trata de una maniobra sospechosa en materia de fraude", tras brindar detalles de como se dio el proceso de lo que consideró una "conducta alevosa, sospechada de fraudulenta, que está penalizada por el Código Penal".
Consultado sobre la aplicación de la ley Antiterrorista, Capitanich preguntó: "¿Ustedes creen que el Gobierno quiere perjudicar al empresario?".
El funcionario, aclaró que el Poder Ejecutivo "propicia la denuncia penal" a través del organismo competente, en este caso la AFIP, pero aclaró que "la aplicación de la ley le corresponde al Poder Judicial".
En el caso del cierre de la imprenta norteamericana Donnelley, Capitanich sostuvo que "se trata de una maniobra por lo menos sospechosa en materia de fraude" y dijo que "las leyes pretenden penalizar conductas perversas que afectan la vida en comunidad".
Por lo que insistió que "nadie se tiene que quejar, si se tiene un comportamiento eficaz, dinámico, con responsabilidad social, que promueve valores, que paga bien y cumple con las leyes laborales e impositivas".
Capitanich advirtió a los empresarios que "ninguno debe preocuparse si hace las cosas bien", mientras el tema empezó a ser analizado por las principales cámaras empresariales, que vienen cuestionando cambios propuestos a la ley de Abastecimiento.
Sobre el cierre de la firma de capitales norteamericanos, el funcionario dijo que "se trata de una maniobra sospechosa en materia de fraude", tras brindar detalles de como se dio el proceso de lo que consideró una "conducta alevosa, sospechada de fraudulenta, que está penalizada por el Código Penal".
Consultado sobre la aplicación de la ley Antiterrorista, Capitanich preguntó: "¿Ustedes creen que el Gobierno quiere perjudicar al empresario?".
El funcionario, aclaró que el Poder Ejecutivo "propicia la denuncia penal" a través del organismo competente, en este caso la AFIP, pero aclaró que "la aplicación de la ley le corresponde al Poder Judicial".
En el caso del cierre de la imprenta norteamericana Donnelley, Capitanich sostuvo que "se trata de una maniobra por lo menos sospechosa en materia de fraude" y dijo que "las leyes pretenden penalizar conductas perversas que afectan la vida en comunidad".
Por lo que insistió que "nadie se tiene que quejar, si se tiene un comportamiento eficaz, dinámico, con responsabilidad social, que promueve valores, que paga bien y cumple con las leyes laborales e impositivas".
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