Revelan detalles del contrato YPF-Chevron

Luego de accionar en la Justicia para que YPF entregara el contrato para la explotación del yacimiento Vaca Muerta y de que la Corte Suprema fallara a su favor, Giustiniani presentó el documento durante una conferencia de prensa en el Apart Hotel, ubicado a pocas cuadras del Congreso.

El diputado socialista afirmó que entregará “una copia del contrato al Congreso, otra a la AGN y una tercera a la Defensoría del Pueblo” para que lo evalúen, al tiempo que los abogados que lo representaron en la causa judicial harán lo propio.

Giustiniani indicó que uno de los datos novedosos que se desprenden del documento es que “Chevron es prestamista e YPF es tomador”, lo que implica que “la figura que se utilizó no es la de una inversión, sino la de un préstamo”.

Al respecto, los abogados Ariel Caplan y Esteban Tzikas, que acompañaron la demanda, precisaron a la prensa que Chevron presta dinero a YPF y, una vez que se compruebe la rentabilidad de los recursos de Vaca Muerta, tendrá derecho al 50 por ciento de las regalías, pero en caso contrario podrá reclamar la devolución del préstamo más el 7 por ciento de interés.

El diputado también hizo hincapié en otro aspecto que ya había trascendido meses atrás y que tiene que ver con las múltiples sociedades off shore involucradas en el acuerdo entre ambas petroleras.

“En realidad no fue un contrato firmado entre las dos empresas, como dijo en 2013 la presidenta Cristina Kirchner, sino que son dos empresas off shore radicadas en paraísos fiscales: Chevron Overmas, radicada en Bermudas, e YPF Shell Oil Investment One, en Delaware, Estados Unidos”, señaló Giustiniani.

Para el legislador, “lo que se ha planteado como una operatoria normal abre dos interrogantes, el primero es que las sociedades off shore se establecen para evadir impuestos y el segundo es si a través de este esquema se licúa la responsabilidad ambiental de Chevron, porque Chevron no aparece”.

“Se dijo que el acuerdo generaba inversión directa en Vaca Muerta y no es así. También se dijo que Chevron se hacía cargo de posibles daños ambientales y surge de una primera lectura que tampoco es así”, remarcó.

Por esa razón, Giustiniani aseguró que junto a los abogados Tzikas y Caplan van a “iniciar un estudio de este contrato con detenimiento” y que espera que el Congreso, la AGN y la Defensoría del Pueblo hagan lo mismo cuando reciban las copias que enviará.

De la conferencia también participaron el senador nacional de Proyecto Sur Fernando “Pino” Solanas y el responsable de la Asociación Consumidores Libres, Héctor Polino, quienes también cuestionaron el contenido del contrato.

 “Estamos ante una gran estafa. El acuerdo se concibió para sortear todo tipo de control público”, sostuvo Solanas, quien consideró que “es un modelo de la impunidad y la entrega”, y responsabilizó a la ex presidenta Cristina Kirchner y al ex ministro de Economía Axel Kicillof.

En tanto, Polino pidió “no olvidar el pésimo antecedente que ha dejado Chevron en otros países” y recordó lo ocurrido en Ecuador, donde varias comunidades sostienen una demanda contra esa empresa por el derramamiento de más de 80 mil toneladas de residuos petrolíferos en la zona de Lago Agrio durante los años 1964 y 1992. Por otra parte, Giustiniani destacó el hecho de haber podido acceder al contrato luego de tres años de pelea judicial y aseguró que se trata de “un triunfo del derecho de acceso a la información”.