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lunes 19 de noviembre de 2018

El 60% de los reclusos en cárceles entrerrianas accede a estudiar en diversos niveles

El 60% de los reclusos en cárceles entrerrianas accede a estudiar en diversos niveles

25/08/14 |Son 440 los internos en cárceles entrerrianas incluidos en espacios formales y no formales. Casi 700 se inclinan por diferentes cursos. Sólo en Paraná, se accede a la educación universitaria.

Las personas que habitan las cárceles entrerrianas tienen una historia educativa marcada por la exclusión y por la expulsión escolar. De acuerdo a cifras proporcionadas por el Servicio Penitenciario de Entre Ríos, solamente cuatro internos cuentan con estudios universitarios en una población que supera los mil reclusos, aunque su recorrido académico se dio en forma previa a la detención.
La población penal en la provincia de Entre Ríos cuenta con 1.190 internos, distribuidos en nueve unidades carcelarias, cuya mayor proporción se encuentra en las dos instituciones que funcionan en la ciudad de Paraná. Con realidades diversas e historias disímiles, los privados de la libertad eligen transitar su pena en función de sus necesidades, deseos y posibilidades, pensando en una futura reinserción en la sociedad.
El acceso a la educación –formal y no formal- se constituye en una de las herramientas más adecuadas como un puente para “conocer un camino más digno y humano para toda la vida. Además desarrolla en los internos la capacidad de autoestima y autonomía”, describe un informe del Departamento de Educación del Servicio Penitenciario de Entre Ríos. Se trata de un derecho que está contemplado en el artículo número 14 de la Constitución nacional y que se inscribe también en el artículo 133 de la Ley de Ejecución de Penas. Esta última norma, modificada en su capítulo VIII referido a Educación, por la Ley Nº 26.695, demanda la creación de ámbitos apropiados para la educación, fomentar convenios con instituciones públicas y privadas, construir nexos de comunicación con las escuelas Primaria y Secundaria en contexto de encierro, y promover las actividades que incrementen el contacto con el mundo exterior, entre otras acciones.
En todas las unidades penales de la provincia se brinda la posibilidad de acceder a la educación Primaria y Secundaria, que se garantiza a través de la articulación del SPER y la Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos del CGE. En cambio, las Unidades Penales N°1 y N°6 de Paraná son las únicas que han desarrollado experiencias en el marco de la educación universitaria, a través de vínculos con la Facultad de Ciencia y Tecnología y la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales, ambas dependientes de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader). Con la misma impronta se dictan cursos de formación profesional y de capacitación laboral.

Alta participación

De acuerdo a un informe del Departamento Educativo del SPER, con datos actualizados hasta abril de 2014, son 440 los internos que participan en las modalidades de educación formal y no formal. En siete de las unidades penales –la de Federal solamente cuenta con algunos talleres y la Unidad Penal Granja de Gualeguaychú recién está en proceso de formación- 180 alumnos decidieron comenzar la escuela Primaria, 224 la Secundaria y 36 (incluidas mujeres) los que participan de tutorías universitarias, entre las dos carreras que se pueden cursar en la capital provincial.
Por otro lado, un total de 676 internos se inclinaron por cursos de formación profesional y de capacitación laboral, pudiendo elegir entre los siguientes talleres: carpintería, peluquería, informática, panadería, elaboración de artesanías, marroquinería y electricidad domiciliaria. El sondeo realizado desde la repartición gubernamental arroja las siguientes estadísticas: 179 internos realizan cursos de formación profesional y laboral en la UP1 de Paraná. Le siguen 171 en la UP2 de Gualeguaychú y 152 en la UP3 de Concordia.
Esto indica que alrededor del 60% de la población está inserto en el sistema educativo, sin mencionar a aquellos que pueden participar de diversos espacios educativos de manera simultánea. Esta política comenzó a gestarse hace una década en el ámbito del SPER, dándole más impulso a la educación en las cárceles, “como parte del tratamiento de las personas privadas de la libertad. Se hace foco en lo que es el trabajo y la educación. Además existe un nuevo encuadre legal que garantiza el derecho a la educación de las personas que están privadas de la libertad. Una persona detenida está privada del derecho a deambular, el resto de los derechos el Estado los tiene que garantizar”, afirmó en diálogo con UNO Adelina Quartoni, responsable del Departamento de Educación del organismo. Si bien la decisión de implementar un proyecto de estas características obligó a un cambio de mentalidad en las autoridades carcelarias, al mismo tiempo logró una sintonía con los internos, que al principio no estaban muy convencidos de esta nueva manera de transitar su estadía en el encierro. “Estudiar y formarse no es obligatorio”, reflexionó Quartoni.
Con 15 años de servicio en el SPER cuenta que los habitantes de las cárceles “son gente pobre en todo sentido, de afectos y de inclusión social”. Respecto de su nivel de formación explica: “La mayoría de los detenidos tiene la secundaria incompleta y en menor porcentaje la primaria incompleta, entre ellos mucho jóvenes. Los analfabetos son las personas más grandes, divididos en puros y funcionales”. Los analfabetos puros son aquellos que nunca tuvieron contacto con la herramienta de la escritura y la lectura, y que en su mayoría provienen de ciudades del interior de la provincia y que han trabajado en zonas rurales. En cambio, los funcionales son aquellos que no conocen la herramienta de la tecnología, que nunca han tocado una computadora.

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