Se inició el juicio por abuso sexual contra dos nenitas en la que están imputados la madre y un hombre

Familias evacuadas, barrios anegados, servicios telefónicos de emergencias desbordados, pedido expreso de las autoridades para que los vecinos no saturen el tránsito en la zona de la Costanera… fueron parte de una postal que se completó con jornadas de trabajo de las máximas autoridades municipales y provinciales en el territorio afectado.
Pero no fue la única postal del drama humano que asuela por estas horas a la comunidad. Porque simultáneamente, en ese preciso instante, en la sala de audiencia del Palacio de Tribunales, también se abordaba un juicio oral por el supuesto delito de “abuso sexual gravemente ultrajante agravado con acceso carnal y abuso sexual simple con acceso carnal reiterados” contra dos nenitas hermanas, que al momento de los hechos tenían 9 y 13 años, respectivamente.
En esta causa está acusada la madre de las dos menores identificada con las siglas A.E.R., quien está sindicada como partícipe necesaria y cómplice primaria; y un hombre identificado con las siglas J.C.F, imputado por los hechos.
Las menores actualmente conviven con el padre, quien también se constituyó como denunciante.
El Tribunal fue integrado por los jueces Arturo Exequiel Dumón, Alicia Vivian y Mariano Martínez. Mientras que el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por Lisandro Beherán y Sergio Rondoni Caffa, y también estuvo presente el representante del Ministerio Público Pupilar, Ricardo Golly, en defensa de los intereses de las menores.
Por parte de los dos imputados, contaron con la asistencia que brinda y prevé la ley para casos en donde no hay abogados constituidos, y ese rol lo asumió el defensor oficial, Pablo Ledesma.
La denuncia se radicó en octubre de 2014, gracias a una detección oportuna de la Escuela donde concurría una de las nenas, quien a su vez dio intervención al Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf); organismo que aconsejó la inmediata denuncia en sede policial; siguiendo los protocolos establecidos cuando se vulneran derechos de menores.
En la comisaría de Villa Paranacito se radicó la denuncia, que fue derivada al fiscal auxiliar de Islas del Ibicuy, Pablo Obeid, quien a su vez la giró a Gualeguaychú por la naturaleza del delito.
No es ocioso este recorrido: una escuela, un organismo especializado en minoridad, la policía, el ministerio público fiscal y ahora el pleno del Poder Judicial. Han intervenido cinco áreas específicas del Estado, para dar cuenta que se requiere de todo el potencial para resguardar los derechos de los niños frente al atroz abuso de los adultos. Esta radiografía de intervención demuestra la gravedad del hecho que comenzó ayer a ventilarse en los Tribunales de Gualeguaychú.