Diálogo con el doctor Pablo Ledesma, defensor oficial

Pablo Ledesma nació en Gualeguaychú el 31 de enero de 1973. Es el menor de dos hermanos; del matrimonio integrado por Miguel Ángel y Ana Inés Níssero. Él mismo reconoce que proviene de un hogar de trabajadores, pero donde el respeto y la solidaridad hacia el prójimo fue parte de una enseñanza que se vivía cotidianamente.
En la actualidad, el doctor Ledesma es el defensor oficial en materia penal. Es el encargado de asegurar la efectiva asistencia y defensa judicial de los derechos de las personas que no pueden contratar a un abogado de confianza. Entre sus principales funciones es la de darle asistencia jurídica para asegurar el acceso a la justicia y ejercer la defensa de las personas imputadas en causas penales en los supuestos en que se requiera, y realizar las medidas de investigación de la defensa que resulten necesarias.
Es una tarea compleja, porque además debe actuar como defensor de ejecutor de penas. Para dar una idea de la titánica labor diaria, de su despacho dependen más de 700 personas condenadas.
Ledesma recibió en su despacho a EL ARGENTINO en la mañana del jueves 28 de abril, justamente para dialogar sobre su rol, pero también sobre su perspectiva sobre el sistema penal. En ese marco, ratificó lo que muchos lectores pueden intuir: el sistema penitenciario no está preparado para la resocialización del interno. Y agrega algo más: el sistema penal se especializa en capturar a personas con un alto grado de vulnerabilidad estructural.
“No juzgar, sino comprender” es la fórmula que intenta aplicar diariamente para poder colaborar mejor con la paz social.
Ledesma, que cursó la primaria en la Escuela Normal y la secundaria en el Colegio Nacional como Perito Mercantil, reconoce que llegó “a la universidad gracias al esfuerzo de mis padres y de diversas ayudas que en su momento pude acceder mediante becas del Estado, que me facilitaron la posibilidad de estudiar”.

-¿Cómo maduró su vocación por el Derecho?
-Mi vocación es difícil de precisarla. En aquellos momentos yo cursaba la orientación de Perito Mercantil que no estaba vinculada con el Derecho. Sí me reconozco muy inclinado o interesado por las cuestiones humanísticas y sociales. De hecho las materias de índole económicas siempre me costaron más esfuerzos para el estudio. Y lo otro que me parece que fue determinante, es que en mi familia siempre hubo vocación y prédica por no ser extraños al dolor ajeno. Junto a esto, mis padres me enseñaron a tener una actitud de servicio solidario, que siempre fue considerada una obligación ciudadana. Ellos siempre nos enseñaron con su ejemplo a estar predispuesto a ayudar al otro. Eso también me marcó y me sigue orientando en la vida.

-Cuando egresa de la universidad ya tenía decidido radicarse en Gualeguaychú o pensaba en probar suerte en otros rumbos…
-Siempre tuve en mente el regreso. Pero reconozco que en la decisión final prevaleció el tomar consciencia de las necesidades económicas que había en mi familia. Con esa perspectiva regreso a la ciudad y mis primeras experiencias laborales fueron cortas pero fecundas. Ingresé a la Municipalidad en el área de Legales. A los seis meses de esa experiencia laboral, tuve la oportunidad para presentarme como delegado penitenciario en la Justicia local. Me entrevisté con quienes en ese entonces eran jueces de Instrucción y el juez Correccional y me designaron en esa función.

-¿Qué función cumple el delegado penitenciario?
-Es una suerte de intermediario entre los internos que están alojados en las unidades penales sean condenados o procesados y las autoridades judiciales, religiosas, educativas… en fin con la estructura del Estado e incluso la sociedad. Generalmente el delegado es más requerido por el condenado, porque el procesado sigue conservando un vínculo directo con su abogado defensor. Para ejercer ese rol es fundamental la relación de confianza entre el interno y el delegado; porque estamos frente a una población que por definición tiene desconfianza ante todo lo que lo rodea.

-¿Y a la defensoría oficial cómo llega?
-Como delegado penitenciario estuve casi seis años y en ese lapso muchas veces incursioné en la defensa de los internos. Esa situación fue advertida por las autoridades judiciales de Paraná, más concretamente por el doctor Arsenio Francisco “Pancho” Mendoza, que ejercía como defensor general de la provincia. A raíz de esa experiencia que había desarrollado como delegado penitenciario, me convocan para ejercer como defensor oficial. En ese momento la competencia era Penal, pero también Civil. Y cuando se crea el nuevo cargo se limita a una competencia Penal, pero también me adicionaron incapacidades e internaciones psiquiátricas. Más tarde se modifica el sistema y se crea o establece la competencia abocado únicamente en lo Penal y las incapacidades e internaciones psiquiátricas quedaron en la materia Civil, que por su naturaleza es lo que corresponde.

-¿Todos sus clientes están imputados de un delito?
-No. Nuestra competencia es variada y a veces es difícil de comprender para quien no está dentro del sistema judicial. En muchos casos nuestra asistencia comienza a regir cuando ni siquiera hay imputados y somos requeridos en lo que se llaman actos irreproducibles, es decir, en actos que se agotan por sí mismos y no pueden volver a repetirse de la misma forma. Y muchas veces cuando se realizan esos actos no hay imputados ni siquiera persona sospechada. Y participamos de esos actos en garantías del posible sospechoso que pueda quedar sindicado por ese procedimiento.

-¿Puede citar un ejemplo concreto?
-Cuando una persona denuncia que ha sido víctima de un delito y se la invita a realizar un reconocimiento de personas a través de una galería fotográfica, estamos presentes en ese acto. Una autopsia también está encuadrada como un acto irreproducible. Y en un ejemplo más reciente fue cuando participamos del rastrillaje luego de la muerte violenta que sufrió el remisero Juan Waller. Cuando se realizó ese rastrillaje no había todavía imputados y se tenía una docena de posibles sospechosos pero no había nada en concreto. En síntesis, nuestra presencia es para garantizar que todo el proceso se realice con las garantías que establece la Constitución.

-¿Y cuando la persona ya está imputada?
-Depende de la situación. Porque si esa persona imputada designa un abogado de su confianza, nosotros no intervenimos. Hay que tener presente que uno de los primeros derechos que tiene toda persona imputada es a elegir a su abogado defensor. Pero, si carece de recursos económicos, eventualmente nosotros nos constituimos como defensores de pobres.

-Es interesante el rótulo: defensor de pobres. El Estado no prevé la figura de defensor de ricos…
-En teoría nuestro límite de actuación lo marca la vulnerabilidad social del imputado. Si bien existen fallos superiores que nos obligan a asistir a personas que tienen solvencia o medios económicos, nosotros intentamos que se comprenda que de hacerlo restamos tiempo y capacidad a quienes carecen de esos recursos. Igual es una situación que prácticamente no se da en la realidad, porque el sistema es fuerte para perseguir a los más débiles y aunque se intenta avanzar de manera más integral, todavía no logra condenar a quienes cometen delitos con mayor daño colectivo.

-La Constitución establece que toda persona tiene derecho a un abogado…
-Y es esa premisa la que da nacimiento a nuestro accionar. Por eso nuestro accionar puede quedar en aquellos actos irreproducibles que señalamos hace un momento, en la etapa de investigación penal preliminar o en la etapa del debate oral y público. Es más, aún cuando la sentencia quedó firme y tiene que ser ejecutada, nuestro accionar continúa activa porque somos también defensores de ejecución de penas.

-¿A cuántas personas debe asistir como defensor de ejecución de penas?
-Aproximadamente son más de 700 personas, que ya tienen sentencia firme y su condena se está ejecutando. Son internos que están alojados en distintas unidades penales de la provincia, pero dependen del Juzgado Correccional con asiento en Gualeguaychú. Y de esas 700 personas, me sobran los dedos de la mano para enumerar a quienes son asistidos por defensores particulares. La tarea es enorme.

-¿Y qué cosas se discuten en una defensoría de ejecución de penas?
-Muchas veces abordamos materias que son más importantes incluso que las instancias anteriores. Son cuestiones vinculadas, por ejemplo, con la libertad transitoria. Recalco esta etapa porque no siempre queda visibilizada en la comunidad. El interés social generalmente termina cuando se anoticia de una condena, pero luego ya no hay más preocupación.

-El Patronato de Liberados no funciona en Entre Ríos, pese a que es una estructura que existe y debería estar disponible…
-Es como usted lo señala. Lamentablemente, fallan los órganos de acompañamientos porque no funcionan como corresponde y por eso no se tienen mejores herramientas para una posterior inserción efectiva en la sociedad. Es más, nunca hubo una práctica efectiva del Patronato de Liberados. Tampoco existen programas desde el Estado que permitan hacer un ensamble o bisagra entre el momento en que un interno debe abandonar una unidad penal primero de manera transitoria y luego más paulatina hasta lograr su efectiva inserción en la sociedad. Se necesita de manera urgente articular una herramienta que permita armonizar mejor todas esas etapas.

-Es común escuchar la frase contra un condenado de un delito: “que se pudra en la cárcel”. Sin embargo, la Constitución ordena que las cárceles no serán para castigo. Y eso genera una contradicción cultural y social…
-En la práctica la cárcel es un castigo, más allá del precepto constitucional que claramente no se cumple. Por eso es importante que la sociedad tenga un acceso más directo en el control de la ejecución de las sentencias, justamente para lograr el reclamo de fondo, que es tener mayor seguridad y paz social. En mi opinión personal, básicamente entiendo que este reclamo de mayor encierro y en lo posible de un encierro por más tiempo e incluso “hasta que se pudra en la cárcel”, difícilmente pueda ser el camino correcto para vivir en paz y con mayor seguridad o que ese hecho no vuelva a ocurrir. Para mí es todo lo contrario, porque las unidades penales poco es lo que pueden aportar para concretar ese ideal que indica que las cárceles no serán para castigo sino para resocializar a una persona. Diría que con las actuales condiciones es imposible lograr ese ideal; y al revés, se está alimentando a un sistema reproductor de esas conductas reprochables.

-¿Pero hay personas que no han vuelto a delinquir?
-Es cierto, pero lo han logrado por sus propios medios o en todo caso, fundamentalmente por el apoyo que han tenido en el seno familiar o de contexto social. Pero no por lo vivenciado en una unidad penal. Es más, hay un dato que es por demás preocupante y que tal vez la sociedad no lo vislumbra con claridad: en las unidades penales hay un altísimo nivel de adicciones a las drogas. Diría que aproximadamente el 90 por ciento de las personas que ingresan al sistema penal, tienen problemas con las drogas. Incluso reciben dentro de una unidad penal una oferta de droga mayor a la que puedan acceder estando en libertad.

-Puede sustentar ese concepto con algo concreto…
-Por supuesto. Por ejemplo, cuando un interno quiere acceder a uno de sus derechos como es el de la libertad transitoria luego de haber cumplido un porcentaje de su pena, llega al Juzgado Correccional. Allí, además de una serie de exámenes vinculados con lo psicológico, lo psiquiátrico, entre otros, se le realiza una rinoscopia. Y un altísimo porcentaje da positivo, lo que da cuenta que el consumo de drogas dentro de las unidades penales lejos de haberse evitado o limitado, se ha incrementado. Y ese porcentaje ronda el 90 por ciento de las personas que llegan para hacer ese examen. Es un dato por demás preocupante.

-A diferencia de un abogado de confianza, ustedes como defensores oficiales no eligen a sus clientes…
-No tenemos esa opción y en cambio tenemos la obligación. Mi mandado constitucional es atender a todas las personas que carezcan de recursos y en el caso de que estén imputados de haber cometido un delito, debemos asistirlo con el mayor compromiso técnico posible.

-¿Qué le garantiza a la sociedad el rol que ustedes ejercen?
-A la sociedad le garantiza que toda persona reciba un juicio justo. Pero primordialmente que toda persona es inocente hasta que se le demuestre lo contrario. Ese principio de inocencia está previsto en la Constitución y en los Tratados Internacionales que tienen rango constitucional. Subrayo el concepto de inocencia hasta que se demuestre lo contrario, que es una manda Constitucional, porque en muchos casos, el imputado puede llegar a la audiencia bajo el rótulo de culpable y debe probar su inocencia. La condena social en ese sentido no siempre colabora con la paz social. Hay que entender que nosotros asistimos a una persona que es inocente, porque así lo dice la ley que nos rige a todos. Y el defensor oficial debe bregar por esa inocencia y en caso de que esa inocencia quede quebrada, que haya sido a través de un proceso donde esa persona haya ejercido todas sus garantías de defensa; y en el caso de la pena, que sea proporcional al delito cometido.

-¿Cómo recrea la esperanza al ver hechos tan atroces cometidos por una persona que es parte de esta misma sociedad?
-Comparativamente con otras jurisdicciones de la provincia y del país, en Gualeguaychú no se tienen tantos hechos atroces, más allá de la conmoción colectiva que determinados delitos pueden suscitar en el seno de la sociedad. Lo que sí me conmueve en el día a día, es observar una extrema vulnerabilidad en aquellas personas que nos toca asistir. Es una vulnerabilidad por dónde se lo quiera observar: en lo económico, lo social, lo familiar, lo cultural, lo educativo, lo sanitario. Y especialmente son vulnerables ante el sistema penal, porque son permeables a que el sistema penal los atrape… justamente por esas carencias casi absolutas que poseen. Me preocupa que haya muchos jóvenes sin proyectos de vida e incluso sin referencias familiares: Ya sabemos que la familia es la base de toda organización social, pero también la base de toda organización de una persona como individuo. Cuando los escucho, trato de no juzgar, pero sí comprender. Porque de esa comprensión tendré mayores posibilidades para ayudarlos mejor.

-La sociedad entrerriana está constituida prácticamente por un cincuenta por ciento de hombres y un cincuenta por ciento de mujeres. Sin embargo, hay muy pocas mujeres condenadas. ¿Por qué ocurre esto? ¿La mujer delinque menos que el hombre?

-Es como usted dice: hay muy pocas, pero realmente muy pocas mujeres condenadas. Quizás la respuesta haya que buscarla por la vulnerabilidad que hemos trazado y el nivel de selectividad que tiene el sistema penal. Esa vulnerabilidad y selectividad está centralizada o focalizada en los hombres.

Por Nahuel Maciel