La medida busca ahorrar más de 7.500 millones de pesos este año y se inscribe en la decisión del flamante ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, de achicar el desequilibrio de las cuentas públicas, como le pidió el presidente Mauricio Macri.  La decisión se toma pese a que las ventas arrastran meses de caída y la devolución era un incentivo para incrementar el consumo y el blanqueo de la economía. El reintegro había arrancado en noviembre de 2001, poco antes de que cayera el gobierno de Fernando de la Rúa. Se fue prorrogando año a año, pese a que la economía tuvo por momentos tasas de crecimiento altas. Cuando asumió Macri, el saliente ministro Alfonso Prat-Gay dejó en claro que era una medida en revisión, ya que la extendió sólo por cuatro meses, mientras que por el consumo y la economía en general para abajo, se estiró hasta fin de año.  En el Ministerio de Hacienda consideraron que el esquema vigente hasta fines de 2016 "quedó antiguo porque el mundo se movió hacia un formato de pagos electrónicos. No tiene sentido mantener un privilegio para tarjetas de débito".  Y admitieron el objetivo final de la decisión: "Tenía un costo fiscal demasiado alto y no cumplía con el objetivo de fomentar el uso de tarjetas". El Fisco dejó de recaudar unos 6.000 millones de pesos el año pasado por este sistema mientras que en 2015 habían sido cerca de 4.500 millones.  Antes de terminar el año, salió una resolución que prevé una devolución de IVA para turistas extranjeros en servicios de alojamiento.  El año pasado también comenzó a regir una norma para restituir el IVA a jubilados con haberes bajos y beneficiarios de planes sociales en compras de alimentos y productos básicos. Ahora vino el recorte en la devolución general. A pesar de este escenario, en el Presupuesto Nacional para 2017 figura el costo fiscal del reintegro: 7.500 millones de pesos, contra los 6.077 millones que habían sido presupuestados para 2016; en 2015 fueron 4.500 millones. La última prórroga de este beneficio había sido dispuesta en abril del año pasado, pero vencido el plazo -el último día de 2016- la extensión del mecanismo no fue publicada en el Boletín Oficial. El reintegro se acreditaba en las cuentas de los consumidores entre el 1 y el 5 de cada mes. El objetivo de esta devolución era incentivar la bancarización y limitar las compras "en negro"; incluía una devolución de 3% para adquisiciones con tarjeta de crédito, que se dio de baja. En aquel año, el tope se fijó en mil pesos, y nunca se modificó tras las sucesivas prórrogas. Fuentes oficiales rescataron que se mantiene el reintegro del 15% por el uso de las tarjetas para jubilados que cobren la mínima, pensionados y a aquellos que perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por embarazo, que vigente para compras de hasta 300 pesos mensuales. La medida de no prorrogar la devolución de 5% del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para las compras con tarjeta de débito tendrá un "impacto negativo sobre el consumo formal", consideró el economista Fausto Spotorno en diálogo con ámbito.com. En la misma línea se pronunció el economista Orlando Ferreres: "Naturalmente, tendrá un impacto negativo sobre el consumo formal, como toda suba de impuestos".