Acceso a la información pública

Y en caso de no recibir respuesta en tiempo y forma, el solicitante podrá reclamar por vía administrativa o judicial.
La normativa introduce además obligaciones de transparencia activa mediante la cual cada área del Estado se obliga a publicar de manera accesible, gratuita, actualizada y en formato procesable información sobre su nómina salarial, personal contratado, declaraciones juradas de funcionarios, ejecución de partidas presupuestarias y contrataciones entre otras cuestiones.
En nuestra provincia, ingresó un proyecto de ley en la Cámara Baja para que Entre Ríos adhiera a la Ley Nacional N° 27.275, que sería un gran avance en el fortalecimiento institucional, una meta que se impuso el actual gobernador Gustavo Bordet, que hoy debe lidiar con una provincia con déficit fiscal y con una gran dependencia del envío de recursos de la Nación para pagar los sueldos de los empleados públicos.
No era este el diagnóstico que Bordet tenía durante la campaña electoral del 2015, en donde en reiteradas oportunidades dijo que la situación financiera de la provincia no era tan grave pero al asumir se encontró con una deuda de 20 mil millones de pesos. El propio gobernador fue víctima de la ineficiencia que tuvo esta provincia para transparentar las acciones de gobierno durante los ocho años de la administración Urribarri.
A esta altura de la democracia es de vital importancia la adhesión a la Ley Nacional Nº 27.275, porque el derecho de acceso a la información se constituye como herramienta legal para alcanzar la transparencia de los actos del Estado, pero también como medio de fiscalización y participación efectiva de todos los sectores de la sociedad.