Robo de armas en el STJ: en noviembre se pedirá la elevación a juicio

La fecha que fijó la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) es para dentro de un mes, el 6 de noviembre.

En esa fecha, el fiscal Ignacio Aramberry defenderá la elevación a juicio en una audiencia ante el magistrado, donde también tendrá lugar la representación de la defensa del perito balístico en manos de Damián Petenatti e Iván Vernengo.

Sobre el perito balístico Antonio Daniel Vitali recaen varias acusaciones sobre robo de armas y la intención es “unificar las causas” según las propias palabras del representante del Ministerio Público Fiscal. “En todo caso que lleguen por carriles distintos, pero que en el mismo momento sea juzgado por las dos”, explicó Aramberry.  En esa instancia, el juez de Garantías Eduardo Ruhl escuchará la acusación del fiscal Ignacio Aramberry y a la defensa de Vitali, a cargo de los abogados Damián Petenatti e Iván Vernengo, y deberá resolver si eleva el expediente al juicio oral y público, es decir, si el perito debe sentarse en el banquillo de los acusados. A su vez, se supo que la defensa del profesional apeló el procesamiento que dictó el juez de Transición Nº 2 Pablo Nicolás Zoff, por otra causa de robo de armas ocurrida entre 2008 y 2011.

En la causa más reciente, Vitali está imputado por el robo de armas, para su posterior venta ilegal, de la sección Depósito de Efectos Secuestrados del edificio de Tribunales de Paraná. El fiscal ya adelantó que solicitará una pena de 11 años de prisión, y que está en análisis solicitar unificar esta causa con otra que se tramita con el anterior sistema del Código Procesal Penal de la provincia, y en la que fue procesado por el juez Zoff.

La causa en la que Vitali está a un paso del juicio se inició a principios de 2016, cuando personal de la Comisaría Cuarta secuestró durante un operativo un arma que debía estar en un depósito judicial. Sin embargo, la sorpresa para los investigadores llegó cuando se le practicó el peritaje de rigor y se concluyó que el arma debía estar alojada en el Depósito de Tribunales, porque había sido incautada en otro procedimiento. El fiscal a cargo de la pesquisa se preguntó cómo era posible que un arma secuestrada apareciera nuevamente en las calles, nuevamente en el circuito del hampa. Tras una serie de allanamientos y escuchas, se llegó hasta el perito oficial del STJ y a sus cómplices: Mauro Maximiliano Bertoni, empleado judicial del Departamento Médico Forense; Mario Alberto López Alonso, y Eduardo Ramón Borgogno.

Con la información de inteligencia reunida, el fiscal logró identificar los roles que cumplían cada uno en la asociación que se encargaba de vender las armas judicializadas.