El Gobierno no convocará a extraordinarias en febrero

“Es una discusión casi de días, porque estábamos discutiendo tener una o dos sesiones en la primera quincena de febrero, pero consideramos que no vale la pena hacer el trámite”, explicó el funcionario nacional en conferencia de prensa.

De esta manera, el ministro coordinador confirmó que el Gobierno va a “trabajar en su mensaje a partir del primero de marzo, en un calendario legislativo regular para poder dar todos los ámbitos de debate y desarrollo normal a la vida parlamentaria”.

Además, el referente del PRO aseguró que esta decisión del Ejecutivo “no se debe a ningún cortocircuito” con el líder del bloque peronista en el Senado, Miguel Ángel Pichetto, quien se había mostrado en contra de un posible llamado a extraordinarias.

Peña también sostuvo que “en aquellos proyectos que tienen media sanción es más fácil” el tratamiento en el recinto, por lo que esperan que “en las primeras sesiones del año ya podamos estar hablando de avances en algunas de estas leyes”.

Por otra parte, el funcionario defendió las reformas en materia laboral que impulsa el oficialismo y recordó que el texto que se tratará en el Congreso “surgió de un acuerdo con la CGT”.

“Hemos escuchado a los distintos bloques parlamentarios que creen que se puede debatir de una manera más extensa, construir mayores consensos.

Nosotros no tenemos ningún problema en ese sentido, lo más importante es que estemos de acuerdo en los objetivos, que es mejorar las condiciones de los trabajadores y generar más trabajo formal”, precisó.

Peña señaló también que, a partir de la reforma previsional que se aprobó en diciembre pasado, “más de un millón de jubilados en enero cobraron más” y consideró que, aunque algunos beneficiarios “creían que iban a cobrar menos que el año pasado”, esas son “distorsiones” que “con el correr de los meses se van a ir clarificando”.

Finalmente, respaldó la decisión de Presidencia de sacar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que derogó o modificó una serie de leyes para simplificar trámites con el Estado al manifestar que “es una herramienta constitucional” que consideraron “perfectamente legítima para el uso, centralmente en estos plazos de receso parlamentario”.