La historia de un excura que batalla contra el Estado

No daba nombres ni del capellán ni de su amante. Sólo un dato: era capellán de la Unidad Penal Nº 7, de Gualeguay.

Los capellanes son curas que consiguen un cargo en el Estado, en el Servicio Penitenciario, en el Ministerio de Salud, en Gendarmería, en la Policía Federal, en la Policía de la Provincia, en Prefectura Naval o en instituciones similares.

En las penitenciarías ingresan con el grado de oficiales –adjutor, subadjutor, y pueden llegar a niveles de oficiales jefe, como el capellán de la Unidad Penal de Concordia, que tiene el grado de subalcaide– y según lo prevé la Ley Nº 5,797, de 1976, el clero es incluido en el escalafón “profesional”. De no haber traslado, pueden hacer una “carrera”.

Es el caso del canciller de la curia, Hernán Quijano Guesalaga, que alcanzó el cargo de jefe de División Capellanía de la Policía de Entre Ríos, y se retiró de la fuerza con el grado de comisario mayor. Quijano –nacido en Buenos Aires en 1950, ordenado sacerdote en Paraná en 1976 por el fallecido Adolfo Servando Tortolo– fue capellán de la Policía desde 1984 hasta principios de 2017, cuando pidió el retiro, consignó el portal Entre Ríos Ahora.

José María Castro estuvo cuatro años como capellán en la Unidad Penal de Gualeguay. Lo fue mientras calzó sotanas y respondía al obispo de Gualeguaychú, entonces Jorge Lozano. Pero en 2012 dejó de ser cura. Entre Lozano y Castro hubo una inquina, y el ahora obispo de San Juan le pidió que eligiera entre su vida religiosa y su vida amorosa. Castro terminó abandonando los hábitos.

Puestos al corriente de esa situación, en el Servicio Penitenciario le iniciaron un sumario para disponer su baja como integrante del organismo. Si ya no era cura, su cargo de capellán perdía razón de ser. Pero el cura que “dejó los hábitos por amor” no estuvo de acuerdo con esa decisión del Estado.

 

Expediente

 

Así ocurrió un hecho insólito. El excura Castro inició una batalla legal contra el Estado: pidió seguir siendo miembro del Servicio Penitenciario, y no perder su sueldo, aún cuando haya perdido su estado clerical, y así, su función de capellán.

Castro había llegado en 2008, propuesto por el Obispado de Gualeguaychú para dar atención espiritual a los presos de la Unidad Penal Nº 7 de Gualeguay.

Fue designado en el grado de subadjutor en el Servicio Penitenciario de Entre Ríos el 15 de agosto de 2008, y se lo destinó a la Unidad Penal Nº 7 de Gualeguay. El Decreto Nº 4901 justifica su incorporación a las filas del Servicio Penitenciario “dada la imperiosa necesidad de cubrir las demandas en los servicios vinculados a la asistencia espiritual de los internos alojados como así también del personal penitenciario”.

Varias horas al día, Castro atendía a sus feligreses en la sacristía y daba misas en la Parroquia Nuestra Señora del Rosario de Pompeya, en la calle Barroetaveña de Gualeguay, y otras tantas se ocupaba de los internos alojados en la Unidad Penal Nº 7, adonde había conseguido el cargo de capellán.

Aunque nació en Gualeguaychú en septiembre de 1962, su trabajo de cura lo había llevado por Gualeguay y Galarza, donde cumplió los últimos destinos.

La batalla legal del excura Castro con el Estado entrerriano todavía no acaba.

El Expediente N° 1333431, caratulado “Sumario administrativo seguido c/el capellán y funcionario penitenciario José María Castro c/prestación en la UP N° 7 Gualeguay, ordenado por Resolución N° 851/11”, sigue dando vueltas por la administración pública.

Es un hecho inédito, dicen miembros del Servicio Penitenciario de Entre Ríos: nunca ha ocurrido que un sacerdote dado de baja de la fuerza, porque dejó de ser sacerdote, haya iniciado una causa legal para pedir que le mantengan el sueldo y lo destinen a otra tarea, distinta de la que cumplía, que era la asistencia espiritual de los presos, consignó el sitio digital Entre Ríos Ahora.

El expediente de Castro ha ido y vuelto por distintas áreas del Estado. Actualmente se encuentra en la Unidad Penal de Gualeguay, abierto a prueba. “Se le corrió traslado de la resolución del Servicio Penitenciario, que le da la baja, y según el reglamento del mismo, a partir de allí el sumariado ejerce su derecho a la defensa. Puede presentar un alegato simplemente u ofrecer prueba, como ocurre en este caso. En esa etapa se encuentra”, contó una fuente oficial. Así, aquel capellán que dejó los hábitos por amor ahora batalla para que el amor no lo deje sin el sueldo del Estado.