Consumidores accionarán contra el incremento de la energía eléctrica
El apoderado legal de la Asociación de Consumidores Entrerrianos (Adecen), Raúl Muñoz, adelantó que la entidad “está trabajando a contrarreloj para presentar una acción de amparo colectiva pidiendo la declaración de nulidad de los incrementos” del servicio de energía eléctrica debido a la falta de información concreta sobre los mismos.
Al respecto, explicó que “no es admisible ni tolerable en el ámbito de regulación que tenemos que el usuario no sepa cuál es el incremento en el costo de distribución de la energía; ese dato debe estar perfectamente apreciable en la factura y eso no está, por lo cual es la primer falla de las empresas”.
Agregó que “no solamente es una obligación sino que pasa a ser un derecho del consumidor conocer concretamente cuáles son las pautas económicas del servicio que está consumiendo”. “De la manera en que está consagrado en el ordenamiento jurídico, la notificación de los incrementos y de los valores del servicio pasan a ser una condición de validez del mismo, con lo cual incremento autorizado pero sin notificar, para nosotros es nulo”, sentenció. Reiteró que “la información debe constar en la factura y con una antelación prudente” y recomendó a los usuarios a “que materialicen la disconformidad respecto de los aumentos en un reclamo ante la Dirección Provincial de Defensa al Consumidor”.
En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza) Muñoz afirmó que en la entidad “desde principios de febrero se comenzaron a recibir consultas referidas al alto incremento que llegaba en las facturas” y explicó que “el servicio de energía eléctrica es estacional pero el aumento es de casi el 200 por ciento”.
Al respecto, señaló que “la primer gran cuestión en este tema es la falta de información” y señaló que “ya el año pasado se participó de la audiencia convocada por el Ministerio de Energía que autorizó un incremento pero desde allí hasta la fecha no hubo más nada lo que llama poderosamente la atención y consideramos que es la primera irregularidad en la que incurren las distribuidoras, porque no se terminan las obligaciones que tienen, y una de ellas es la de informar”.
Agregó que “no solamente es una obligación sino que pasa a ser un derecho del consumidor conocer concretamente cuáles son las pautas económicas del servicio que está consumiendo y no se puede hacer en el momento en que al distribuidor le plazca, sino que está previsto por los contratos de concesión y también está establecido en la Constitución”.
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