El procurador dio a conocer el contenido de la acusación formal contra el juez Rossi

 Las denuncias contra Rossi fueron presentadas por los senadores provinciales Nicolás Mattiauda (Cambiemos-Gualeguaychú) y Aldo Ballestena (PJ-La Paz), por el diputado provincial Joaquín Lamadrid (Cambiemos), por Red Alerta Entre Ríos, por el bloque de diputados del PJ junto a la senadora nacional Sigrid Kunath (PJ-Entre Ríos), por un grupo de dirigentes de Cambiemos, por Adpra -entidad que nuclea a Defensorías del Pueblo-, por los diputados provinciales María Elena Tassitro (PJ) y Ricardo Troncoso (UCR) y por la Asamblea Participativa de Mujeres de Paraná.

La presentación de García, con fecha 5 de febrero, consiste en un escrito de 22 fojas en el cual se reseñan las características del sistema de enjuiciamiento de magistrados vigente en la provincia, se cita abundante jurisprudencia y doctrina y se esboza una relación de los hechos.

Allí se resaltan aspectos de las distintas denuncias y se señala la decisión de Rossi de otorgar el beneficio a Wagner el 1° de julio de 2016 “pese a los diversos informes que lo desaconsejaban, efectuados por el Equipo Técnico Criminológico, el Consejo Correccional de la UP9, el Equipo Interdisciplinario del Juzgado de Ejecución de Penas de Gualeguaychú y del dictamen también negativo del fiscal de Coordinación, descalificando los mismos arbitrariamente, sin verdadera fundamentación”.

Más adelante, se señala que “la situación objetiva de la conducta del acusado subsume en las causales de falta de idoneidad para el cargo y mal desempeño de sus funciones” y se indica que, según las denuncias, Rossi “ha mantenido una conducta omisiva a la carga legal que le impone fundamentar con argumentos sus decisiones, en tanto y dentro del principio general que le impone la normativa, pese a los distintos informes negativos”.

“En la razón de que los informes técnicos no son vinculantes, lo que es cierto, pero sin argumentar científicamente demostrando su desacierto o su contradicción o incongruencia con los antecedentes del penado, el magistrado efectuó una aparente fundamentación, haciendo propios los dichos del defensor de Wagner”, marcó García más adelante. “Igual conclusión surge del voto que encabeza la postura mayoritaria de abrir la etapa de juicio”, acotó.

Luego de reproducir pasajes de los argumentos vertidos por la mayoría que definió el enjuiciamiento de Rossi, García ofrece una serie de pruebas. Entre ellas la instrumental, donde pide diversos escritos, las ocho denuncias y otros materiales como la totalidad de las actuaciones llevadas a cabo tras el crimen de Micaela García.

Entre la prueba informativa, el procurador solicitó un informe a la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) sobre las causas de Rossi “que tuvieron entrada en Casación por libertad condicional y salidas transitorias desde 2000, cuando fue designado en el cargo, hasta junio de 2014” y, desde esa fecha hasta la actualidad, lo mismo pide a la Cámara de Casación Penal de Paraná, creada oportunamente.

En cuanto a las testimoniales, García solicitó que se cite a la licenciada en Psicología Yamila Rubio, “quien aparentemente habría atendido al penado Wagner luego de su liberación condicional” y hace lugar al pedido de la Asamblea Participativa de Mujeres de Paraná para que preste testimonio la antropóloga Rita Segato y el psiquiatra Enrique Stola “corriendo esta entidad con la carga de su concurrencia”.

“Por todo lo expuesto, solicitamos se tenga por evacuada la vista corrida, por requerida formalmente la elevación a plenario y por ofrecida la prueba, dándose el trámite correspondiente”, concluyó el Procurador García.