Cecilia Goyeneche: “Los kioscos de droga generan desintegración social y violencia”

Dijo que el desafío será redistribuir funciones de los fiscales. También manifestó la preocupación porque “la política de desfederalización es una política de énfasis en la criminalización” y “las cárceles están en su límite máximo de recepción de internos”.

 Entre Ríos adhirió a la ley nacional de desfederalización de la competencia penal en materia de estupefacientes para los delitos de menor cuantía y, sin embargo, no todos celebran en tribunales. La procuradora adjunta del Poder Judicial, Cecilia Goyeneche, admitió haber recibido con “desazón y sorpresa” que la Legislatura no contemplara la asignación de recursos específicos.

En diálogo con el programa “5 Esquinas” que se emite por Radio Costa Paraná, la funcionaria se manifestó de acuerdo con la iniciativa que permite a la justicia provincial perseguir, juzgar y reprimir el tráfico de drogas de baja escala y consideró que podría ser una herramienta “que podría llegar a ser eficiente en algún aspecto”.

También valoró que la ley de narcomenudeo “tiene ventajas, como el hecho de que la justicia ordinaria está en toda la provincia y tiene mucho más acceso a la información; a la vez, el narcomenudeo está muy vinculado con el delito común, es decir, en las investigaciones que realizamos estamos constantemente tropezándonos con casos de narcomenudeo. Este es el enfoque que se hace para sostener que (la implementación de la ley) puede ser una buena política pública”.

En ese sentido, enfatizó que “los kioscos de droga generan mucha desintegración social, mucha violencia”.

Sin embargo, la funcionaria lamentó y criticó que “los legisladores decidieran que esto se hiciera con los recursos existentes, es decir, con el mismo personal y los mismos elementos de investigación con que se cuenta para la investigación del resto de los delitos”.

En ese marco, consideró que los argumentos por los cuales se rechazó la creación de una unidad fiscal especial y de un gabinete de investigación “son bastante pobres”, en referencia a que “ante la inexistencia de recursos presupuestarios genuinos para destinar a esto, sumado a que otros organismos como el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf), la Policía y el Servicio Penitenciario también pretendían recursos genuinos, como todo no se podía, decidieron recortar en todos los aspectos”.

Más adelante, la procuradora adjunta remarcó que “si la capacidad del sistema de justicia penal en general ya está muy exigida con la cantidad de delitos que debemos investigar, sumarle más delitos sin proporcionar recursos genuinos para eso, hace que algo se vaya a tener que resentir”. Y agregó: “Ahora habrá que trabajar para redistribuir funciones y hacer que algunos funcionarios se enfoquen en la investigación del narcomenudeo”.

Por último, destacó que “el sistema penitenciario es la principal preocupación frente a lo que se viene porque las cárceles están en su límite máximo de recepción de internos y habrá que trabajar para resolver esa situación. La política de desfederalización es una política de énfasis en la criminalización, la transferencia de competencia se hace con el objetivo de lograr una mayor intervención frente a la venta al por menor de droga y como la situación carcelaria ya está en su límite máximo, este es el problema más inmediato con el que nos vamos a encontrar”.