Pidieron cinco años y medio de prisión para Héctor Alanís y Humberto Re

 

El Ministerio Público Fiscal consideró que “la duración del proceso -más de 15 años- fue tenida en cuenta” para formular el pedido de pena. Asimismo, se reclamó la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos y una multa de 90 mil pesos más las costas del juicio. En tanto, la querella suscribió a lo expresado por la acusación pública y solicitó la pena de tres años de prisión condicional. Cabe señalar que Maximiliano Alanís y José Crettón Pereyra acordaron con la Fiscalía un juicio abreviado y aceptaron una condena de dos años y ocho meses de prisión condicional, consignó Análisis Digital.

Los alegatos de parte en la causa que ventiló el desvío de dinero de la Cámara de Senadores de la provincia, entre 1995 y 1999, se desarrollan ayer desde las 9:30 en los tribunales de Paraná. “El Ministerio Público Fiscal considera probado el delito imputado. Alanís y Re fueron quienes dispusieron la salida de dinero para las operaciones a través de la firma de cheques al portador”, alegó Cánepa.

“Había un Senado en minoría, esto implicaba gobernar de una manera muy complicada. La mejor prueba de que esto formó parte de una connivencia entre los dos partidos políticos, es que no hubo ni la más mínima oposición durante el período. Acá hubo un acuerdo entre Alanís y Re, en representación de las fuerzas políticas. En tanto, Maximiliano Alanís y José Crettón Pereyra fueron los brazos ejecutores”, acusó el procurador García.

Además dijo que el delito no hubiese sido posible sin “la acción dolosa” de (Cristian) Treppo y (Marta) Pérez, ambos exauditores en terreno del Tribunal de Cuentas de la provincia. “Treppo había sido llevado por Alanís y no en vano, hoy es intendente de Seguí por el mismo partido político”, lanzó García. Y agregó que “Treppo está a punto de llegar a juicio oral por lo que he denominado las obras del pavimento de oro. Treppo y Pérez eran el reaseguro de que el delito se cometa, hubo una connivencia dolosa”, acotó.

Para la Fiscalía, el peculado ya se concretó en la emisión de cheques “por más de 500 mil pesos al portador, porque se perdió la cadena de custodia del dinero público, ya que eran cobrados por empleados sin jerarquía alguna”.

“Las personas que deciden son las que llevan a cabo estas acciones que no son realizadas por ´pinches´, y si los ´pinches´ lo hacen es a raíz de acuerdo u orden de quiénes deciden”, asentó.

En tanto, desde el MPF también marcaron que el hecho de que el Tribunal de Cuentas haya aprobado en su momento las maniobras, “no significa que esto sea cosa juzgada”, porque “eso corresponde a cuestiones administrativas y no exime a la justicia penal ni civil”.

A su turno, los querellantes Juan Torres y Julián Grascia de la Fiscalía de Estado y la Oficina Anticorrupción, respectivamente, adhirieron al alegato del Ministerio Público Fiscal y solicitaron penas de tres años de prisión condicional.