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Diario El Argentinojueves 28 de marzo de 2024
Provinciales

Corrupción en Obras Sanitarias de Entre Ríos

Corrupción en Obras Sanitarias de Entre Ríos

Hugo Righelato acordó una pena de tres años de prisión efectiva


 

El exdirector de Obras Sanitarias de Entre Ríos (OSER), Hugo Righelato, acordó ayer una pena con el Ministerio Público Fiscal, en el marco de un juicio abreviado por los delitos de peculado, administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la administración pública.

 

En la audiencia el fiscal Francisco Ramírez Montrull relató parte de las pruebas que constan en los expedientes y que forzaron a Righelato a acudir al juicio abreviado, lo que implica el reconocimiento de la autoría del delito.

 

“Es lo que le solicité a mi abogado. Soy totalmente consciente de los hechos que se me imputan y de la pena acordada”, expresó Righelatto ante el juez Elvio Garzón según registró Análisis Digital.

 

La pena acordada es de tres años de prisión efectiva, el decomiso de dos inmuebles, el pago de 10 mil dólares y la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.

 

El juez Garzón deberá resolver si homologa o no el acuerdo e informará de esta resolución el próximo 20 de abril en horas del mediodía.

 

El exfuncionario está imputado por los supuestos delitos de peculado, administración fraudulenta y negocios incompatibles con la administración pública.

 

Durante la investigación se habló que también podrían ampliar la imputación por delito ambiental en otra causa en la que se investigó la contratación de obras de provisión de agua potable en la provincia, pero nada de esto se observó en la audiencia de ayer donde se expusieron los pormenores de un acuerdo de juicio abreviado en el cual Righelato reconoció su autoría en los hechos que se le imputan.

 

 
Los hechos
 

 

Righelato está imputado por el delito de peculado de bienes y servicios por su participación en al menos tres empresas que eran proveedores del Estado: Ecocien SA (conformada en 2014), Azul SRL (creada en 2011) y Tecno Geo SA (formada en 2009).

 

Los fiscales determinaron que las empresas no contaban con personal, y que los trabajos que se les adjudicaban eran realizados por trabajadores y maquinaria de Obras Sanitarias.

 

El caso de Righelato salió a la luz en 2016 por una investigación de la revista Análisis, y tuvo una alta repercusión pública cuando fue detenido en la medianoche del 11 de octubre de ese año, mientras intentaba sacar documentación del organismo público de su casa ubicada en calle Fraternidad de Paraná.

 

Tras la detención hubo allanamientos en su vivienda, en las empresas que se le vinculan y en el organismo estatal. En uno de esos procedimientos, personal policial secuestró cerca de 70 mil pesos. El 12 de octubre de 2016, el exfuncionario se abstuvo de declarar ante los fiscales. Righelato permaneció detenido en la Unidad Penal N° 1 de Paraná hasta el 7 de diciembre de ese año, fecha en que se le dio el beneficio de la prisión domiciliaria que terminó el 7 de marzo del año pasado.

 

Desde entonces, el ex mandamás de Obras Sanitarias estuvo con algunas restricciones, como acercarse al edificio de Obras Sanitarias y contactarse con testigos de la causa.
 
 

 

Homologación. El 20 de abril se conocerá si el juez homologa o no el acuerdo por tres años de prisión efectiva, el decomiso de dos inmuebles y una multa de 10 mil dólares, además de la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.
 
 
 
Crítica
 
El abogado querellante en causas de corrupción, Rubén Pagliotto, sostuvo que el acuerdo en juicio abreviado del extitular de Obras Sanitarias, Hugo Righelato, “sienta un antecedente de pésima factura porque esto sería un salvoconducto para otras causas que involucran a otros funcionarios, como (Sergio) Urribarri y (Pedro) Báez entre otros”.

 

En ese marco criticó el hecho de “acordar ante semejantes delitos contra la administración pública, nada más que una pena de tres años y la devolución de alguna suma de dinero o algún bien, dejando afuera la posibilidad de investigar el delito de enriquecimiento ilícito”.

 

“Frente a este panorama sombrío y extremadamente grave, la información me produce una profunda desazón y me confirma que en esta provincia se persigue a los pobres y a aquellos que en algún momento –por un motivo u otro- se enfrentan a la estructura del Poder Judicial”, expresó en declaraciones publicadas ayer por Análisis Digital.

 

Además, advirtió que de confirmarse el acuerdo judicial “no esperemos penas mayores para Sergio Urribarri o Pedro Báez, ni para otros funcionarios que hoy atraviesan procesos de esta naturaleza”.

 

Del mismo modo, consideró “una tomada de pelo y confirma la tesis que venimos sosteniendo desde hace tiempo: que en Entre Ríos no hay una política criminal de persecución para los delitos contra la administración pública”.

 

Ante esto, deseó “que la Justicia reflexione y que el juez no firme este acuerdo”.

 


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