Causa de la vaca: Bustamante reconoció la maniobra del desvío de fondos públicos
Jesús José María Bustamante formalizó ayer al mediodía el acuerdo de juicio abreviado en la denominada causa de la vaca, tal como lo adelantó en la edición del sábado pasado EL ARGENTINO.
El empresario publicitario aceptó dos años y ocho meses de prisión condicional, más 96 horas anuales de trabajo social durante dos años, y una multa de 90 mil pesos que abonará en cuotas de 15 mil pesos cada una, consignó Análisis Digital.
Bustamante reconoció frente al magistrado que parte del dinero que cobraba por contratos publicitarios entregados a su empresa, debía retornarlo a la imprenta de Juan Pablo Aguilera, cuñado el entonces gobernador y actual presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Urribarri.
Asimismo, el fiscal Gonzalo Badano sostuvo que casi la totalidad de la publicidad en la vía pública entre 2010 y 2015, fue direccionada sin objeciones por el exgobernador Urribarri y el exministro de Cultura y actual diputado provincial, Pedro Báez a las imprentas de Aguilera y las empresas publicitarias de Bustamante y Hugo Fernando Montañana.
Uno de los roles claves que se destacó en la operatoria de direccionamiento y retorno fue el de la contadora Corina Cargnel. También se subrayó el modo en que se valieron de certificaciones truchas para dar cuenta del cumplimiento de los contratos.
El voluminoso legajo fue acarreado ayer al mediodía a la sala donde se formalizó el acuerdo de juicio abreviado con Bustamante. Se trata de cajas apiladas, partes del expediente acordonadas y carpetas de archivo que fueron dispuestas en la Sala de Audiencias N° 4, frente al juez Ricardo Bonazzola.
Urribarri, Báez y Aguilera
Por otro lado, la Cámara de Casación Penal consideró “inadmisibles” los recursos presentados por los defensores del exgobernador Urribarri, de su cuñado Juan Pablo Aguilera, y del diputado provincial Pedro Báez, contra los embargos decretados sobre el patrimonio de los tres en la causa que investiga la distribución irregular de publicidad a las firmas Tep SRL y Next SRL.
De forma unánime, los jueces Marcela Davite, Marcela Badano y Hugo Perotti rechazaron el recurso de casación que presentaron los abogados de los tres acusados contra la decisión adoptada por el juez de Garantías, José Eduardo Ruhl, más tarde confirmada por el camarista Daniel Julián Antonio Malatesta; publicó Análisis Digital.
Casación también rechazó “in limine” la recusación que había presentado contra la vocal Marcela Badano, integrante del tribunal, el abogado Ignacio Díaz, defensor de Pedro Báez.
En la causa por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y defraudación a la administración pública, el juez dispuso un embargo de 26 millones de pesos de los bienes de Urribarri.
El embargo alcanza también al exministro de Cultura y Comunicación y actual diputado provincial (FPV) Pedro Ángel Báez y al propio Aguilera, más los empresarios Jesús José María Bustamante y Hugo Fernando Montañana, también por 26 millones de pesos, más la inhibición general de bienes. Además, Urribarri recusó al juez Ruhl, planteo que será abordado en audiencia pública este viernes.
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