Cuando la narco política se hace presente en Entre Ríos

Por Nahuel Maciel
EL ARGENTINO

Si se define a la narcopolítica como un sistema criminal que contamina las instituciones del Estado para expandir el delito a través de esa red e incluso -en algunos casos- ante el amparo de funcionarios de gobierno, se puede aseverar sin temor que esa definición comprende cabalmente a la Municipalidad de Paraná bajo la administración de Sergio Varisco (Cambiemos).
A raíz de las investigaciones que lleva adelante el juez Federal, Leandro Ríos, ya se comprobó el año pasado en el expediente que el ahora detenido Daniel “Tavi” Celis, financió con fondos del narcotráfico la campaña electoral de Varisco. En esa oportunidad, la Justicia entendió que por lo menos Varisco había sido “imprudente” al aceptar dineros de esa actividad ilegal.
Escuchas telefónicas entre Celis y varios altos funcionarios de la administración Varisco e incluso con el concejal de Cambiemos, Pablo Hernández, fueron palmarias muestras del vínculo íntimo y directo que existía entre el narcotraficante y esos funcionarios públicos. Entonces ni siquiera hubo autocrítica ni tampoco una explicación al ciudadano sobre esas conductas. La realidad no se puede ocultar con el silencio cómplice.
Ahora, tras los allanamientos realizados a la Municipalidad de Paraná y a la casa familiar de Varisco, el propio intendente quedó imputado y el juez le tomará declaración indagatoria.
Celis utilizaba una estructura municipal para distribuir la droga en Paraná a través de los camiones recolectores de residuos domiciliarios y para ello le cedían esas unidades anulándole los GPS. Un escándalo, donde otra vez la dirigencia optó por el peor silencio: el que permite la impunidad.
Silencio con el origen de los fondos de la campaña electoral, pero también silencio una vez en el poder con la utilización del Municipio para distribuir la droga.
Es de una gravedad institucional nunca antes experimentada en Entre Ríos: el intendente de la capital provincial fue imputado por la Justicia Federal por presuntas actividades de narcotráfico. Junto a él, también están imputados el concejal Hernández y la secretaria de Seguridad de ese municipio Griselda Bordeira, quien además es funcionaria policial. 
Con las escuchas telefónicas que se conocieron el año pasado, la Policía de Entre Ríos no hizo nada con Bordeira. Todo quedó como si nada hubiera pasado. Aquí también hubo un mirar para otro lado que es inaceptable. Aunque, esta vez, luego de los allanamientos de hace pocos días, a Bordeira se le inició (tardíamente) un sumario interno que está en pleno desarrollo.
Los líderes de Cambiemos en Paraná sólo abrieron la boca para pedir a gritos que el juez Ríos sea recusado. Entonces, los abogados Rubén Pagliotto y Miguel Ángel Cullen, (defensores de Varisco), lo recusaron porque el juez Federal había sido querellante en 2004 (hace catorce años) en la causa que tuvo el actual intendente como imputado por el accidente de tránsito en el que murió la concejal Mercedes Lescano. No se les ocurrió recusarlo el año pasado cuando el mismo juez expresó que Varisco había sido “imprudente” por permitir que el narcotraficante Celis financiara parte de la campaña electoral.
El juez Ríos entendió que no debía apartarse de la investigación porque no se afecta la “garantía de imparcialidad”. Entonces, los defensores de Varisco presentaron otra arma: una denuncia penal para que se investigue a ese Juzgado por la supuesta divulgación de datos al periodismo de la causa mientras regía el secreto de sumario.
El caso es de un escándalo que va creciendo e incluso con repercusiones nacionales. Por eso llama mucho la atención que nadie de la política de Cambiemos hable claro sobre lo que está pasando: el narcotráfico financió parte de la campaña electoral de Varisco y sobre ello no hablan ni una palabra. No hay siquiera autocrítica… y al parecer ni siquiera arrepentimiento.
Ese espacio político ¿no tienen nada que decir? No se trata de que hablen por el futuro judicial de Varisco (eso lo resolverá el juez en base a la prueba), sino porque esa gestión llegó al poder financiados por la venta de drogas (“la imprudencia” en todo caso como dijo el mismo juez) y que como ya se vio en Paraná, capta a parte del Estado para expandir el negocio de la muerte.
Esta actitud pacata (que es timorata y miedosa) y de genuflexión (que es la cultura de la sumisión) frente al financiamiento electoral los inhabilita por el momento para hablar de cambios en las instituciones del Estado. Una pena, como toda oportunidad perdida para cambiar. Ojalá reflexionen y fruto de esa reflexión comiencen a explicar por qué no se dijeron nada entonces, además de pedir perdón al ciudadano por haber sido financiados en parte por el narcotráfico y bosquejen un mecanismo para evitar que el mal ejemplo que dieron no se expanda a otras localidades de Entre Ríos.