La Municipalidad convoca a  ambientalistas y vecinos para  tratar la medida cautelar

Como se ha informado, el martes pasado, el juez federal subrogante Pablo Andrés Seró, dio lugar a la medida cautelar presentada por diferentes propietarios de locales que comercializan el agroquímico dentro del ejido de Gualeguaychú, lo que  implica que podrán continuar con la venta de Glifosato hasta tanto la Justicia Federal se expida sobre la cuestión de fondo, es decir, sobre el planteo de inconstitucionalidad de la Ordenanza municipal N° 12.216/18 denominada “Glifosato Cero” que prohibió en el ejido municipal el uso, aplicación,  expendio, almacenamiento,  transporte y comercialización de Glifosato y de aquellas formulaciones que lo contengan.

 

 #GlifosatoCero

 

En la convocatoria municipal se expresa que  #GlifosatoCero es la consigna que desde hace meses se instaló en Gualeguaychú para lograr un ambiente sano y en el que no se fumigue la vida de todos los gualeguaychuenses. En este sentido, el  17 de abril el Concejo Deliberante de la ciudad aprobó la ordenanza que prohíbe la comercialización, transporte, acopio y aplicación de glifosato en el ejido de Gualeguaychú. La Municipalidad defiende la salud, el ambiente, los derechos humanos al ratificar la decisión de prohibición del glifosato, sabiendo que nueve de cada diez gualeguaychuenses apoyaron la medida.

Tanto la Constitución de la provincia como la Ley 1027 en su artículo 11º, sostienen que las Municipalidades tienen facultades para intervenir en los procesos productivos y en las prácticas más amigables con el ambiente y reconoce, en el caso de la ley 1027, que se pueden dictar normativas en términos progresivos. Es decir que los Municipios tienen autonomía para legislar en materia ambiental.

La Corte de Suprema de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostienen que cuando hay derechos vulnerados, los Estados locales, por su cercanía con los vecinos, deben y tienen facultades para proteger esos derechos vulnerados. Esto significa que, si hay peligro para la salud, el Estado tiene que intervenir y resolver para evitar que una determinada actividad -comercial en este caso- haga abuso del Derecho perjudicando al derecho a la salud y a vivir en un ambiente sano.

Por esta razón, se convoca e invita públicamente a todas las agrupaciones ambientalistas y vecinos de la ciudad a participar de la reunión para avanzar sobre la medida cautelar a la que hizo lugar el juez Seró. 

Vale recordar que en sus declaraciones a la prensa, apenas concido el fallo judicial, el Presidente del Concejo Deliberante y vice intendente, Dr. Jorge Maradey anticipó  que los asesores legales de la Municipalidad están evaluando los pasos a seguir para que no se dé marcha atrás con la ordenanza.