Piden a Bonadío que se allane la empresa constructora Pietroboni

En el texto, los letrados describen mecanismos de corrupción en torno de la obra pública expuestos en una entrevista radial por el fallecido empresario de la construcción Víctor Pietroboni, que los motivaron a presentar una denuncia penal ante el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay en 2016. Los letrados se quejaron por no poder obtener información sobre la marcha de la investigación y sugirieron al magistrado que allane el domicilio del ejecutivo y las sedes de la firma en busca de documentación, consignó Análisis Digital.

“Somos conscientes, plenamente, que esta causa reviste un interés superlativo para la Nación argentina y se erige sin dudas, como la más importante investigación sobre hechos de corrupción sistémica, siendo que se trató, claramente, de un mecanismo de saqueo sistemático y permanente de fondos públicos a través de un aparato organizado de poder para delinquir (asociación ilícita), conformado por funcionarios públicos y empresarios del sector privado, que utilizaron como modalidades propias y específicas de su ejecución, la cartelización de la obra pública para direccionar su adjudicación a las empresas socias del club, el sobreprecio y el pago de coimas, lo que implicó un drenaje permanente de fondos estatales hacia un grupo de funcionarios que estuvieron comandados por Néstor Kirchner primero y por Cristina Fernández, después”, introdujeron los letrados.

Luego, enumeraron la prueba arrimada, consistente en el audio de las declaraciones que el fallecido empresario de la construcción entrerriano Víctor Pietroboni formuló a un programa radial de Concepción del Uruguay.

“Libre y espontáneamente dio detalles precisos y contextualizados de cómo funcionó el sistema de la obra pública durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, dando cuenta también de la participación y rol que les cupo a funcionarios de altísima línea de esos gobiernos que se sucedieron unos a otros, sin solución de continuidad, entre el año 2003 y el 2015”, indicaron.

“Concretamente, Pietroboni afirmó que las empresas operaban de forma cartelizada, explicando puntillosamente la metodología del sobreprecio, el pago de la coima o retornos como el porcentaje de los mismos y dando cuenta, sin ambages, de las personas que participaban de este plan sistemático de saqueo de fondos estatales a través de la obra pública”.

Más adelante, los letrados contaron que los dichos de Pietroboni los motivaron a presentar una denuncia penal el 16 de junio de 2016, que fue ampliada el 22 de agosto del mismo año, ante la fiscal federal de Concepción del Uruguay Mariela Montefinale y el juez federal Pablo Seró, a quienes les solicitaron “la inmediata y directa intervención, a fin de adoptar las medidas procesales y el temperamento que determinen las normas de forma y fondo vigentes”, publicó Análisis Digital.

Los abogados explicaron luego las alusiones a sobreprecios, pagos de certificados de obras no realizadas y triangulaciones. Por ejemplo, señalaron que Pietroboni expuso que “se hacían 50 mil metros cúbicos de terraplén y se pagaban por 200 mil” o que “se licitaba una obra el Gobierno de Santa Cruz, pero al convenio lo pagaba Vialidad Nacional”.

“Se deduce, según sus propias palabras, que la facturación anual promedio de su empresa rondaría los diez mil millones de pesos. Concluimos entonces que se le han adjudicado obras públicas a la empresa que preside, en las mismas ‘condiciones de mercado’ a las que alude en su declaración radial”, alertaron luego, al tiempo que advirtieron que la aparición de Pietroboni fue “oportunista” y que buscó “victimizarse ante la opinión pública”.

Sobre el final, los abogados cuestionaron “el silencio sepulcral” del Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, adonde intentaron en dos oportunidades obtener “infructuosamente alguna información sobre la marcha y estado de la denuncia”.

 “Sin lugar a dudas que, si no se han registrado avances significativos hasta el momento luego de dos años, se habrá perdido mucho tiempo y desperdiciado oportunidades esenciales. Es por ello que entendimos pertinente, útil y oportuno arrimar estos elementos probatorios contundentes a la causa nacionalmente conocida como la de los ‘cuadernos de las coimas’”, completaron; para sugerirle a Bonadío que disponga de allanamientos y orden de requisa en el domicilio de Pietroboni y en las sedes de su empresa.