Tres condenados por robar veinte baterías de la empresa Telecom

 

Tenían un plan común, coordinado y con tareas divididas conforme a un proyecto delictivo que fue pensado de manera minuciosa.

En la Autovía Gervasio Artigas (Ruta Nacional N° 14), a la altura del kilómetro 38,5 se detuvieron. El paisaje rural característico de la zona: un lugar poco frecuentado, excepto por los vecinos de la colonia y con viviendas muy distantes entre sí.

Dos de ellos se bajaron de la camioneta y el conductor circulaba por las inmediaciones en claro apoyo de transporte.

Los dos que siguieron a pie ingresaron y egresaron varias veces del establecimiento rural denominado Don Salomón; hasta que dieron con el predio buscado.

Un perímetro vallado por alambre tejido, resguardaba la estructura de una antena de telefonía de la empresa Telecom.

Rompieron el alambrado, ingresaron a ese perímetro y forzaron la cerradura de dos gabinetes. El objetivo había sido alcanzado: se apoderaron de veinte baterías de circuito continuo, color amarillas, con etiquetas Power Safe, marca Nokia 4; que cargaron entre los tres en la camioneta.

De regreso a la ciudad especularon que hacer con el dinero de ese botín, dado que iba a ser fácilmente reducirla en el mercado negro.

La celebración les duró poco, porque al transitar por el Acceso Sur, en inmediaciones de la empresa Silcatos, fueron detenidos por personal de la Brigada de Abigeatos en un operativo de rutina. Los uniformados se sorprendieron al observar que en la camioneta había veinte baterías no muy comunes y que les llamó la atención.

Lo demás fue ya publicado por EL ARGENTINO en la edición del jueves 26 de julio, donde se daba cuenta de la aprehensión de estas tres personas.

El Ministerio Público Fiscal abrió un legajo de Investigación Penal Preparatoria (IPP) que llevó el número 5093/18, caratulada “Bonfiglio, Carlos Alfredo S/ su denuncia” y estuvo a cargo de la fiscal auxiliar N° 2, Lucrecia Lizzi.

El 9 de agosto se realizó una audiencia de juicio abreviado, donde los tres imputados reconocieron su responsabilidad en el hecho. De esa audiencia, presidida por el juez de Garantías y Transición N° 1, Mario Figueroa; también participaron el defensor oficial Martín Clapier y se dejó constancia de la presencia del abogado de la parte querellante, Pedro Delfino.

Así, se acordó para Hugo Martín Eleuterio Jaurena, de 44 años; la pena de tres años de prisión de ejecución condicional, por el delito de robo calificado por ser en despoblado en calidad de autor; además de reglas de conductas por el mismo lapso.

El mismo destino tuvo Carlos Joaquín Oscar Gutiérrez, de 34 años; que también acordó una pena de tres años de prisión de ejecución condicional y reglas de conductas por la misma extensión de tiempo. Aunque en este caso, Gutiérrez admitió otros hechos delictivos que también se tuvieron en cuenta como el de encubrimiento por receptación de cosa cuya procedencia era ilícita y robo calificado por efracción en grado de tentativa.

Y el tercer implicado en el robo de las veinte baterías de la empresa Telecom, Néstor Aníbal Larrea, la pena fue más dura: tres años de prisión de cumplimiento efectivo, dado que fue declarado reincidente por otros hechos delictivos. Por eso el juez Figueroa ordenó en esa misma audiencia la inmediata detención y alojamiento de Larrea en la Unidad Penal N° 2.

Estas tres condenas se encuentran firmes, al renunciar las partes a los plazos de impugnación. Además, de que los ahora condenados expresaron su voluntad de someterse al juicio abreviado, que había sido informado previamente de su alcance y significación; que admitieron su culpabilidad y responsabilidad en el hecho imputado, además de consentir la sanción punitiva acordada y manifestar que no deseaban someterse al trance de un juicio plenario.

En diálogo con EL ARGENTINO, el abogado de la empresa Telecom, Pedro Delfino, expresó su satisfacción por el juicio abreviado; destacando la importancia de la economía procesal sin lesionar el servicio de Justicia que se espera en estos casos; además de reconocer que el monto de las penas como su ejecución condicional en dos casos y de ejecución efectiva en el tercero; fueron proporcionales.

En ese marco, aclaró que más allá del daño patrimonial a la empresa que representa, se generó un daño a la comunidad en su conjunto al lesionarse el servicio de telefonía. “Por eso hay que tener en cuenta que las consecuencias de determinados delitos, no solo genera daño a su afectado directo, sino también pueden ocasionar daños a terceros, como pudo ser en esta oportunidad”, indicó.

 

Por Nahuel Maciel

EL ARGENTINO