Gualeguaychú | Entre Ríos | Argentina
27 de marzo de 2019

Falta de sentido de la oportunidad

06/01/19 |

En medio de los festejos de Fin de Año y poco antes de partir de vacaciones a la Patagonia, el presidente Mauricio Macri otorgó por decreto un incremento salarial del 25 por ciento a los ministros y cargos políticos de primera línea dependientes del Poder Ejecutivo Nacional.

Se argumentó que la medida viene a descongelar los haberes de los funcionarios (incluido del propio Presidente) que no habían tenido variaciones durante todo 2018.

La decisión de principios del año pasado de poner un cepo a los sueldos en esas categorías fue una forma de transmitir a la sociedad un mensaje de moderación, en el marco de una crisis económica y social que se fue profundizando con el correr de los meses.

Habría que preguntarse si el contexto de depresión económica y de carencias de toda índole que afectan a millones de conciudadanos se ha modificado de modo tal como para descongelar aquel compromiso de austeridad.

Los funcionarios públicos de los tres poderes del Estado tienen derechos y obligaciones compatibles con las tareas que desempeñan. El reconocimiento de una retribución monetaria acorde con la jerarquía del cargo que ocupan y con su responsabilidad institucional es uno de los derechos que les asisten, conforme a las normas vigentes en la materia.

Son preceptos que están fuera de discusión. Lo que no quita que la ciudadanía exprese su malestar cada vez que se difunden los sueldos que se abonan en las dependencias de primera línea de la administración del Estado. Más aún cuando se cocinan prerrogativas y aumentos de sueldos discordantes con la realidad.

Según datos oficiales, el sueldo de Macri será ahora de 268.056 pesos; el de la vicepresidenta, Gabriela Michetti, saltará de 198.559 pesos a 248.199 pesos, y el de los ministros, que cobraban unos 189 mil pesos mensuales, trepará a 236.278 pesos.

Es cierto que no son cifras desmesuradas si se las coteja con las que se fijan para los puestos gerenciales en muchas empresas privadas de primera línea.

Lo que entra en contradicción es la oportunidad (no sólo en lo referido a lo dispuesto por Macri para sus colaboradores) de otorgar beneficios para dirigentes a los que el ciudadano cataloga, por lo general de modo negativo, como “clase política”.

Una vieja estirpe que (vale admitirlo) no siempre honra su responsabilidad funcional para justificar lo que le paga el erario público. Y que, por acciones propias o ajenas, cae en el desprestigio generalizado que supura de la corrupción.

Mientras se extienda la crisis que daña a millones de argentinos, es aconsejable moderar los excesos.

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