Agrotóxicos: la CTA de los Trabajadores en contra del decreto del gobernador

Desde una de las CTA entrerrianas expresaron su malestar por el decreto del gobernador Gustavo Bordet que establece límites inferiores a los que puso la Justicia para fumigar con agrotóxicos en inmediaciones de las escuelas rurales de la provincia: “Repudiamos el decreto del gobernador Bordet que contrariando el fallo judicial reduce las distancias para fumigar las escuelas rurales. Según investigaciones del CONICET Entre Ríos es la provincia más fumigada del mundo. El 68 por ciento de las tierras cultivables están sembradas con soja”, aseguraron en comunicado de prensa.

Además, citaron los resultados de las investigaciones de la Agencia Internacional para la Ivestigación del Cáncer (IARC) -vinculada a la Organización Mundial de la Salud- en la cual se aseguró que hay evidencia suficiente para relacionar el glifosato con la proliferación del cáncer.

De esta forma, la CTA de los Trabajadores (bajo la conducción nacional de Hugo Yasky) se manifestó en contra de la decisión del gobernador Gustavo Bordet que decretó límites inferiores a las fumigaciones con tóxicos en inmediaciones de las escuelas rurales: “En nuestra provincia casi la mitad de los establecimientos educativos están situados en áreas rurales, y por esta razón, expuestos a las fumigaciones con todo tipo de sustancias utilizadas en la producción agropecuaria”, consignó Análisis Digital.

“Algunos casos que tomaron estado público fueron el de la escuela N° 44 de Santa Anita donde los alumnos -de 5, 9 y 10 años-, y su docente Mariela Leiva tuvieron que recibir atención médica por vómitos, náuseas, dolores estomacales, erupciones en la piel y mucosas y hubo una condena judicial a los responsables. Otro caso fue el de la Escuela Nº 66 donde en 2012 su directora Estela Lemes fue afectada también por una fumigación ilegal que hoy la obliga a convivir con químicos en su sangre”, agregó el documento.

También hicieron referencia a los respectivos concejos deliberantes que limitaron la práctica habitual del agronegocio: “Estas situaciones llevaron a que muchos municipios elaboren normas para evitar el uso de agroquímicos en las ciudades. En Paraná, el Concejo Deliberante aprobó una ordenanza que prohibía el uso y comercialización de agroquímicos en la ciudad, que luego fue vetada por el intendente (de Paraná, Sergio) Varisco en sus artículos más importantes”.

“Según demuestran las estadísticas de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, en algunos pueblos como San Salvador se mueren de cáncer una de cada 2 personas. El 55 por ciento de los niños y adultos internados en el Hospital Garrahan y el Hospital Italiano por casos de cáncer o malformaciones provienen de nuestra provincia”, explicaron.

Luego, comenzaron a explicar su postura desde el relato de los acontecimientos que derivaron en el decreto gubernamental: “Tras la presentación de AGMER de un amparo ambiental colectivo contra el Superior Gobierno de la Provincia exigiendo medidas para resguardar de las fumigaciones a las escuelas rurales en defensa de la salud de niños y trabajadores, el juez Daniel Benedetto prohibió las fumigaciones antes de los 1000 metros si son terrestres y 3000 metros en el caso de las aéreas. 'Existiendo niños involucrados en el conflicto, rige el principio rector de su interés superior', dice el fallo de la Justicia. Si bien el Gobierno Provincial pidió luego la nulidad del fallo, el STJ lo dejó firme”, advirtieron.

“El lobby sojero accionó durante todo el proceso. No están dispuestos a ceder ni un metro de superficie, aunque la salud de los niños sea lo que está en juego. Lo único que importa es la rentabilidad. Hasta los alambrados han retirado en muchos campos para sembrar en tierras fiscales a la vera del camino y el desmonte avanza destruyendo miles de hectáreas de monte nativo. Sin embargo, esto no parece preocupar a nuestras autoridades”, fustigó el documento.

En esa línea, señalaron que “repudiamos el decreto del Gobierno que desconociendo el fallo judicial existente prioriza el interés económico de unos pocos en detrimento de la vida y la salud de miles de niñas y niños y de trabajadores de las escuelas entrerrianas”. “Desde CTA Mesa Paraná exigimos al Gobierno Provincial el cumplimiento del fallo judicial en todos sus términos y que se declare de inmediato la emergencia sanitaria en la provincia en resguardo de la salud de nuestros habitantes”, finalizó.