AMIA: se conoció un documento en donde se acusó a Cambiemos por “encubrimiento”
El ex titular de la Unidad Especial de Investigación AMIA, el radical Mario Cimadevilla, redactó un informe que tomó estado público ayer en donde advirtió sobre decisiones que el Gobierno Nacional adoptó y que muestran una falta de voluntad para investigar quien llevó a cabo el atentado a la mutual judía y quienes encubrieron el delito.
Según el ex funcionario de Cambiemos, la unidad de investigación que él comandó hasta el año pasado iba camino a constituirse en una “unidad especial de encubrimiento”. El caso tuvo relevancia cuando Germán Garavano decidió cambiar los abogados del Estado para evitar que acusen a dos fiscales involucrados en el caso encubrimiento: “Del juicio por la voladura de la AMIA no les interesaba nada; el único interés era que no se acusara en la causa de encubrimiento”. Denunció que, ante el reiterado pedido de información y recursos tecnológicos, el Gobierno desoyó los pedidos hasta llegar al punto de cambiar la querella y pedirle la renuncia a Cimadevilla: “Le dije a Macri que le agradecía por relevarme de cumplir un compromiso que él no estaba dispuesto a asumir”, fustigó Cimadevilla.
En un informe que hasta ahora no se conocía, el radical Mario Cimadevilla acusó al gobierno de Mauricio Macri de intentar convertir la Unidad Especial de Investigación AMIA, que él comandaba, en una “unidad especial de encubrimiento”. El documento estaba dirigido al propio Presidente y le señalaba su falta de voluntad e interés por el esclarecimiento del atentado en sí y aludía a los pedidos que había recibido para que la querella del Estado impulsara la absolución de los dos fiscales acusados en el juicio oral por el encubrimiento del ataque terrorista, Eamon Mullen y José Barbaccia, que ahora está en la recta final y podría terminar en marzo. La unidad en cuestión fue disuelta en medio de un escándalo, cuando fueron revocados los poderes de los abogados del Ministerio de Justicia que querían pedir penas para todos los implicados en el juicio sobre las irregularidades en la investigación original.
La existencia del documento presentado por Cimadevilla, con un balance de su actividad y su diagnóstico de la situación, fue presentado hace casi un año, cuando el Poder Ejecutivo resolvió disolver la repartición especializada, que entre sus tareas tenía la de aportar a la causa madre sobre el atentado, que sigue impune, sin avances, y ejercer la querella estatal en el juicio que está en marcha por el encubrimiento del atentado a través de maniobras en la investigación original, con acusados como Carlos Saúl Menem, Hugo Anzorreguy, el ex juez Juan José Galeano, los fiscales Mullen y Barbaccia, el ex comisario Jorge “Fino” Palacios, el ex titular de la DAIA Rubén Beraja y Carlos Telleldín. Se los acusa básicamente de haber armado una historia falsa para explicar el atentado. De hecho, le pagaron con fondos de la ex SIDE a Telleldín para que acusara a un grupo de policías.
Otra parte del escrito dice que eran tantos los obstáculos para avanzar en la investigación del atentado en sí mismo que “fue más difícil acceder a información en poder de los sistemas de inteligencia y seguridad argentinos” que de otros países y “el acceso a expedientes judiciales resultó conflictivo”. Relata que armó dos equipos para procesar “la masa documental” (uno focalizado en la reconstrucción del atentado otro en el encubrimiento). Pero “todo el volumen informativo analizado quedó pendiente de la provisión de una herramienta tecnológica que permitiese su entrecruzamiento”. Además, añade, “el Gobierno no autorizó la contratación de especialistas ni expertos en algunos de los temas puntuales de análisis y procesamiento”.
Sobre el final, se encadenan afirmaciones que abarcan la actuación del aparato judicial y del propio Gobierno: “La actuación del Estado argentino en la investigación está lejos de ser eficaz y efectiva. Todo lo contrario (...) los cientos de vidas destruidas en AMIA no han logrado conmover la indiferencia del Estado, que lejos de investigar y castigar se ha regodeado en una evidente convivencia delictual, hasta extremos promiscuos (...) el análisis de las maniobras de encubrimiento, que adquirieron una dimensión desmesurada, sostiene la hipótesis que se obstruyó la investigación sobre el mecanismo del atentado para proteger y mantener oculto un profuso sustrato de corrupción y sus múltiples relaciones locales”. Y sobre esto último, se desprende del texto, el gobierno de Macri estaría edificando un nuevo encubrimiento.