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jueves 20 de junio de 2019

Impugnaron la consulta popular de Lifschitz

Impugnaron la consulta popular de Lifschitz

11/02/19 |

El Tribunal Electoral deberá definir sobre la consulta.

Con el patrocinio de Domingo Rondina, Néstor Deschi, apoderado del partido PAIS, impugnó ante el Tribunal Electoral Provincial (TEP) la consulta popular convocada por el Poder Ejecutivo mediante decreto, para que el electorado santafesino se expida a favor o en contra de la reforma de la Constitución. Fue después de la reunión que promoviera la presidenta de dicho organismo, María Angélica Gastaldi, para analizar los alcances de la consulta, tal como informara oportunamente El Litoral. Los apoderados de todos los partidos que asistieron a ese encuentro quedaron “en guardia” puesto que la propia magistrada deslizó dudas acerca de la legalidad de la convocatoria. La misma fue hecha por decreto -no por ley-, ya que la consulta popular no es instituto que esté reglado en el ámbito de la provincia.

Sobre esa base, el escrito presentado por Deschi hace hincapié en que por imperio del artículo 29 de la Constitución provincial “la ley (formal, de Legislatura) es la única que puede darle competencias al Tribunal Electoral” para entender en un operativo eleccionario. “Y ninguna ley -prosigue el escrito- le ha dado competencia para organizar una consulta popular. El decreto, en este caso, pretende asignarle (al TEP]) funciones que la ley no le da, lo cual se da de lleno contra la cláusula constitucional. Especialmente -continúa el texto-, teniendo en cuenta que el plebiscito convocado no es una elección, sino un mecanismo de consulta de la ciudadanía, lo cual no está previsto como actividad posible del Ejecutivo”.

La presentación advierte que “si una ley hubiera organizado el mecanismo de consultas, autorizado al gobernador a convocarla por sí solo (situación excepcional en la normativa comparada), y habilitado al TEP para su organización, otra sería la situación”. “Pero actualmente -se insiste- es totalmente írrito e inconstitucional que se siga adelante con un proceso que significa como mínimo 600 millones de pesos”.

“Vacía”

Otro de los argumentos planteados en la impugnación es que se trata de una consulta “vacía”, tal como ya lo había planteado públicamente el dirigente Diego Giuliano. Para Rondina, “la eventual reforma será sobre temas concretos, por lo tanto esos tópicos deberían estar consignados y expuestos en la convocatoria de la consulta; de lo contrario, sería irregular”.

En tercera instancia, se plantea que “si se admite que el gobernador puede movilizar cuerpos electorales cada vez que quiera (por decreto), podríamos tener elecciones todos los meses; podríamos tener gobernadores que presionen a la Legislatura desconociendo la facultad que tiene los legisladores como tales para actuar. Eso es contrario al espíritu de la Constitución. No se puede convocar a elecciones sin acuerdo legislativo”, describió.

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