Contratos truchos: hoy se discutirán prórrogas de prisiones preventivas
La causa por los contratos truchos de la Legislatura provincial produce novedades permanentemente. Los movimientos son de fondo en la investigación y también discusiones paralelas al caso propiamente dicho. En la indagatoria de ayer, el analista de sistemas Nicolás Beber se abstuvo de declarar.
Por otro lado, para hoy está prevista una audiencia para discutir la continuidad de las prisiones preventivas en el caso de los contadores Ariel Faure y Gustavo Pérez, quienes permanecen en la Unidad Penal N° 1 de Paraná desde los últimos días de noviembre del año pasado.
Para hoy está previsto que se discuta el pedido del Ministerio Público Fiscal (MPF) para que se prorroguen las prisiones preventivas de los contadores Gustavo Pérez y Ariel Faure, dictadas el 22 de noviembre.
La instancia será frente a la jueza Marina Barbagelata. Cabe señalar que Pérez era director administrativo del Servicio Contable del Senado -renunció apenas estallado el escándalo-; y Faure era contratado del Senado, considerado por la Fiscalía como mano derecha de Alfredo Bilbao, uno de los primeros detenidos de la causa. Bilbao fue liberado hace algunos días por la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) junto a Flavia Beckman, Hugo Mena y Esteban Scialócomo.
Pérez y Bilbao integraban uno de los dos estudios contables que habría constituido, según la tesis de Fiscalía, una de las “patas centrales” para desplegar el mecanismo de las contrataciones de la Legislatura. El estudio contable que componían estaba ubicado en un departamento de Avenida Alameda de la Federación 290 de Paraná, y quedó en la mira de los fiscales porque desde allí se habrían gestionado varios contratos y se habrían pagado los monotributos correspondientes a las contrataciones. Para eso, entienden los integrantes del Ministerio Fiscal, se habría utilizado una caja del sistema Entre Ríos Servicios que estaba en el lugar. Cabe señalar que ese estudio fue vaciado unos días antes de que llegue una orden de allanamiento, y ese fue uno de los puntos que sostuvo el pedido de prisiones preventivas, pero fue desatendido por el STJ.
En este marco es que la Fiscalía pedirá que se renueve el plazo de prisión preventiva para Pérez y Faure -dictada en noviembre pasado por 90 días-. Aunque los abogados defensores están pujando por la libertad condicional de sus defendidos, atento que la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia ya revocó una resolución de la Cámara de Casación Penal que convalidaba las prisiones preventivas de Bilbao, Scialócomo y Beckman, publicó Análisis Digital.
Nueva indagatoria
En cuanto a la investigación de fondo, desde que reiniciaron las actividades normales en el Poder Judicial la causa continuó a toda marcha. Incluso se dejó saber que una fecha probable de elevación a juicio sería marzo. Por eso en las últimas semanas hubo nuevas indagatorias e imputaciones.
Por la Fiscalía pasó el director del Servicio Administrativo Contable del Senado, Juan Domingo Orabona -un funcionario importante del riñón del gobernador Gustavo Bordet-, y el ex empleado del área, Fabián Lázzaro.
Los dos quedaron imputados al igual que el corredor inmobiliario Renato Mansilla, y el contador Gustavo Falco, ambos vinculados a los estudios contables involucrados. Lo mismo ocurrió con Jorge De Breuil, empleado del Congreso y vinculado al senador nacional Pedro Guillermo Guastavino, registró Análisis Digital.
La instancia de ayer fue una nueva indagatoria. En este caso a Nicolás Beber que al igual que la mayoría de sus consortes de causa, se abstuvo de declarar.
Otra de las instancias que se cumplieron fueron ampliaciones indagatorias: el contador Gustavo Falco tuvo su momento, al igual que el ex director Administrativo de la Cámara de Diputados, Sergio Cardoso.
Una de las discusiones colaterales de la investigación propiamente dicha es la recusación que recibió la Fiscal Anticorrupción, Cecilia Goyeneche. La funcionaria de la Procuración General del STJ está recibiendo una serie de embestidas por parte de los defensores de la causa. Le acusan falta de objetividad para dirigir la investigación, debido al vínculo comercial de su marido con uno de los contadores involucrados en la causa, Pedro Opramolla.
Esta discusión ya tuvo algunas decisiones en la base de la pirámide que supone el Poder Judicial provincial. Las juezas Marina Barbagelata y María Carolina Castagno entendieron que la recusación interpuesta contra Goyeneche debe ser resuelta por su superior jerárquico, es decir, el procurador General de la provincia, Jorge Amílcar Luciano García. Así lo decidieron las dos magistradas haciendo lugar al recurso de reposición interpuesto por la propia fiscal. Mientras, los defensores entienden que la recusación debe ser resuelta por un juez.
El debate sobre este punto continuará en Casación y, en caso de conseguir un nuevo rechazo, los defensores continuarán el reclamo hacia el Superior Tribunal de Justicia.
EN FOCO
Involucrados. Según la Fiscalía, Flavia Marcela Beckman; Esteban Ángel Scialócomo; Hugo Mena; Alfredo Bilbao; Hugo Luna -ya fallecido-; María Victoria Álvarez; Jorge Balladares; Jazmín Mena Gioveni; Fernando Sarnaglia; Macarena Álvarez; Viviana Mena Gioveni; Alejandro Ferreyra; Ariel Faure; Sergio Cardoso; Gustavo Pérez; Juan Domingo Orabona; Juan Pablo Aguilera; y Alejandro Almada -entre otros- serían los responsables, en principio, de poner a andar un mecanismo para sustraer fondos públicos de la Legislatura, a través de contrataciones truchas.
EN FOCO
En prisión preventiva. Todavía están en la cárcel Juan Pablo Aguilera, secretario del bloque de senadores del peronismo y cuñado del ex gobernador Sergio Urribarri; Gustavo Pérez, ex director del Servicio Administrativo Contable de la Cámara de Senadores; Roberto Ariel Faure; y Alejandro Almada, cuñado de Aguilera.