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Diario El Argentinoviernes 29 de marzo de 2024
Policiales

Contratos truchos: Barbagelata prorrogó por 60 días las prisiones preventivas de Faure y Pérez

Contratos truchos: Barbagelata prorrogó por 60 días las prisiones preventivas de Faure y Pérez

La jueza de Garantías Nº 1 de Paraná, Marina Barbagelata, dispuso ayer prorrogar por 60 días las prisiones preventivas de los contadores Ariel Faure y Gustavo Pérez, que se encuentran alojados desde hace tres meses en la Unidad Penal Nº 1 en el marco de la causa en la que se investigan contrataciones irregulares en la Legislatura entrerriana en los últimos 10 años y que involucra a aproximadamente dos mil millones de pesos.

La medida, dispuesta inicialmente por 90 días, vencía ayer y, tras una audiencia en la que las partes expusieron sus posturas, la magistrada decidió por la continuidad de la reclusión de ambos profesionales.

Pérez se desempeñó en los últimos años como director del Servicio Administrativo Contable del Senado, pero renunció apenas iniciada la investigación. Faure, en tanto, es parte de uno de los estudios contables investigados en la causa, publicó Análisis Digital.

Las defensas de ambos vieron la semana pasada rechazadas sus pretensiones de revocar las prisiones preventivas, en un fallo de la Cámara de Casación Penal. Ante ello, acudieron en queja a la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) y están a la espera de la realización de la audiencia correspondiente. Cabe recordar que el 7 de febrero el órgano compuesto por los vocales Daniel Carubia, Claudia Mizawak y Miguel Giorgio dispuso la liberación de cuatro imputados: Hugo Mena Giovenni, Flavia Beckman, Esteban Scialócomo y Alfredo Bilbao.

Los fiscales Ignacio Aramberry y Patricia Yedro pidieron que se extiendan por 60 días las prisiones preventivas de Ariel Faure y Gustavo Pérez en la causa de los contratos truchos. “Subsisten las razones por las cuales se otorgó la medida”, dijo Aramberry al iniciar la audiencia de ayer. Luego, el fiscal marcó “la gravedad de conductas desarrolladas por los imputados”, y mencionó “riesgo procesal” por “la mecánica del ilícito cometido, la posición dentro de organización de los imputados y vínculos que crearon en el derrotero delictivo”. “Los niveles de alarma no mermaron con el transcurso de la investigación”, señaló y solicitó que “los testigos lleguen incólumes al juicio”, publicó Análisis Digital.

Para fundamentar los pedidos, Aramberry dijo que tanto Pérez como Faure tuvieron “un papel preponderante”. “Pérez era funcionario público, organizador y diagramador de la sustracción y actor determinante a la hora de ocultar evidencia. Hace tiempo que se desempeña en Servicio Administrativo de la Cámara de Senadores, y estaba encargado de contratos de locación de obra. Fue subdirector y director”, aseguró.

Sobre mails y otras cuestiones precisas de las conductas se explayó la fiscal Yedro. En cuanto al rol de Pérez señaló que envió mails y documentación que luego fue “secuestrada y exhibida en audiencias”. “En 2012 hay un correo donde Pérez gestiona una lista de contratados de senadores y contratos de diputados, además de los contratos repetidos en las dos cámaras”. Habló de “valores éticos y morales” del imputado que “apenas ascendió en el Senado pensó cómo seguir sustrayendo fondos públicos”, por eso invocó “falta de probidad y transparencia en manejo de dinero público”.

Yedro dijo que hay “riesgos de entorpecimiento” y que efectivamente se concretaron cuando comenzaron los allanamientos en el marco de la investigación. “Hay una comunicación entre Pérez y Mena Giovenni de esos días sobre un allanamiento y se pregunta si revisaron el galpón”.

“La Investigación Penal Preparatoria se desarrolla en tiempo real, hay personas que siguen en la función pública y están involucrados en esta maniobra. No sólo decimos que intervinieron en la investigación, sino que lo hacen a través de interpósitas personas”, deslizó el fiscal.

Por su parte, los abogados defensores argumentaron que no se puede “desconocer lo que dijo la Sala Penal con otros coimputados. Ese es un fallo que la Fiscalía no recurrió. El Superior Tribunal desechó las prisiones preventivas por estar asentadas en invocaciones genéricas, sin especificar hechos concretos y la subsistencia de ese riesgo, con el mismo fundamento de la complejidad de la causa que utilizó la Fiscalía para pedir las medidas restrictivas”.

Así, sostuvieron que “estamos frente a una materia de corte constitucional, ante cláusulas de convenciones constitucionalizadas, y si se suma un fallo que acepte la prórroga, iría en contra de decisión de Sala Penal del STJ”. Por eso hicieron reserva del caso federal.

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