Gualeguaychú | Entre Ríos | Argentina
martes 21 de mayo de 2019

Un pequeño paso

14/03/19 |

El anuncio del Consejo de la Magistratura que puso en vigencia el Impuesto a las Ganancias para jueces, funcionarios y empleados del Poder Judicial es una noticia importante, que la semana pasada tal vez no tuvo la repercusión que merecía.

Podría parafrasearse al primer astronauta que pisó la Luna: “Un paso pequeño para el hombre, un gran salto para la humanidad”. Los efectos de esta decisión largamente postergada serán percibidos por los argentinos de una generación venidera.

Ello si alguien de la siempre cohesionada corporación judicial no decide apelar al conocido artilugio de trabar la aplicación del protocolo, como ya se hizo alguna vez. Fue la mismísima Corte Suprema de Justicia de la Nación la que se autoexcluyó del pago del tributo mediante una acordada histórica, tanto por antiética como por inusualmente rigurosa y apresurada.

La ocasión no amerita gasto alguno en cotillón celebratorio: la aplicación de la ley 27.346 sólo alcanza a quienes hayan sido designados en funciones del Poder Judicial después de 2017, con lo que el 98 por ciento de la corporación respectiva seguirá gozando de emolumentos formidables –que deben garantizarles una vida digna y a salvo de las tentaciones de este mundo–, salarios que rara vez encuentran una condigna dedicación y eficiencia. Y la exigible probidad.

Es el Consejo de la Magistratura el que controla el Poder Judicial y debe velar por su cabal funcionamiento. También es el primer escollo para que la Argentina tenga una Justicia digna de sus necesidades y merecedora del enorme presupuesto que consume, y que sale de los bolsillos del resto de los ciudadanos que sí pagan tributos.

Como otros organismos de control del país, el Consejo de la Magistratura no funciona, entretenido en las ínfimas reyertas de la política de cabotaje. Tampoco funcionan los organismos de enjuiciamiento de magistrados en las provincias, salvo contadísimas excepciones.

Lo del Impuesto a las Ganancias no es un dato menor: el tributo que considera al salario como renta grava a trabajadores de todo rango, que muy lejos están de percibir los haberes de nuestros jueces y funcionarios, y no gozan de la prerrogativa de ampararse en los vericuetos de la Justicia para defender privilegios harto discutibles. Eso es lo que torna a esta asimetría remunerativa en una de las más odiosas en un país ducho en injusticias. Y en pactos corporativos.

Para no ser definitivamente pesimistas, deberíamos concluir que hemos dado un paso adelante mientras, como de costumbre, retrocedíamos. Nuestros jueces actuales están muy bien remunerados y nuestros futuros jueces pagarán el Impuesto a las Ganancias. Sólo nos resta conseguir una Justicia creíble.

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