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Diario El Argentinojueves 25 de abril de 2024
Policiales

Contratos truchos: De Breuil aplazó su declaración para el miércoles 3 de julio

Contratos truchos: De Breuil aplazó su  declaración para el miércoles 3 de julio

La primera vez que traspasó la puerta del Ministerio Público Fiscal, en calle Santa Fe 290 de Paraná, ocurrió el 9 de febrero. Pero esa primera vez, Jorge de Breuil se negó a brindar declaración ante los representantes de la Procuración que avanzaban con la ahora mega causa de los contratos truchos en la Legislatura, un caso que tiene a 32 personas imputadas y una estimación de pérdida por más de dos mil millones de pesos p


La segunda oportunidad para De Breuil fue el pasado miércoles 19, a las 9:30. Ese día había cambiado de parecer, y de abstenerse en un primer momento, ahora, a través de su abogado, Miguel Ángel Cullen, pidió declarar ante los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry.

Pero, ese trámite naufragó: el abogado de De Breuil estaba ese día, el 19 de junio, en Gualeguay, en el juicio a la monja carmelita Luisa Toledo que está siendo juzgada por el delito de privación ilegítima de la libertad por hechos que ocurrieron en el carmelo de Nogoyá y por eso pidió un aplazamiento de la audiencia.

La tercera vez será ahora el miércoles 3 de julio, a las 9:30, consignó el portal Entre Ríos Ahora.

De Breuil es empleado en el Senado entrerriano, allegado del senador nacional y ex vicegobernador Pedro Guillermo Guastavino y señalado como su mano derecha. En la Justicia lo consideran una pieza clave en el armado de la logística de recaudación a través de los contratos truchos junto con el contador Gustavo Pérez (ex director del Servicio Administrativo Contable del Senado), y Alfredo Bilbao.

De Breuil formó junto a Alfredo Bilbao y a Gustavo Pérez un grupo inversor denominado “G 3”, según datos que surgen desde la Fiscalía.

Según el Ministerio Público Fiscal, en la investigación por los contratos truchos legislativos se estableció la relación de negocios entre Alfredo Bilbao (contratado en el Senado Nacional por el senador Pedro Guillermo Guastavino); el ex jefe del Servicio Administrativo Contable del Senado, Gustavo Hernán Pérez, y el empleado del Senado entrerriano, Jorge De Breuil, también contratado por Guastavino (PJ-Entre Ríos) en el Senado Nacional.

Bilbao se encargaba de “participar del neto de las ganancias ilícitas” a Pérez y De Breuil y aplicaron el dinero sustraído “para disimular su origen ilícito, en diferentes inversiones inmobiliarias y agrícola – ganaderas”, reveló Análisis Digital.

En diciembre de 2005, De Breuil creó la empresa La Roca SRL, junto al ex funcionario del Senado y actual intendente de Seguí, Álvaro Cristian Treppo, para el desarrollo de negocios de turismo y combustible, entre otros aspectos. Los socios pasaron a ser los hermanos Gonzalo y Hugo Alcalá, provenientes de una conocida familia de Hernandarias cuyo padre, al fallecer, dejó una importante herencia.

En 2008, De Breuil y Guastavino crearon la empresa Baco Inversiones SA, como constructora, inmobiliaria e inversiones. Guastavino ya había asumido como senador nacional y De Breuil quedó en planta permanente del Senado entrerriano. Un año después, De Breuil sumó Sandebus Inversiones, dedicada al mismo rubro que la firma anterior. Según la Justicia, en enero de 2008 comenzó a desarrollarse el sistema de contratos truchos, que arrancaron en un número de 100, aproximadamente. En 2012, a dicha firma se sumó el contador Gustavo Hernán Pérez y quedó como presidente.

También en 2012 se generó la sociedad Las Nazarenas SA. Los socios son De Breuil, el contador Pérez y Hugo Alcalá. La firma tiene un objeto agropecuario, pero también turístico.

Todo indica, reveló Análisis Digital, que Bilbao, Pérez y De Breuil desarrollaron varios negocios en forma conjunta que podrían estar vinculados a dineros provenientes de la Legislatura. Además de las empresas mencionadas, generaron un fideicomiso en calle Alsina al 800, donde realizaron varios departamentos. Disponen de un terreno importante sobre la ruta 12 –a escasos metros de un conocido y clásico restaurante cercano al Parque Industrial de Paraná- y hubo una fuerte inversión en Villa Libertador San Martín.

La estrategia

Para entender qué lugar en la estructura de la operación de los contratos truchos le adjudició el Ministerio Público Fiscal a De Breuil hay que releer la apertura de la causa, formulada en octubre pasado.

Allí se indicó que entre enero de 2008 y septiembre de 2018, Flavia Beckman (contratada en el Senado Nacional por Guastavino), Hugo Mena, Hugo Luna (ya fallecido), Esteban Scialócomo (contratado por Guastavino en el Senado Nacional), María Victoria Álvarez (contratada en el Senado Nacional por Guastavino), Jorge Balladares, Jazmín Mena Gioveni (contratada en el Senado Nacional por Guastavino), Fernando Sarnaglia, Macarena Álvarez, Viviana Mena Gioveni, Alejandro Ferreyra, Alfredo Bilbao, Roberto Faure (contratado en el Senado Nacional por Guastavino), Sergio Cardoso, Gustavo Pérez, Juan Domingo Orabona “y otras personas con funciones públicas aún no identificadas tomaron parte en una organización que se ocupaba de sustraer dinero del patrimonio de la Legislatura provincial”.

El mecanismo descripto incluía “la realización de contrataciones de obra en nombre de ambas Cámaras (Diputados y Senadores), con personas que no realizaban ninguna prestación a favor del Estado, y percibían una ínfima parte de los honorarios pactados, quedando el resto de ellos en poder de la organización”. Según los fiscales, la actividad comenzó en el ámbito del Senado en enero de 2008 con unos cien contratos aproximadamente, por un promedio de 4.500 pesos cada uno. El esquema continuó hasta la fecha en que los hechos salieron a la luz, el 20 de septiembre de 2018, “con un constante ascenso del número y monto de las contrataciones, hasta alcanzar la suma de 50 mil pesos” por contrato, consignó el portal Entre Ríos Ahora.

En la Cámara de Diputados, en tanto, “la sustracción se habría iniciado luego del 11 de diciembre de 2011”, con contratos de cinco mil pesos cuyos montos se fueron incrementado también hasta 50 mil pesos.

“Entre ambas Cámaras se llegaron a suscribir contratos de obra con, al menos, 350 personas. Los contratos eran firmados, en general, sin que los contratistas conocieran al funcionario legislativo que lo suscribiría en nombre del Estado y en el domicilio particular o comercial de Flavia Beckman y Hugo Mena”, dice el escrito de la Procuración.

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