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martes 16 de julio de 2019

Martín Carbonell: “El juicio por jurados es una forma de acercar la ciudadanía a la toma de las decisiones judiciales”

Martín Carbonell: “El juicio por jurados es una forma de acercar la ciudadanía a la toma de las decisiones judiciales”

11/07/19 |

Martín Francisco Carbonell es el último magistrado en incorporarse al Superior Tribunal de Justicia (STJ), a los 56 años y a tres décadas y poco de haber ingresado al Poder Judicial.

Carbonell proviene de Concordia; asumió interinamente el 4 de octubre de 2018 y juró en forma definitiva el 26 de diciembre. Antes fue fiscal de Feliciano, entre 1986 y 1994; juez de Instrucción de Concordia, entre 1994 y 2009; e integrante de un Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concordia, desde 2009, primero en forma interina y luego por concurso ante el Consejo de la Magistratura.

En una entrevista con el programa “5 Esquinas”, que se emite por Radio Costa Paraná y publicada también en el portal de internet “Página Judicial”, Carbonell abordó una variedad de temas, algunos de los cuales están en la agenda pública y otros que merecen un interés de la comunidad: el sistema acusatorio, el juicio por jurados, la mala imagen que la sociedad tiene de los jueces, el debate sobre el pago de impuesto a las ganancias, el funcionamiento del Consejo de la Magistratura y la permanencia de los jueces en sus cargos en forma vitalicia, entre otros asuntos.

–En septiembre se cumplen diez años de la vigencia del Código Procesal Penal en Concordia, que después se aplicó por etapas en el resto de la provincia. ¿Cómo evalúa la aplicación del sistema acusatorio?

–El sistema acusatorio y adversarial es superador del anterior procedimiento penal mixto que regía en la provincia, básicamente, porque se decía que los jueces de Instrucción no podían investigar y juzgar al mismo tiempo, esa era una de las mayores críticas al sistema donde los roles no estaban bien diferenciados. Este sistema hace que el fiscal sea fiscal, que el defensor sea defensor y que el juez de Garantías haga de moderador y resuelva los distintos conflictos entre la defensa y la fiscalía, aplicando el respeto por las garantías constitucionales, por eso se llama juez de Garantías.

–Sin embargo, hay críticas al funcionamiento del nuevo sistema, principalmente, de parte de quienes ejercen tareas de defensa, porque dicen que se les ha dado mucho poder a los fiscales y exigen un mayor protagonismo a los jueces de Garantías.

–El sistema es nuevo; hay que ir revisándolo y readecuándolo. Cuando empezó se decía que la implementación progresiva necesariamente tenía que ir acompañada de una constante revisión, justamente porque nadie conocía cómo era el funcionamiento. En la teoría está bárbaro, hay igualdad de armas, pero el monitoreo del funcionamiento del sistema era una de las patas necesarias para ir mejorándolo y no caer en lo que se está criticando, que es el hecho de que la fiscalía tiene mucho poder y la defensa tiene poco margen de actuación. El sistema le otorga mucho protagonismo a la fiscalía, pero hay que saber manejarla y hay funcionarios que deben poner un freno.

–¿Qué significó la creación del Consejo de la Magistratura?

–Vino aponer un poco de freno a la arbitrariedad de pretender imponer un nombre para un cargo en la Justicia a quien tiene el poder. Participé en concursos y son bravos; también fui consejero y sé que se hace un trabajo a conciencia y casi artesanal porque los consejeros son ad-honorem y los jurados técnicos tampoco cobran, salvo aquellos que vienen de afuera y perciben algún viático. Los únicos que cobran un sueldo son los empleados. Por eso hay que rescatar a este Consejo de la Magistratura y habría que dotarlo de mayores recursos y personal para que los concursos sean más ágiles, porque otra cosa que atenta contra los concursos es la prolongación en el tiempo.

–¿Cuál es el nivel de formación que tienen los operadores judiciales, tanto magistrados y funcionarios como el resto de los operadores?

–Creo que es bueno el nivel. Dentro del Poder Judicial hay muchos que ingresan como empleados y son abogados, lo que va jerarquizando la función administrativa. Pero se nota la diferencia entre Paraná y el resto de la provincia en la capacitación de magistrados, funcionarios y empleados porque para quienes están en otros lugares es mucho más dificultosa. Ahora se está tratando de equiparar a través de los sistemas de videoconferencia y streaming, de manera que para capacitarse no haya que viajar tres, cuatro o cinco horas a Santa Fe, Rosario o Buenos Aires. Eso iguala para arriba. Pero creo que la capacitación es buena, no sé si el Poder Judicial de Entre Ríos será de los mejores, pero hay buena gente trabajando, muy comprometida y muy capacitada.

–¿Tiene postura sobre el juicio por jurados?

–Creo que es una de forma de acercar la participación ciudadana en la toma de las decisiones judiciales, una forma de integrar la tarea judicial con la ciudadanía, y eso está bueno no solo para el Poder Judicial sino también para la sociedad.

–Hay una discusión sobre si los cargos en la Justicia deben ser vitalicios. Hay quienes plantean, por ejemplo, que los cargos al menos tengan que ser revalidados cada cierto tiempo, como ocurre con los docentes universitarios. ¿Qué opina de eso?

–Para eso también hay una cláusula constitucional que dice que los magistrados y funcionarios judiciales son inamovibles de sus cargos mientras dure su buena conducta. En todo caso, existen mecanismos constitucionales para la remoción de un juez como el jury de enjuiciamiento o el juicio político. De todas maneras, no sé si está en la cultura argentina ese tipo de mecanismos de reválida; me da la impresión de que no es un pensamiento que esté metido en el seno de la sociedad como para que se lleve a la práctica. Además, me parece que el carácter vitalicio de los cargos judiciales tiene que ver con la separación de poderes en el sistema constitucional: el Poder Ejecutivo se va renovando cada cuatro años, la Legislatura también; y el Poder Judicial queda suspendido en el tiempo y no sujeto a estas variaciones políticas porque debería funcionar como un resguardo para la continuidad del Estado de Derecho. Pero no tengo una opinión formada sobre la conveniencia o no de la reválida; habría que estudiarlo un poco.

–¿A qué atribuye la mala imagen que la sociedad tiene del Poder Judicial?

–Hay que hacer una separación de lo que sale todos los días en todos los medios sobre lo que ocurre en los tribunales de Comodoro Py, las causas que hay contra los jueces y la percepción de que los jueces hablan con una parte y persiguen a la otra. Todo eso no se da en Entre Ríos: no hay ningún juez que esté siendo investigado por enriquecimiento ilícito o por casos de corrupción; entonces en las encuestas de satisfacción de la gente sobre la actuación del Poder Judicial debería diferenciarse a qué Justicia se refiere, si a la que sale todos los días en los diarios o la que está en su pueblo y trata de solucionar problemas.

–Sin embargo, en Entre Ríos hay una causa que involucra de lleno al poder político, que es la causa de los contratos truchos, y la percepción es que van a condenar a perejiles y no los responsables políticos de este escándalo. ¿Qué le pasa cuando escucha eso?

–En principio, tenemos que esperar a que se hagan los juicios, y después quedará en manos del Ministerio Público Fiscal avanzar si se vislumbran más responsabilidades penales. Pero hay que esperar un tiempo más hasta que salgan las primeras resoluciones judiciales firmes, porque hasta ahora hay una investigación penal preparatoria con un fiscal que está recolectando toda la prueba para ir a un juicio oral.

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